La remolacha, «cultivo de riesgo» después de dos buenas campañas

El péndulo de las vacas gordas y las vacas flacas, aquel que relataba el sueño del faraón casi 2.000 años antes de Cristo, parece no abandonar nunca a agricultores y ganaderos. A años de abundancia siguen los de sequía, y a periodos de mercado favorables le siguen otros ruinosos. Es lo que pasa ahora con la remolacha. Después de dos buenos ejercicios, que hicieron repuntar las hectáreas de raíz cultivada casi un 25% la pasada campaña hasta las 31.363, amenaza ahora un año adverso, con el hundimiento de precios del azúcar en el mercado internacional.

Este hundimiento de precios está sirviendo de excusa a la industria –en concreto a AB Azucarera, la filial española de la inglesa British Sugar– a ofrecer precios «irrisorios» a los agricultores, muchos de los cuales se están pasando a la cooperativa Acor que, aunque mantiene un precio de salida por debajo del año anterior –con un mínimo garantizado de 55 euros frente a los 61 de la última campaña–, hace el esfuerzo de garantizarle al agricultor que su explotación sea rentable. En cualquier caso, los agricultores están empezando a considerar el cultivo de la remolacha, como tantas veces han calificado a la patata, un «cultivo de riesgo», al menos de cara a la inminente campaña.

Por otro lado, las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) piden al unísono a la Administración que, atendiendo a las circunstancias del mercado, permitan que los agricultores cambien de cultivo sin que se les penalice con perder la ayuda medioambiental, una subvención vinculada a continuar con la remolacha durante cinco años.

«Desde Asaja nos hemos dirigido a la Consejería de Agricultura para que permita a los agricultores que se acogieron al programa agroambiental del sector remolachero que puedan renunciar a él sin penalización, o que se les permita el no sembrar sin que tengan penalización de las ayudas percibidas hasta ahora» explica, en respuesta a este periódico, el presidente de Asaja Castilla yLeón, Donaciano Dujo.

«El motivo es que Azucarera está anunciando a los remolacheros una bajada de los precios dramática con la cual, primero, no cumple la Ley de la Cadena Alimentaria, porque los costes son mayores que el valor de la producción y, segundo, creemos que en la situación que se encuentra, al ser la única industria que compra remolacha en Castilla y León –porque lo otro es una cooperativa que no tiene nada que ver–, tiene una actitud de soberbia y prepotencia y de humillación a los agricultores».

Con el objetivo de que los agricultores «tengan libertad» y puedan sembrar o no sembrar, «les tiene que permitir la Consejería renunciar al programa agroambiental sin tener penalización. Esa es la propuesta que desde Asaja hemos hecho a la Consejería para que no se ría Azucarera de los remolacheros de Castilla y León y les pague dignamente el precio de la remolacha si quiere tener este cultivo», concluye Dujo.

Días antes, Asaja había denunciado que Azucarera se sirve de los compromisos agroambientales para bajar el precio de la remolacha: «La empresa AB Azucarera está ofreciendo a los cultivadores de remolacha condiciones de contratación para la próxima campaña 2025/2026 con rebajas en el precio en torno al 25% respecto a la anterior, aprovechándose de los contratos agroambientales plurianuales. Estos precios no se justifican por las condiciones del mercado y suponen una venta a pérdidas prohibida por ley. Por ello, hemos pedido a la Junta que permita la rescisión de los compromisos sin penalización por dejar el cultivo de la remolacha», planteó la Opa.

Y es que, según la entidad, «la empresa AB Azucarera compra en un régimen de monopolio para la parte del sector que no es cooperativista y, por tanto, al agricultor carece de una empresa alternativa con la que poder negociar. Por ello, se está aprovechando de un sector remolachero que le va a sembrar remolacha «sí o sí» debido a que tiene contrato con la Junta de Castilla y León para cobrar la ayuda agroambiental del Plan Estratégico de la PAC, que le vincula durante cinco campañas».

ROTACIÓN

De otra parte, «otros muchos remolacheros también se ven obligados a este cultivo, aun a precios ruinosos, como opción para cumplir con la rotación y la diversificación de cultivos que impone la PAC». La rentabilidad depende así absolutamente de las ayudas agroambientales (500 euros por hectárea) y de la ayuda asociada (400-500 euros por hectárea), ambas de la PAC. Además, «las condiciones impuestas por la industria Azucarera son muy distintas a las que había en 2023, cuando se firmaron los contratos agroambientales con la Junta», argumenta la Opa.

Debido a esta «modificación unilateral adoptada por AB Azucarera», desde Asaja Castilla y León han solicitado a la Administración autonómica que tales cambios sustanciales del contrato que cubre la producción de remolacha «se consideren causa de fuerza mayor, y permita a los remolacheros rescindir el contrato agroambiental de la remolacha sin penalización por incumplirlo en los tres ejercicios pendientes».

Si la petición no fuera atendida, «Asaja considerará que la Consejería elude sus responsabilidades con los remolacheros y se doblega ante la estrategia de Azucarera de arruinar a nuestros agricultores», concluye la entidad.

Según el departamento técnico de Asaja, la campaña 2023/2024 en la zona norte tuvo una duración de 221 días, alargándose desde el día 3 de octubre de 2023, cuando empezó la recepción en Toro hasta mayo con el cierre de La Bañeza. Se recogieron 2.377.401 toneladas de remolacha líquida en la zona norte, que equivalen a 2.308.985 toneladas de remolacha estandarizada.

Productivamente se contabilizó de media en torno a 88,54 toneladas líquidas por hectárea con una riqueza media de 15,59º polarimétricos, disminuyendo la productividad respecto al periodo anterior y bajando también la riqueza 1,54 puntos. En remolacha estándar se obtuvieron 85,99 toneladas tipo por hectárea, 8,80 toneladas por debajo de la campaña anterior.

Respecto a la pasada campaña 2024/2025, la superficie contratada en la zona norte ascendió a 35.640 hectáreas, el 88% en Castilla y León (31.363 hectáreas). El aumento de 8.790 hectáreas sembradas más en la Comunidad supuso una subida del 24,66% respecto al período anterior y comparado con la superficie autonómica de la última campaña ‘normal’, en 2018, supuso un aumento de superficie del 22,44%.

Se rompió así la tendencia de bajada interanual de superficie. Esta subida, pese al aumento de los costes de producción que «aun respaldados por las ayudas directas que se han concedido no son suficientes», señala la organización, se debió a la subida de los precios de la remolacha pagados por la industria.

Por su parte, la Alianza Upa-Coag también reclama a la Junta de Castilla y León «que no se penalice a los productores sujetos a contrato agroambiental a sembrar remolacha esta campaña 2025/2026 ante los precios ruinosos que han ofrecido las industrias y que hacen inviable la producción de la misma».

La Opa explica, en un comunicado, que el contrato agroambiental plurianual de remolacha, conocido en la Comunidad Autónoma como el de Cultivos Agroindustriales Sostenibles, obliga por ley a los productores que así se acogen a él a la siembra de remolacha durante cinco años, «pero las circunstancias excepcionales de esta campaña, con precios mundiales bajos del azúcar, convierten su siembra esta campaña en una ruina para los remolacheros».

EXCEPCIONALIDAD

Por este motivo, la Alianza Upa-Coag pide a la Junta de Castilla y León que actúe y que «permita de forma excepcional el no cumplimiento de los compromisos, y por lo tanto que la no siembra en las campañas pendientes del contrato no acarree incumplimiento alguno para el agricultor».

La organización agraria recuerda además que según la Ley actual «a día de hoy no está permitido que los agricultores perciban un precio por parte del comprador por debajo del coste de producción, y la oferta que Azucarera han planteado a los cultivadores lo estaría incumpliendo. Si se atenta contra la Ley de la Cadena Alimentaria, la Alianza Upa-Coag analizaría emprender las pertinentes medidas legales al respecto», asegura.

«Entendemos que por la excepcionalidad de los bajos precios del azúcar mundial, vinculados directamente a lo que percibirá el remolachero de nuestra región, no puede obligarse al cultivador en una campaña como esta, ruinosa económicamente hablando, a cumplir el contrato con la Junta de Castilla y León para cobrar la agroambiental», añade la entidad.

En este marco, la Alianza Upa-Coag hace un «llamamiento a la responsabilidad de la industria Azucarera de la región, y a la propia Junta de Castilla y León, para que se sienten y aborden el tema con la destreza que la situación requiere, permitiendo a los remolacheros incumplir el requisito de siembra del contrato agroambiental o sacando una línea de ayuda adicional para que los agricultores sigan sembrando». En todo caso, reclama que se busque «una solución en unas fechas en las que en breve hay que decidir, o no, la siembra de este cultivo en nuestra región».

De parecida opinión es el coordinador de Unión de Campesinos de Castilla yLeón (UCCL), Jesús Manuel González Palacín: «Nosotros estamos pidiendo que no se penalice a la gente que no pueda cumplir este año, porque a esos precios, la verdad es que te estás pillando los dedos», opina. «Sí, tendremos que analizar la situación, pues el panorama es complicado, con muy poca apetencia de sembrar remolacha».

«Habrá gente que siembre remolacha porque le cuadren las rotaciones y porque espere tener la mayor parte de los ingresos en otro sitio, pero los remolacheros puros, como había antes, que vivían de la remolacha, no. Hay remolacheros ocasionales, que les cuadra por rotaciones o por otra serie de cosas, que siembren remolacha, que no van a ganar prácticamente nada, pero que les coincide en el tema de rotaciones, y en la forma cómo tienen organizada ellos la explotación.

También hay una parte de remolacheros que son vocacionales, que lo han sembrado toda la vida y que este año toca no ganar tanto o estar casi a pré, pero ellos siguen más por la inercia que por haber echado las cuentas, porque con los precios que están ofreciendo no merece mucho la pena».

OPACIDAD

También achaca UCCL gran parte del problema a la baja oferta de precios de AB Azucarera a los agricultores: «Hay una opacidad total y absoluta en Azucarera. Está ofreciendo, depende de los remolacheros, depende de cada uno, a cada uno una cosa, por lo que nos está llegando. Creemos que no es nada serio y creemos que es una política que no es buena para el futuro de la remolacha. Hay que ser claros, hay que salir con un precio, decirlo claramente y ya está», apostilla.

Ajuicio de González Palacín, no hay «ninguna duda de que la superficie cultivada de remolacha va a bajar en esta campaña, una bajada importante». El coordinador de UCCLrecomienda a los agricultores que estén «muy atentos a los contratos», que «hagan sus cuentas» y que hagan «su plan de rotaciones y si le cuadra bien, y si no, hay otras alternativas», concluye.

En este contexto la cooperativa Acor, que ha mantenido una oferta de precios suficiente como para garantizar la rentabilidad del cultivo, está recibiendo una avalancha de agricultores que antes vendían a AB Azucarera y ahora quieren hacerlo con la cooperativa que tiene su sede en el municipio vallisoletano de Olmedo.

Bien es cierto que Acor ha rebajado su mínimo garantizado desde los 61 euros la tonelada de la campaña anterior, a 55, pero esto supone un 9,8% «cuando el precio del azúcar ha bajado en el mercado un 40%», señalan fuentes de la entidad. «La cooperativa tiene pulmón suficiente para aguantar una circunstancia adversa del mercado esta campaña y darle al agricultor un precio que haga rentable el cultivo».

La campaña de contratación permanece abierta en Acor hasta el próximo 30 de abril, y se mantiene el adelanto de 2.000 euros por hectárea, sin coste financiero, a todos los socios que lo soliciten, un adelanto que recibirán «en el momento que el cultivo esté implantado y sea viable», apuntan las mismas fuentes.

Eso sí, la molturadora de Olmedo sigue marcándose un límite de capacidad, que se corresponde con su rentabilidad óptima. Es un límite que ronda las 15.000 hectáreas. En la pasada campaña contrató 12.154. El consejo rector de la entidad dará prioridad a los que ya son socios de la cooperativa y han trabajado con ella en campañas anteriores frente a las solicitudes nuevas, en el caso de que su límite de rentabilidad se sobrepase.