Mensaje claro contra el argot administrativo

Hay documentos administrativos que son como un gran escalón: una barrera insalvable, un obstáculo que hace inaccesible el mensaje. A veces por el formato (letra enana, colorinches, fuentes indescifrables). En otras ocasiones por el argot burocrático o una redacción enrevesada. Se trata, en todo caso, de una discriminación. Por eso el Procurador del Común reclama a las administraciones públicas que adapten sus comunicaciones y formularios a un lenguaje claro y sencillo. Que desplieguen una rampa de mensajes comprensibles para cualquier persona. Porque el derecho de los ciudadanos a entender la información conlleva «el deber de las instituciones de expresarse de forma inteligible».

Así lo expresa Tomás Quintana en una resolución dirigida a a siete diputaciones y a nueve grandes ayuntamientos de Castilla y León. A todos ellos los emplaza a cambiar su cultura interna como otras instituciones llevan ya años haciendo.

Tras realizar una investigación de oficio, ha enviado la misma petición de mejora a los ayuntamientos de Ávila, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora, Ponferrada y Aranda de Duero. Y a las diputaciones de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid.

Al «no constar» que lo estén haciendo, les pide que diseñen un plan con herramientas y pautas para garantizar la lectura fácil de sus documentos tomando como guía los criterios ya establecidos por la Federación Española de Municipios y Provincias.

También propone que revisen todos sus impresos para identificar aquellos «susceptibles de ser adaptados a criterios de lectura fácil y lenguaje claro, así como a «impartir formación precisa a sus trabajadores en materia de accesibilidad cognitiva, lenguaje claro y lectura fácil». El objetivo, «garantizar el derecho de la ciudadanía, sin exclusiones, a entender en igualdad de condiciones, a aumentar su confianza en la administración y a evitar la frustración ante documentos de difícil comprensión o lectura».

Frente a esas administraciones con margen de mejora, pone como ejemplo a otras. Pionero fue el Ayuntamiento de Madrid –lanzó un primer manual en 2007 y luego en 2017 una ‘Guía práctica de la comunicación clara’–, que «ha liderado una transformación en la cultura comunicativa municipal». Cita también los de Bilbao, Vitoria, Córdoba y Toledo.

Dentro de Castilla y León, destaca las buenas prácticas de los ayuntamientos de Valladolid, Medina del Campo, San Andrés del Rabanedo, Miranda de Ebro y Soria, todos ellos inmersos en planes de mejora o auditorías específicas para mejorar sus comunicaciones. Y, entre las diputaciones, saluda las iniciativas de las de Palencia y Zamora.

El Procurador del Común repasa las leyes en materia de igualdad de oportunidades, transparencia y régimen jurídico del sector público para sostener su resolución. Y, además, recopila varias iniciativas que en los últimos años han proporcionado avances en la materia, como el manual publicado en 2012 por el Ministerio de Sanidad, el Manifiesto Archiletras, un convenio suscrito entre la RAE y el Defensor del Pueblo de España o la creación de una Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico.

Impulsos bienvenidos todos ellos en un panorama que aún admite mejora. Lo constató en 2017 un estudio realizado por el Defensor del Pueblo de España, que reveló que el 43% de los encuestados no comprende el lenguaje administrativo. Análisis posteriores de Prodigioso Volcán constataron también la dificultad de la ciudadanía para entender textos administrativos al reflejar que el 78% percibe que «no son claros».

«El derecho a entender es una exigencia para la calidad administrativa [...] y es muy importante actuar con empatía; ello exige abandonar la comodidad de repetir fórmulas muy implantadas que pueden llevar al ciudadano a renunciar a derechos por incapacidad para entender los trámites que se le notifican».