El Común urge ampliar los autobuses de Buscyl adaptados para personas con discapacidad

El programa Buscyl de la Junta de Castilla y León para ofrecer transporte por carretera gratuito a todas las personas empadronadas en la Comunidad ha recibido una gran acogida por parte de la población, pero aún tiene algún margen de mejora. Así lo considera el Procurador del Común, institución dirigida por Tomás Quintana y que considera que pese a los beneficios que presenta la iniciativa, debe aún evolucionar con el objetivo de ser «utilizable por personas con discapacidad» gracias a la incorporación de más vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

A través de una actuación de oficio, el Procurador del Común de Castilla y León se interesó por la disponibilidad de autobuses adaptados para personas con discapacidad o movilidad reducida en las diferentes líneas de Buscyl, información que solicitó directamente a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta.

En su respuesta, tal y como se recoge en la resolución del Común consultada por este periódico, la Administración autonómica manifestó que «el porcentaje de vehículos actualmente adaptados es del 20% de la flota, con un mínimo de un vehículo (por flota o empresa concesionaria)». Además, avanzó que «dentro de las condiciones que habrán de exigirse en las nuevas concesiones vinculadas al Mapa de Ordenación del Transporte Público, se establecerá como requisito imprescindible que el 100% de los vehículos de todas las flotas estén adaptados, con el objeto de garantizar la movilidad y seguridad de las personas que lo precisen».

Sin embargo, y a pesar de los argumentos ofrecidos por la Junta, desde el Procurador del Común consideran que «la accesibilidad del transporte público no puede ser concebida exclusivamente como una característica técnica del vehículo ni como un elemento adicional de calidad susceptible de implantarse progresivamente en función de consideraciones de oportunidad». «Constituye una condición necesaria para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y participar en la sociedad en condiciones reales y efectivas de igualdad».

Tras hacer alusión a diferente normativa nacional e internacional, incluida la Constitución Española y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Común concluye que «el cumplimiento de un porcentaje determinado de vehículos accesibles dentro de una flota, aun siendo exigible, no garantiza por sí solo la accesibilidad efectiva del servicio». «Una flota puede cumplir formalmente el porcentaje establecido y, sin embargo, resultar materialmente inutilizable para una persona usuaria de silla de ruedas si los vehículos se concentran en determinados trayectos, si no realizan expediciones en una concreta relación de tráfico o si, ante una sustitución o incidencia, el autobús accesible es reemplazado por otro que no permite el embarque».

En otras palabras, lo que la institución encabezada por Tomás Quintana viene a defender es que, sin restar valor a lo que supone contar con autobuses adaptados por parte de las empresas concesionarias del servicio Buscyl, esto no garantiza la accesibilidad universal de las personas con discapacidad si no llegan a todas las líneas y servicios dispuestos.

De hecho, el propio Procurador apostilla que «esta distinción entre porcentaje de flota accesible y accesibilidad real de las expediciones tiene una especial relevancia, pues la información facilitada no permite comprobar si las personas con discapacidad o movilidad reducida disponen, en cada ámbito territorial, de una oferta de transporte accesible real, previsible y suficientemente conocida, ni permite determinar si existen conexiones entre localidades en las cuales el cumplimiento global del porcentaje de vehículos adaptados coexiste con la inexistencia práctica de las expediciones accesibles».

«Tal conclusión adquiere todavía mayor trascendencia», continúa el Procurador del Común, «desde el momento en que la gratuidad implantada mediante ‘Buscyl’ pretende extender a la ciudadanía un beneficio público de carácter general». Por ello, apunta que «la eliminación de la barrera económica que representa el precio del billete constituye indudablemente un avance relevante, pero esa universalización económica del acceso al transporte debe ir acompañada de su accesibilidad funcional».

«De otro modo», continúa la resolución, «las personas que, precisamente por razón de una discapacidad o movilidad reducida, no pueden acceder físicamente a determinados vehículos quedarían privadas de la posibilidad efectiva de beneficiarse de una política pública concebida para el conjunto de la población». «La igualdad real no queda satisfecha porque exista formalmente el mismo título de transporte gratuito para todas las personas. Exige que el servicio asociado a dicho título pueda ser utilizado de manera efectiva y en condiciones equivalentes».

Un 20% «muy escaso»

A la vista de la resolución del Procurador del Común, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y en palabras de su presidente, Francisco Sardón, se muestran «totalmente en línea» con la institución. «En una comunidad como Castilla y León, que tiene una extensión rural enorme, el 20% de la flota de los autobuses adaptados se nos antoja muy escasa», aseguran.

Apunta Sardón, además, que «está dejando sin cubrir a muchas personas que necesitan ese transporte adaptado para venir a las ciudades, hacer gestiones de todo tipo, de salud, económicas, administrativas, etcétera, y que al no poder disponer de transporte público adaptado, tienen que utilizar transporte privado con el sobrecoste que conlleva eso».

«Nosotros instamos», agrega el presidente de Cermi en Castilla y León, «al igual que el Procurador del Común, a que progresivamente se vaya exigiendo a las empresas concesionarias que aumenten su flota de transporte adaptado para, en definitiva, cubrir las necesidades de este tipo de transporte en Castilla y León y que ninguna persona se sienta discriminada por falta de accesibilidad en el transporte público en nuestra Comunidad».

Además, Sardón pone el acento en la importancia que tienen este tipo de servicios de transporte para la independencia de las personas con discapacidad, «porque hay que tener en cuenta que precisamente aquellas personas que no tienen un vehículo propio ni adaptado, dependen de terceras personas porque seguramente su discapacidad o por motivos de edad, no pueden conducir un vehículo».

«Con lo cual», continúa Sardón, «precisamente esa falta de accesibilidad perjudica a las personas que más discapacidad o más dependencia tienen en nuestra Comunidad».

«Creo que tenemos que ser ambiciosos y en los próximos cuatro años conseguir que las empresas concesionarias cumplieran con el 100% de su flota de transporte adaptado, porque además el transporte adaptado es un tipo de transporte que es bueno para todo el mundo», apostilla Francisco Sardón. «No discrimina a nadie, lo pueden utilizar absolutamente todas las personas y, en definitiva, estaríamos cumpliendo con la ley, con el derecho y con el principio de igualdad de oportunidades», remacha.

A la vista de toda su argumentación, y que también comparten desde Cermi, el Procurador del Común realiza hasta cinco recomendaciones a la Junta para mejorar el servicio Buscyl. La primera de ellas es «que se realice y mantenga una comprobación individualizada de las condiciones de accesibilidad de los vehículos adscritos a cada uno de los contratos de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de titularidad o gestión económica».

En segundo lugar, el Común insta a «que, mientras continúe vigente el actual sistema concesional, se adopten las medidas organizativas necesarias para que la existencia de vehículos adaptados se traduzca en una oferta de transporte efectivamente utilizable por las personas con discapacidad o movilidad reducida, mediante una distribución adecuada de estos vehículos entre las diferentes rutas y expediciones».

La tercera recomendación de la institución de Tomás Quintana pasa por «que la información relativa a las condiciones de accesibilidad de cada ruta y expedición se encuentre disponible de manera clara, actualizada y accesible a través de los canales de información y reserva utilizados por el sistema de transporte público de Castilla y León, de forma que las personas con discapacidad o movilidad reducida puedan conocer con carácter previo y con suficiente certeza las posibilidades reales de utilización del servicio».

La cuarta recomendación, por su parte, es «que en los procedimientos de contratación correspondientes al nuevo Mapa de Ordenación del Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León se materialice el compromiso manifestado por esa Administración de exigir que el 100% de los vehículos de las flotas sean accesibles.

Finalmente, Quintana reclama «que se impulse la tramitación de los nuevos contratos derivados del Mapa de Ordenación mediante una programación temporal definida que permita avanzar, sin demoras innecesarias, desde el actual régimen de accesibilidad parcial hacia el modelo de accesibilidad universal anunciado por esa Administración.