Diario de Castilla y León

UPA-Coag cifra en 1.500 millones las pérdidas del cereal y en 12.000 las vacas muertas por la EHE

La Alianza por la Unidad del Campo demanda investigación para lograr semillas resistentes al cambio climático, una reforma del seguro agrario y un plan hidrológico que mejore la regulación de la cuenca del Duero en su balance del año agrario 2023

Los coordinadores de la Alianza UPA-Coag en Castilla y León, Lorenzo Rivera y Aurelio González, presentan el balance del año 2023. ICAL

Los coordinadores de la Alianza UPA-Coag en Castilla y León, Lorenzo Rivera y Aurelio González, presentan el balance del año 2023. ICAL

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Santiago G. del Campo
Valladolid

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La Alianza UPA-Coag cifra en 1.500 millones de euros las pérdidas de los agricultores cerealistas en Castilla y León por causa de la sequía, que dejó en la mitad la cosecha de la Comunidad con solo 3,37 millones de toneladas recogidas. Esas pérdidas engloban también las de las mermadas cosechas de colza y girasol, y suman el perjuicio económico por la acusada bajada de precio del grano, de entre 125 y 130 euros por tonelada en un año. Además la organización  calcula en 12.000 las vacas muertas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) , que junto al 20% de la cabaña afectada por la morbilidad de esta patología causaron pérdidas por 20 millones de euros a los ganaderos. En el otro lado de la moneda, remolacha, patata y otros cultivos hortícolas se anotaron una buena rentabilidad , lo que demuestra que «cuando hay agua [en referencia a los regadíos] y buenos precios, se asegura la supervivencia de las explotaciones», apuntó el coordinador de la Alianza y de Coag Castilla y León, Lorenzo Rivera .

El propio Rivera y el coordinador de la Alianza y de UPA Castilla y León, Aurelio González , hicieron en la mañana de este martes un balance del año agrario 2023 en la Comunidad Autónoma , en el que pusieron de manifiesto tres necesidades claras: inyectar recursos públicos en la investigación de semillas resistentes a la sequía; reformar el seguro agrario para que los costes sean asumibles por los agricultores y no dependan de intereses de compañías privadas, e incrementar la regulación de la cuenca del Duero , con un plan hidrológico que facilite más presas y mejore la gestión de embalses y recursos existentes.

El balance agrario 2023 para el sector primario autonómico «es muy preocupante, con un cambio climático golpeando duramente el campo de Castilla y León , provocando bajos rendimientos, y con costes de producción muy altos en partidas básicas como abonos, fertilizantes, maquinaria, piensos y combustibles», aseguraron los responsables de la Organización Profesional Agraria (Opa). «Es imprescindible reforzar la Ley de Cadena Alimentaria como instrumento vital para la agricultura y la ganadería, protegiendo la supervivencia de las explotaciones familiares agrarias ahora y en el futuro por ser el mejor sistema para alimentar a la sociedad de forma sostenible».

Por otro lado, la Alianza puso en valor «el compromiso de los agricultores y ganaderos de Castilla y León con los cambios impulsados en la nueva Política Agraria Común (PAC) , que nos ha obligado a UPA-Coag a realizar un inmenso trabajo de gestión que ha supuesto la tramitación de las ayudas agrarias en este primer año de aplicación de la reformada PAC».

También quisieron denunciar «la ausencia de interlocución cercana y ágil por parte de la Consejería de Agricultura , así como la negativa, un año más, del presidente de la Junta de Castilla y León a mantener el encuentro anual con las Opas, que era habitual en otros tiempos no tan lejanos». También criticaron la actitud del Gobierno central , ya que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «no ha tenido aún ninguna reunión con las Opas a nivel estatal».

Aurelio González calificó el año de «muy complejo y difícil» debido a las restricciones y la escasez de agua. Solo las zonas de regadío se han salvado por las últimas lluvias de mayo y junio, precipitaciones que no salvaron de la ruina al cereal. También lamentó la incidencia de la EHE, una enfermedad que hasta ahora no había llegado a la península ibérica, pero que «ha venido para quedarse» , aseveró. 

La alta profesionalidad de los agricultores y ganaderos de la Comunidad se ha visto probada de nuevo en este año complicado, según González, ya que «han tenido que hacer frente a un elevado endeudamiento debido a la mala cosecha y la bajada de rendimientos por los costes y los bajos precios de los productos», unos precios en los que denunció la «especulación» de algunas compañías, con costes exageradamente altos en productos como piensos y maquinaria agrícola. Por eso, González hizo una llamada para el «cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria». Una norma que es útil allá donde se aplica puesto que «los productos que tradicionalmente se regulan bajo contrato se están salvando», apuntó.

También puso de manifiesto las consecuencia del cambio climático «aunque algunos sigan negándolo», y pidió más regulación de los recursos hídricos, más presas, apoyos a la investigación y desarrollo de semillas resistentes a los distintos factores. El coordinador de la Alianza y de UPA señaló como complicaciones del año que termina la adaptación de los agentes del campo a la nueva PAC , en la que «más de 60.000 explotaciones agropecuarias han tenido que afrontar normas en algunos casos antieconómicas sin justificación, como la rotación obligatoria del maíz o la obligación de sembrar leguminosas cuando no las hay».

En ese marco, González puso en valor la labor de la Alianza UPA-Coag, que demanda su inclusión en la lista de entidades colaboradoras de la Junta de Castilla y León , «una exigencia que venimos manteniendo desde tiempos de Silvia Clemente», recordó, mientras se mostró esperanzado en que próximamente la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se avenga a esa consideración. Mientras, la Opa continuará su lucha por la mejora de la PAC, afrontando «esas políticas verdes de la Unión Europea que se concibieron antes de las sequías y la situación bélica».

El coordinador autonómico de la Alianza y de UPA advirtió a los políticos de que «si piensan que no va a haber problemas para llenar la despensa, se equivocan», en relación a la posibilidad de una falta de suministro de alimentos si no se toman medidas y si se confía para ello en el mantenimiento de las importaciones. Un suministro que «no está garantizado» y del que no se puede depender en exceso del mercado exterior . En referencia a este asunto, González recordó que el objetivo originario de la Política Agraria Común era, precisamente, garantizar el suministro de alimentos asequibles a los ciudadanos de Europa, un objetivo que no puede condicionarse ahora por otros conservacionistas.

También hizo un llamamiento a la protección de las explotaciones familiares, que cifró en 50.000 en la Comunidad , que tienen «riesgo de desaparecer». Una protección necesaria, con más apoyo económico, porque las explotaciones familiares en el medio rural «somos garantes del mantenimiento del medio natural y cohesionamos el territorio», señaló.

El problema de las cuentas de la Junta de Castilla y León también fue puesto sobre el tapete por UPA-Coag. «Si se prorroga el Presupuesto, los 1.500 millones de euros presupuestados en la Consejería para este ejercicio se quedarán muy cortos», advirtió González. «Hay que incrementarlo como mínimo como Andalucía, que nos duplica el presupuesto». Una consignación económica que tendrá que tener en cuenta una inyección para los seguros agrarios, «que han duplicado su coste desde que entidades privadas entraron el el pool de Agroseguro , que vienen a ganar dinero. Eso hay que cambiarlo», subrayó.

También pidió una normativa para la instalación de grandes plantas de energía fotovoltaica . «Estamos a favor de esta energía, pero no de cualquier manera», dijo. «Si es necesario modificar la Ley de Montes, para que no estén protegidos algunas tierras baldías y sin uso, habrá que hacerlo». Demandó, por otro lado, que la interlocución del Gobierno autonómico se realice «con las organizaciones que representan a los agricultores y ganaderos, las Opas, las que se presentaron a las elecciones agrarias y obtuvieron representatividad». Una interlocución que no se llevó a cabo en las ayudas por la EHE, un asunto que «se ha hecho mal puesto que se acordaron con quien no se debía, en lugar de con las Opas».

Por su parte el coordinador de la Alianza y de Coag Castilla y León, Lorenzo Rivera , hizo hincapié en las pérdidas del cereal y consideró que las ayuda de la PAC, en lugar de cumplir su objetivo, solo han servido para cubrir parcialmente esas pérdidas. Llamó la atención sobre los altos costes de la sementera. La Alianza estableció una comparativa de precios de los insumos tomando como referencia la variación interanual respecto del mes de agosto, último cuyos datos se han hecho públicos por el Mapa, y concluye que han disminuido de precio (de agosto de 2022 a agosto de 2023) los fertilizantes un 29%, los piensos compuestos un 2 %, fitosanitarios, 1% y la energía 37%. Por otro lado, han aumentado de precio las semillas un 15%, los piensos simples un 10%, y la conservación y reparación de maquinaria un 5%. Sin embargo son precios que «siguen a unos niveles muy elevados, puesto que su aumento respecto a 2015 es considerable: fertilizantes el 47%, piensos compuestos el 30%, fitosanitarios el 28%, la energía el 34%, las semillas el 22%, los piensos simples el 72% y la conservación y reparación de maquinaria un 33%.

Rivera cargó contra las «importaciones masivas de cereal», mientras los cerealistas de la Comunidad «aún no han cobrado su cereal» a la espera de la estabilización del mercado. «No es justo que se importe masivamente cereal de otros países donde no se cumplen los estándares medioambientales, pues se está contribuyendo a aumentar la huella de carbono» . Por otro lado, esa caída de precios del grano «no se está trasladando en una bajada de precio del pan, la harina o los piensos».

Los representantes de la Alianza valoraron positivamente, sin embargo, la evolución de los precios del ganado.  Los bovinos menores de 12 meses (terneros) cotizaron en noviembre a 311,3 €/100 kilos vivo, cifra muy próxima a los 317,05 registrados en abril de 2023 y que supuso un aumento continuado desde los 204,67 de mayo de 2020. En cuanto al cordero lechal, se encontraba en noviembre a 6,73 €/kilo vivo, máximo alcanzado hasta ahora desde 2015.

El porcino de cebo, por su parte, en enero de 2022 inició un ascenso en la cotización pasando de 103,38 €/kg vivo hasta el máximo de 203,37 registrado en marzo de 2023. En estos últimos meses se encuentra descendiendo. En noviembre se ha pagado a 165,79. La leche de oveja también se encuentra en máximos con 1,62 €/litro . Y en cuanto a la de vaca, que alcanzó cima con los 0,615 €/l en diciembre de 2022 tras el crecimiento iniciado desde julio de 2016, sin embargo, también se encuentra descendiendo y en septiembre de 2023 se situó en 0,537 €/l.

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