Mañueco esquiva a Vox y descarta que la Junta instigue movilizaciones contra Sánchez

La polémica y el debate político en torno a los pactos de investidura de Pedro Sánchez con formaciones independentistas catalanas están dando ya las primeras muestras de desgaste en la Junta, donde la coalición entre VOX y el Partido Popular se ha tenido que enfrentar a una nueva prueba que una vez más ha medido la fortaleza de la relación entre ambas formaciones. En esta ocasión ha sido la parte del PP del gobierno autonómico, con el presidente Alfonso Fernández Mañueco al frente, la que ha impuesto su postura, ya que ha esquivado a los de Abascal descartando manifestaciones institucionales instigadas por el Ejecutivo regional. 

El vicepresidente de la Junta y líder autonómico de VOX, Juan García-Gallard o, era el que volvía a hacer saltar las alarmas de las relaciones en el seno del gobierno autonómico. Siguiendo en esta ocasión las directrices que le trasladó este martes el propio Santiago Abascal , el número dos del Ejecutivo regional solicitaba a Mañueco la convocatoria de estas manifestaciones institucionales. La petición está prevista para todos aquellos gobiernos en los que participa VOX, pero en Castilla y León ya ha obtenido respuesta, y es negativa.

Poco después de que a través de una nota de prensa remitida a los medios desde el departamento de comunicación de la Vicepresidencia de la Junta se diera a conocer la propuesta trasladada por García-Gallardo, llegó la contestación. «La Junta no va a convocar ninguna manifestación . Eso compete a los partidos políticos, organizaciones y a la sociedad civil. Cada persona en su libertad individual puede decidir a la que asiste», aseguraron las fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por este periódico.

Desde la Junta, a decir de estas mismas fuentes, se considera que lo que se está haciendo desde su ámbito es la labor que le compete como un Gobierno autonómico, que ve dañados los intereses de sus ciudadanos con la financiación y con la condonación de los 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña .

«La acción institucional de la Junta de Castilla y León se circunscribe a los tribunales de justicia, con los recursos judiciales adoptados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma y de los que se informó en el Consejo de Gobierno extraordinario del pasado sábado día 4 de noviembre», explicaron las fuentes a las que tuvo acceso este periódico.

Afirmaciones que frenaron la petición del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de solicitar otro Consejo de Gobierno extraordinario como el que tuvo lugar el sábado 4 de septiembre para convocar una manifestación institucional contra el PSOE. 

Una medida que la Junta rechaza frontalmente. El PP, el socio mayoritario de la coalición, no tiene intención alguna de trasladar la acción de las movilizaciones desde la Junta de Castilla y León, a través de ninguna movilización institucional. Las hará como partido, en las calles y en las plazas de Castilla y León, como sucederá este domingo. 

Eso sí, desde VOX ya anunciaron ayer por la tarde que tomarán parte en todas estas movilizaciones convocadas por los ‘populares’.  No obstante, la asistencia de VOX a estas citas tiene un doble objetivo. Por un lado, y tal y como avanzó este martes el propio Abascal, es voluntad de la formación respaldar y participar en todas las manifestaciones pacíficas que tengan lugar para protestar contra la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña. Por otra parte, también está previsto que el partido, una vez finalizadas estas manifestaciones, encabece marchas hacia las sedes del PSOE en las diferentes ciudades.

En cuanto a la propuesta lanzada por García-Gallardo a Mañueco, y según la información trasladada desde su gabinete de comunicación, fue para instarle a que la concentración tenga lugar de manera «urgente» y «como primera reacción institucional al pacto entre PSOE y Junts; dadas las consecuencias que tendrá para la separación de poderes, el Estado de derecho, la democracia, la igualdad y la unidad nacional».

Convocatoria de protesta institucional que el presidente del Ejecutivo autonómico no ha aceptado, toda vez que desde el PP ya se dejó claro que las manifestaciones y concentraciones contra la amnistía y los pactos con los independentistas del presidente del Gobierno en funciones se convocarán desde el partido, con las de este domingo, y nunca desde las instituciones. Esta es la estrategia del Partido Popular que, según las fuentes a las que tuvo acceso este periódico, no se va a modificar porque dejan claro que sería una utilización de las instituciones, y «eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez», detallaban este viernes las mismas fuentes.

Fue por la tarde cuando a través de redes sociales Mañueco confirmó que solicitará al Gobierno de España en funciones que convoque una Conferencia de Presidentes «urgente» con todos sus homólogos «ante la grave situación actual».

A través de una publicación en la red social ‘X’, antes Twitter, el presidente de la Junta avanzó que solicitará esta reunión al más alto nivel para abordar todas las cuestiones que en los últimos días se están precipitando en España. Sin hacer alusión expresa, el jefe del Ejecutivo autonómico pretende que se aborden tanto la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña y la amnistía de varios líderes separatistas, entre ellos Carles Puigdemont.

«La igualdad de los españoles está en juego», advirtió Fernández Mañueco en esa misma publicación, «y desde Castilla y León no nos quedaremos con los brazos cruzados», reiteró. Por lo tanto, la solicitud de esta Conferencia de Presidentes se suma a la lista de iniciativas puestas en marcha por la Junta para tratar de impedir las cesiones de Sánchez a sus socios a cambio de sus votos en la investidura de la próxima semana.

Antes de esta petición se produjo la del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde debatir la condonación de la deuda a Cataluña y su efecto sobre un sistema de financiación autonómica que desde Castilla y León siempre se ha criticado por ser insuficiente. Es más, un informe del Consejo de Cuentas publicado este mismo jueves ponía de manifiesto que la Comunidad precisa del Gobierno 400 millones de euros más al año para hacer frente a los costes de la prestación de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación.

La petición de Gallardo, no obstante, no se produjo por sorpresa, ya que esta misma semana el presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, anunciaba públicamente la intención de su partido de solicitar manifestaciones institucionales en todos los gobiernos de los que forma parte, especialmente en las cuatro comunidades autónomas en las que ostentan la vicepresidencia y entre las que se encuentra Castilla y León.

La solicitud, por tanto, no se hhizo esperar mediante el traslado del vicepresidente al titular del gobierno autonómico y con las expectativas puestas en que la tomara en consideración. No en vano, Fernández Mañueco accedió a la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario el sábado pasado también a instancia de VOX, una cita en la que se determinó emprender acciones legales contra la amnistía y la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña

«En este momento histórico de extrema gravedad, los partidos han de aparcar sus diferencias y llamar unidos a la movilización ciudadana desde las instituciones», defendió ayer el vicepresidente de la Junta en un comunicado en el que se señalaba que «el acuerdo con Junts, que aparentemente desbloquea la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, está siendo ampliamente contestado por la sociedad civil»

«Es un golpe contra la democracia y contra la ley, que supone la abolición del Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la deslegitimación de todas las instituciones clave de nuestra convivencia, desde la Corona al Poder Judicial, pasando por las fuerzas del orden o los parlamentos», añadieron.

De hecho, advirtieron que el nuevo pacto con el partido de Carles Puigdemont «implica una amenaza a la soberanía nacional de los españoles, y a la unidad del país, al contemplar el compromiso de un referéndum de autodeterminación, así como la posibilidad de una mediación internacional que deslegitimaría a nuestra nación ante el mundo».

«La gravedad de la amenaza ha puesto de acuerdo a todas las asociaciones judiciales, así como a fiscales, representantes de los inspectores de trabajo o los abogados, entre otros colectivos. Es, por tanto, la hora de que las instituciones se enfrenten con todos sus recursos frente a esta situación crítica, incluyendo la convocatoria de movilizaciones ciudadanas desde el ejecutivo regional», finalizaba la nota de prensa.