Diario de Castilla y León

Con la lupa en operadores y lonjas por la bajada de precio del cereal

Las Opas de Castilla y León exigen que se vigile a los eslabones cerealistas para denunciar «cualquier incumplimiento» UPA-Coag reclama el «control exhaustivo» de todas las operaciones que se realicen en los puertos

Una cosechadora corta el cereal y arroja el grano en un remolque para su almacenaje. PQS / CCO

Una cosechadora corta el cereal y arroja el grano en un remolque para su almacenaje. PQS / CCO

Publicado por
Santiago G. del Campo
Valladolid

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Frente contra la especulación en el cereal para que los agentes de siempre no se enriquezcan a costa del sector productor. Es lo que demandan las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) para que se cumpla con lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria . Así lo expuso el pasado jueves la Alianza UPA-Coag Castilla y León, para quien «urge actuar contra cualquier incumplimiento». Para lograrlo, demandan que la Administración autonómica «se dote de presupuesto suficiente» para hacer un control. La Alianza UPA-Coag Castilla y León advirtió «a las autoridades competentes» de que vigilen las actuaciones de los operadores de cereales en Castilla y León y a las lonjas provinciales de la Comunidad Autónoma , y que les obliguen a cumplir con la Ley de Cadena Alimentaria, porque «con sus maniobras están provocando que los cerealistas de nuestra región perciban actualmente precios muy por debajo de sus costes de producción».

La «situación insostenible» que sufren los agricultores de cereal de Castilla y León, con precios muy por debajo del coste de producirlos «requiere de actuaciones urgentes y valientes por parte de la Aica y de los organismos competentes en esta materia» , señalan desde la Alianza. A modo orientativo, y siempre según los datos analizados por la entidad, el coste de producción de una hectárea de cebada de secano en Castilla y León con rendimientos de 3.000 kilos por hectárea es de 810 euros, y por lo tanto el coste se sitúa en  torno a 270 euros por tonelada, que está muy por encima del precio que está percibiendo el agricultor hoy mismo por la cebada, q ue está en torno a 195 euros por tonelada, y por lo tanto el cerealista está vendiendo a pérdidas.

«Estamos así pues, ante un incumplimiento flagrante de la Ley de Cadena Alimentaria, que debe actuar de inmediato ante todos estos agentes que distorsionan de manera directa o indirecta estas cotizaciones hasta llevarlas a la ruina del primer eslabón de esa cadena, que son los productores», remarcan desde UPA-Coag.   

«Nombres y apellidos»

La Alianza «pone nombres y apellidos» y a punta a los operadores de cereales como «responsables directos de la situación actual» , marcando  precios muy por debajo del coste de producción, y con operaciones en el mercado «que dejan en la ruina a los cerealistas, que se ven indefensos a pesar de que la Ley dice muy claramente que el precio se forme de abajo hacia arriba».  La nueva Ley obliga a que en las operaciones de compraventa se tengan en cuenta los costes del primer eslabón, el de los agricultores. Ese coste cerealista en origen esta última campaña es de aproximadamente 270 euros por tonelada, y por lo tanto no se está cumpliendo lo que exige la norma . Y el responsable de pagar un precio justo es siempre del comprador, por lo que la protección del eslabón más débil, en este caso del cerealista «no se está cumpliendo». 

De igual modo, la Alianza UPA-Coag acusa a las lonjas provinciales como responsables de marcar unos precios que son la base utilizada por operadores. «Por eso, les reclamamos a las Lonjas que marquen precios cumpliendo la Ley o suspendan la cotización cuando los precios estén por debajo de los costes, igual que hicieron dichas lonjas cuando se dio la circunstancia contraria y no dudaron en suspender las cotizaciones con el alto precio de cereal que perjudicaba a los operadores».  La Opa quiere llegar al fondo del origen de algunos de los problemas del sector agrícola de la región, y por eso también demanda a los organismos de control de España «que supervisen no solo la mercancía que entra en nuestros puertos, sino que obligue además a que el precio de entrada del grano nunca sea inferior a los precios que reciben los agricultores españoles por su cereal, porque lo contrario sería competencia desleal y estaría atentando contra la propia Ley de Cadena Alimentaria».

Por último, la Alianza UPA-Coag exige a la Junta de Castilla y León que dote del presupuesto necesario a la Dirección General de Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura para que «deje de ser una figura decorativa, como hasta ahora», y «de una vez por toda actúe con recursos suficientes para hacer cumplir la Ley con la que se ha dotado a la Cadena Alimentaria», y por lo tanto desde la Junta se controle, vigile  y apoye a los agricultores y ganaderos de esta Comunidad Autónoma.

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