Martínez lleva a las Cortes su ley de violencia de género de Castilla y León sin pronunciarse sobre la condena de su ex número 3 por ese delito

El secretario general del PSOECyL y portavoz del Grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, registró este viernes, acompañado de representantes de colectivos feministas, su proposición de ley contra la violencia de género para actualizar la normativa de Castilla y León, aprobada en 2010. Lo hizo sin haberse pronunciado todavía sobre la condena del ex número 3 de su partido en la Comunidad, el que fuera procurador en la Cámara autonómica, Ángel Hernández, condenado el pasado mes de octubre a un año y nueve de meses de cárcel por violencia de género. 

Los hechos probados fueron coacciones en el ámbito de la violencia de género, maltrato y atentado contra la autoridad. El propio Ángel Hernández reconoció los hechos de los que se le acusaba, cometidos en febrero de 2024 contra la que fuera su pareja sentimental, aunque matizó que tenía "la conciencia tranquila" porque estaba convencido de que no había cometido "ningún delito". 

Con estos antecedentes en su partido, pero comandando la comitiva de mujeres representantes de colectivos feministas que se prestaron a apoyar el nuevo texto socialista acompañando al secretario general, Martínez Mínguez las cedió la palabra durante su comparecencia ante la prensa.

"Ahora tienen una oportunidad de oro", dijo la viceportavoz Patricia Gómez Urbán a los dirigentes del Partido Popular, ya que señaló se podrán “retratar” y demostrar si están al lado de los derechos humanos, la democracia y las mujeres.

Este viernes, los socialistas cumplieron su promesa de que la primera proposición de ley de la legislatura sería la de violencia de género, después de que en la anterior renunciaran a su iniciativa para intentar aprobar por consenso el proyecto que había registrado la Junta, si bien en la fase final de la tramitación también fue retirado.

La viceportavoz socialista y el resto de comparecientes explicaron que la proposición de ley trata de adaptar la legislación de la Comunidad al pacto de estado, así como incorporar los nuevos tipos de violencia, entre ellas, la institucional, así como otros aspectos vinculados al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, hicieron hincapié en que se trata de una norma “trabajada” con todos los colectivos que nace de la “escucha” y el “diálogo”.

“No va en contra de nadie”, manifestó Patricia Gómez Urbán en declaraciones que recogió Ical. Añadió que “ojalá” no fuera necesario aprobar una nueva ley, pero recalcó que “solo” trata de reflejar las nuevas realidades de la violencia de género que sufren las mujeres y de dar respuesta a su situación, tras 16 años si modificar la norma actual y sin dotarla de un reglamento que la desarrolle. También destacó que se hace un reconocimiento al movimiento feminista y a la figura de la exconcejala de Ponferrada Nevenka Fernández, que da nombre a unos premios.

Asimismo, la viceportavoz socialista insistió en que cualquier grupo puede apoyar la proposición de ley si está a favor de la democracia y los derechos humanos. “Es imposible que la pueda rechazar”, dijo, por lo que refiriéndose al Partido Popular, le trasladó que le dan una “nueva oportunidad” para que ”de una vez" se sitúen en la “senda” de la democracia. “Vamos a ver si son tan feministas”, dijo, como cuando en su opinión se se colocan el lazo morado.

Los socialistas, precisó Patricia Gómez Urbán, están abiertos al diálogo y, como ejemplo, destacó que renunciaron a su iniciativa legislativa para negociar “una buena ley” la pasada legislatura. En esta ocasión, aseguró que no van a permitir a los ‘populares’ que intenten “blanquearse” o aprobar una ley “a la demanda”, “ad hoc” o a “beneficio de inventario” que no reconozca, entre otros asuntos, la violencia institucional relacionada con el aborto.

Además, recriminó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no haya una consejería de Igualdad en el nuevo gobierno y, tampoco, una comisión parlamentaria propia, lo que hará que este texto, si es tomado en consideración por el pleno de las Cortes, se tramite en la Comisión de la Presidencia. “El PP no cree en la igualdad y en lucha de la violencia de género. Lo dicen sus actos”, sentenció.

Prevención y protección

La secretaria de Igualdad del PSCyL, Lorena Valle, reseñó que los socialistas trabajan con quienes luchan contra la violencia de género para renovar la legislación “desactualizada” de Castilla y León, mientras PP y Vox firman el “pacto de la vergüenza”. Como novedades, subrayó que figuran nuevos tipos de violencia como la económica, la digital, la vicaria o la institucional y se refuerzan los recursos y la protección de las víctimas, especialmente, en el medio rural. Además, remarcó que obliga a la Junta a destinar financiación, porque denunció hasta ahora ha invertido “cero euros” de recursos propios.

Igualmente, Paula Granados, de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, destacó que esta ley es “de todas y para todas” y puso el acento en el apartado referido a la libertad sexual. En su opinión, las mujeres se enfrentan en Castilla y León al “problema” de no poder interrumpir su embarazo “libremente” sin que sean “culpabilizadas” y “señaladas”. Por ello, defendió la necesidad de recoger en el texto los diferentes tipos de violencia, como la institucional. “Todas nos vemos asediadas”, apuntó.

En la misma línea, la fundadora del Foro Feminista de Castilla y León, Nina Infante, confió en que esta vez se apruebe la norma que recordó han elaborado el PSOE y las diferentes asociaciones y sindicatos, porque a su juicio la mejor forma de combatir la violencia es fomentar la prevención y la igualdad de oportunidades. Además, instó al Partido Popular a que tenga “claro” que el Convenio de Estambul también afecta a Castilla y León.

Respuesta “firme” y negacionismo

Igualmente, la secretaria autonómica de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CCOO, Yolanda Martín, se dirigió a los grupos para que den un “paso adelante” o “al frente”, porque aseveró la violencia de género es un “problema” que se debe revertir desde las Cortes. “La sociedad necesita una respuesta firme”, dijo tras no aprobarse la norma consensuada con la Junta en el Diálogo Social. Además, insistió en la importancia de mejorar la prevención, la protección y la reparación a las víctimas.

Finalmente, la periodista Laura Cornejo, representante de la Asociación de Periodistas Feministas, explicó que su contribución se centra en pedir “responsabilidad” a los medios de comunicación para que cuando se difundan mensajes negacionistas actúen de la misma forma que con la prevención del suicidio y recuerden, por ejemplo, la existencia de un teléfono de ayuda a las víctimas.