El Procurador pide multas coercitivas a los dueños de locales abandonados en Castilla y León

Los dueños de locales comerciales tienen la obligación de mantenerlos en buenas condiciones aunque en ellos no esté funcionando ningún negocio y, para evitar que la falta de mantenimiento provoque «riesgos» e «insalubridad», el Procurador del Común ha pedido a los grandes ayuntamientos de Castilla y León que vigilen el estado de conservación de los inmuebles e impongan multas coercitivas para garantizar la seguridad, la salubridad, el ornato público, la accesibilidad y la habitabilidad.

En una actuación emprendida de oficio, la institución presidida por Tomás Quintana ha dirigido un escrito a los consistorios de las nueve capitales de la Comunidad y de aquellos municipios que superan los 20.000 habitantes para instarles a sancionar a quienes no cumplen la normativa en materia de urbanismo, después de comprobar que «desde hace tiempo» se ha producido un «cierre de negocios tradicionales» a un nivel «hasta ahora desconocido» y de constatar que esta situación se está convirtiendo en un problema.

Se trata de una situación que se repite no sólo en los centros urbanos, sino también en zonas aledañas y barrios y, «con el paso del tiempo», la imagen se va deteriorando y esa degradación «se transmite a la ciudad misma» hasta afectar «a entornos de significado histórico y cultural», argumenta el conocido como Defensor del Pueblo para justificar que haya contactado con los ayuntamientos para que actúen ante este escenario.

«La falta de mantenimiento de los locales comerciales en desuso durante un largo periodo de tiempo afecta no solo a su estado de conservación, sino que propicia una imagen negativa del medio urbano y genera eventuales riesgos e insalubridad en los casos más extremos, con afectación incluso de los derechos del vecindario, a un medio ambiente adecuado, a la seguridad y a la protección de la salud», refleja en un expediente donde cita la aparición de roedores e insectos o la proliferación de malos olores.

Así, considera que los ayuntamientos de los grandes enclaves de Castilla y León (por ser los que mayor número de locales vacíos pueden acumular) deben ejercer «las competencias urbanísticas que le son propias» y aplicar las medidas legales a su alcance para evitar la «degradación y deterioro» de la imagen de sus entornos urbanos producida por los locales comerciales que se hallen en deficiente estado de conservación.

Entre las herramientas que cita en el expediente sobre el deber de conservación de locales comerciales en desuso, el Procurador del Común menciona la ejecución subsidiaria y la imposición de multas coercitivas en caso de que el propietario no tome medidas para el estado de abandono de su inmueble no suponga un riesgo para la ciudadanía.

«El incumplimiento de las órdenes de ejecución faculta al Ayuntamiento para acordar su ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas, en ambos casos hasta el límite del deber legal de conservación y previo apercibimiento del interesado. Si existe riesgo inmediato para la seguridad de personas o bienes, o de deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural y cultural, el Ayuntamiento debe optar por la ejecución subsidiaria», cita la institución presidida por Quintana el referencia a uno de los artículos del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Es decir, insta a los consistorios a reforzar las labores de vigilancia y control de los locales en los que no se desarrolla ninguna actividad y, en caso de confirmar que sus propietarios no están cumpliendo su deber legal de conservación, les exija la realización de las obras e intervenciones necesarias, mediante órdenes en las que detallen con precisión las actuaciones a desarrollar, el presupuesto estimado y el plazo para llevarlas cabo según su complejidad.

Si los dueños de los inmuebles hacen caso omiso de los apercibimientos, las administraciones locales tienen que ir un paso más allá y tramitar sanciones o ejecutar los trabajos de manera subsidiaria porque, según entiende el Procurador en su escrito, aunque los ayuntamientos no sean responsables del deficiente estado de conservación de un local –«ni del eventual incumplimiento de la obligación que atañe a sus propietarios» de mantenerlos en buen estado–, los ciudadanos sí les pueden exigir una responsabilidad patrimonial.

En la práctica, supone que cualquier ciudadano podría denunciar a un ayuntamiento por inactividad si considera que su salud o seguridad se ven afectados, o si sufre algún daño como consecuencia del estado de abandono de un local.

«Mantener las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, limpieza y ornato de los locales comerciales de nuestras ciudades constituye una obligación de los titulares de los mismos y, en su caso, el cumplimento se debe promover desde instancias municipales, incluso ejerciendo la potestad sancionadora en los términos legalmente previstos», resume el Procurador del Común.

Por eso insta a los alcaldes a ejercer sus competencias a la hora de eliminar «las deficientes condiciones de limpieza y conservación de los locales comerciales que se hallen en estado de abandono o desuso temporal», y les pide que tramiten advertencias expresas a los propietarios para que cumplan la normativa. En caso contrario, tendrían que imponer sanciones o tomar medidas de carácter subsidiario.

La razón de este expediente parte de «una preocupante disminución de la actividad comercial», en especial del «comercio tradicional de las ciudades», debido a un compendio de cambios sociales, entre los que destacan el cambio de hábitos de compra en una parte de la ciudadanía, que prefieren la «polivalencia y funcionalidad» de los grandes establecimientos comerciales; el aumento del comercio online, con un cambio de patrones más acusado a partir de la pandemia; la falta de relevo generacional para continuar con los negocios, o el aumento del coste de los alquileres y los suministros.

Así lo enumera el Defensor del Pueblo de Castilla y León en su radiografía para buscar el origen –o los orígenes– de esta problemática, después de observar que existen muchos locales en mal estado de conservación y de constatar que los ayuntamientos no están utilizando las herramientas legales a su alcance para garantizar el interés público.