UGT denuncia impagos a los intérpretes de lengua de signos de centros docentes de Castilla y León

UGT denuncia públicamente los reiterados impagos a los intérpretes de lengua de signos que prestan servicio en centros educativos de Castilla y León. Según el sindicato, la empresa Oncall Europa S.L., adjudicataria de este servicio esencial, ha incumplido sistemáticamente los plazos de abono desde el inicio del curso escolar 2024-2025, generando una "situación insostenible" para estos profesionales.

Según apunta UGT través de un comunicado recogido por este periódico, desde que Oncall Europa S.L. asumió la gestión del servicio de intérpretes de lengua de signos en septiembre de 2024, las fechas de pago han sido constantemente posteriores al día 5 del mes siguiente, contraviniendo lo establecido en el XVI Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a la Discapacidad. "De hecho, la nómina correspondiente al mes de diciembre de 2024, a fecha de hoy, 14 de enero de 2025, aún no ha sido abonada, lo que agrava la precaria situación de los trabajadores", recalcan.

Esta prolongada situación de impagos está generando multitud de perjuicios a los trabajadores del sector. Así, aseguran que muchos de los afectados se enfrentan a la devolución de recibos de servicios básicos, como el alquiler, el agua o la luz, y a obligaciones bancarias que conllevan el pago de intereses por retraso. 

La "incertidumbre y el miedo" a no poder hacer frente a los gastos cotidianos son una "constante" -asegura el sindicato-, a pesar de que estos profesionales acuden puntualmente a sus puestos de trabajo para desarrollar una labor "primordial" para el alumnado con discapacidad auditiva, ya que facilitan la accesibilidad a la información y a la comunicación dentro del contexto educativo, garantizando así el acceso a la enseñanza en igualdad de condiciones.

Ante este escenario, UGT reclama una solución urgente a los continuos retrasos en el pago a los intérpretes de lengua de signos en los centros educativos. El sindicato advierte que, de repetirse esta situación de incumplimiento, se verán obligados a adoptar las medidas legales oportunas para defender los derechos de los trabajadores afectados y asegurar la estabilidad del servicio.