Fiscalía investigará la quimioterapia que mató a dos pacientes en Burgos como un posible caso de homicidio por negligencia profesional

La Fiscalía de Burgos investigará la quimioterapia que causó dos muertes el pasado mes de diciembre y mantiene a otros tres pacientes oncológicos bajo vigilancia clínica. Iniciará las oportunas "diligencias preprocesales" a instancias de la petición remitida por la Asociación del Defensor del Paciente, que presentaba ayer formalmente la solicitud para que el Ministerio Público actuara de oficio. A juicio de la presidenta de la agrupación, Carmen Flores, esta vía es imprescindible en un caso con resultado de muerte y no puede ser sustituida por actuaciones internas del propio hospital: "Es claramente una causa penal".

Más concreto es aún el abogado Santiago Díez, del bufete que canaliza los casos de la agrupación en Castilla y León. Un día después de 'saltar' el suceso a los titulares, y con los pocos detalles que se conocen sobre la mesa, lo ve todavía más claro: "Se trata sin lugar a dudas de un homicidio por imprudencia profesional" que, a su juicio, el HUBU trata de ocultar, quizá para proteger al responsable material, "sin éxito, pues la Fiscalía recabará toda la información oportuna" y, afirma con rotundidad, el caso prosperará. "Es arquetípico", concluye.

Cabe indicar que el homicidio por imprudencia profesional es un delito regulado en el artículo 142 del Código Penal, que ocurre cuando un profesional causa la muerte de alguien por una grave negligencia o falta al deber de cuidado exigible en su oficio. Se castiga, como cualquier otro homicidio imprudente, con prisión de 1 a 4 años y, en el caso concreto de producirse por un error de carácter profesional, se acompaña de inhabilitación especial para su puesto por 3 a 6 años.

Y es que mientras el complejo asistencial y, por extensión, la Consejería de Sanidad dan por explicado el error en la elaboración de una quimioterapia, la Asociación del Defensor del Paciente no se conforma con las aclaraciones efectuadas por el gerente del complejo, Carlos Cartón, en la rueda de prensa ofrecida solo tras dispararse la presión mediática, dada la relevancia del asunto.

De hecho, la presidenta de la agrupación nacional bregada en el apoyo a víctimas de negligencias sanitarias a lo largo y ancho del país, Carmen Flores, reaccionaba con dureza a las escasas explicaciones ofrecidas tras el suceso, pues considera que la versión defendida ante los micrófonos no solo no aclara lo sucedido, sino que genera aún más dudas. "Cada vez que hablan, lo empeoran", sentenciaba.

Otro de los aspectos más cuestionados es la referencia del gerente del HUBU a la apertura de reclamaciones patrimoniales. Para Flores, esta vía no responde a la gravedad de los hechos ni a la necesidad de esclarecer responsabilidades. "Eso significa, sencillamente, que quiere comprar con cuatro reales a las familias de los pacientes que han muerto, porque la reclamación patrimonial es solo para eso, no para dilucidar responsabilidades", señalaba.

Desde el Defensor del Paciente critican también que, pese a las explicaciones ofrecidas, siga sin conocerse en qué punto exacto del proceso se produjo el error fatal. “¿Ha ocurrido en Farmacia o tiene otro origen? ¿A las profesionales del servicio les han dado los datos correctamente? ¿Ha sido el médico que ha dicho que tenían que hacer el preparado? No queda claro", considera, para incidir en la carga de trabajo como posible factor clave.

Al hilo, Flores ponía especial énfasis en el carácter individualizado de los tratamientos oncológicos, subrayando que las explicaciones del complejo asistencial burgalés generan inquietud sobre cómo se gestionaron las dosis de quimioterapia, por más que sus responsables se esfuercen en catalogar lo ocurrido de caso aislado. “Cada paciente es un mundo, cada paciente necesita una cantidad de quimioterapia”, ha recordado, añadiendo que la falta de claridad al respecto transmite una sensación preocupante.

Flores también ha cuestionado el anuncio de que el hospital haya modificado o reforzado los protocolos tras lo ocurrido sin explicar de qué manera o qué punto crítico se detectaba. En el mismo sentido, lamenta que, pese a la investigación interna que se reconoce haber realizado, no se hayan tomado medidas concretas respecto a los posibles responsables de esa supuesta cadena de errores. “Aquí ha habido dos fallecimientos y no se habla de apartar a nadie del proceso”, denunciaba, para reclamar decisiones firmes más allá de gestos simbólicos o declaraciones de pesar.

La presidenta del Defensor del Paciente va más allá y mira a la propia dirección del centro, incluso a la administración autonómica. “El responsable del HUBU debería poner su cargo a disposición de la Junta de Castilla y León”, afirmaba. Lamentaba además que, hasta el momento, “la Junta de Castilla y León, y en particular el consejero de Sanidad, no se haya pronunciado en ningún momento”.

De hecho, ninguna de estas partes, consultadas por este periódico, consideraba necesario retomar el tema, ni para responder a los interrogantes aún en el aire que enumera Flores, ni para ofrecer más detalles sobre la investigación que han llevado a cabo. Corresponderá, pues, a la Fiscalía esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y ofrecer garantías de transparencia reales a las familias afectadas.