El profesorado de Castilla y León denuncia el aumento de agresiones y falta de medios para atender la diversidad en las aulas

Un macroestudio estatal del Sindicato de Enseñanza (STEs-i) sobre las causas del malestar docente revela que ocho de cada diez profesores de Castilla y León perciben un aumento de las agresiones verbales, y en algunos casos físicas, por parte del alumnado por el incremento de la diversidad de los estudiantes. En este sentido, los profesionales de atención a la diversidad y los equipos de orientación existentes en los centros no dan abasto. No en vano, el sindicato alertó del mayor número de alumnos con trastornos especiales, problemas de comunicación, desconocimiento del idioma y del espectro autista.

El informe, realizado en noviembre con 889 encuestas entre docentes de la Comunidad, evidencia el “progresivo” deterioro del clima de convivencia en los centros educativos públicos, que genera un escenario de “creciente dificultad” para el desarrollo de la labor docentes. Algo que se traduce en las respuestas de los profesores que contestaron a las preguntas del sindicato, ya que el 77,5% de los docentes de Castilla y León valora el clima de trabajo en las aulas como “conflictivo” o “complicado”. Pese a ello, son casi cinco puntos menos que la media estatal.

“El clima en las aulas es cada vez más difícil por la mayor diversidad existente, que no está bien atendida por la administración educativa”, aseguró la portavoz de Stecyl-i, Christina Fulconis. Es por ello, que reclamó la necesidad de convocar, de forma urgente, la sección de convivencia del Observatorio de Castilla y León, cuya última reunión se remonta a febrero de 2024. “Solo se puede actuar si se conocen los datos de las incidencias y su gravedad, de cara a plantear propuestas de mejora por que la Consejería lo ve todo de color rosa”, manifestó.

Stecyl criticó los escasos avances que se han producido del acuerdo firmado en septiembre entre la consejera de Educación, Rocío Lucas, y las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial para la mejora de las condiciones laborales del profesorado en la Comunidad. “Las mejoras llegan de forma muy parcial”, destacó Fulconis. Citó que, hasta la fecha, han llegado 18 orientadores a los centros de un total de 35 prometidos en dos años. “Esperábamos que la atención a la diversidad se trabajase con los sindicatos”, declaró. A su juicio, la realidad es que los pedagogos, terapeutas y profesionales de Audición y Lenguaje no son suficientes para atender todas las necesidades, sin olvidar que cada petición tiene que pasar por un equipo de Orientación Educativa, encargado de realizar los informes de los alumnos, que está colapsado.

Por su parte, la responsable de acción sindical de Stecyl-i, Teresa Vicente, abogó por trabajar también en la prevención y la detección precoz del alumnado con necesidades educativas.

Fulconis reconoció, según recogió la Agencia Ical, que Stecyl apreciaba que la situación del profesorado en las aulas era “complejo” pero la realidad del estudio, con datos, ha dejado claro un panorama que “pone los pelos de punta”. Y eso es, en parte, por las ratios actuales de estudiantes por profesor. Hasta el punto que el 90% de los docentes muestra su desacuerdo con las tasas, que impiden una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso, y exigen que las clases tengan un máximo de 15 estudiantes para trabajar con ellos de forma adecuada.

Christina Fulconis lamentó que cada vez es más complicado dar clases, con interrupciones constantes y con profesores que mandan callar cada poco a sus alumnos. Puso el ejemplo de una docente que le comentó ayer que se veía obligada a poner ocho exámenes diferentes en un aula por la diversidad de sus estudiantes. “El aumento de la precariedad laboral, los horarios extensos y la inestabilidad económica generan entornos familiares con menos tiempo para la crianza y mayor estrés, lo que repercute en la socialización de niños y adolescentes, además el uso excesivo de pantallas y redes sociales tampoco ayuda”, comentó.

Un contexto que, a la postre, tiene un impacto directo en la salud del profesorado pero también en la “profunda” sensación de desvalorización profesional en la Comunidad. Algo que se traduce en las respuestas de los docentes en la encuesta, ya que el 43% apunta que las familias no valoran su trabajo. Tampoco la administración, por que el 93% considera que su salario no se ha revalorizado acorde al IPC, tras una pérdida del poder adquisitivo del 20%, debido a las escasas subidas del sueldo de los últimos años.

Fulconis añadió que si no se adoptan medidas urgentes para mejoras las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros educativos se corre el riesgo de una escasez de profesorado, especialmente en Secundaria y Formación Profesional. En este sentido, precisó que es algo que ya existe, con listas agotadas y problemas para encontrar docentes en algunas especialidades.

Sobrecarga burocrática

Teresa Vicente citó la sobrecarga burocrática, que el 94% califica de “asfixiante” y “perjudicial” para su labor en las aulas, con la obligación de realizar informes, memorias, dictámenes y reuniones. El profesorado, según el estudio del sindicato, también lamenta la falta de apoyo y respaldo de la administración educativa cuando hay alguna queja o reclamación por parte de las familias. “Existe una Ley de Autoridad pero no sentimos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales”, lamentó la portavoz sindical.

Vicente subrayó que la solución a estos problemas de convivencia en los centros no pasa por medidas punitivas o meramente disciplinares, sino por transformar la escuela en un “espacio de inclusión, sentido y cuidado colectivo”, con recursos suficientes y un profesorado reconocido y apoyado.