Corral: "Quedan meses de negociaciones y se tienen que abordar desde la unión del sector en Castilla y León"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, participó este viernes en la mesa de debate del Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León que abordó las claves  de la PAC post 2027. En sus intervenciones, Corral mostró su rechazo al fondo único y sí al mantenimiento de los dos pilares, con un presupuesto sólido que dé “estabilidad, tranquilidad y certidumbre” al campo y a la industria agroalimentaria de Castilla y León. "Un único pilar con reducción de fondos no encaja con lo que queremos en esta Comunidad", subrayó.

González Corral defendió que romper el esquema común y trasladar a cada país la decisión de a qué sectores priorizar "nos pondría a competir en desigualdad: si España apuesta por regadíos y otros por vino, aceite o ganadería, jugaríamos en desventaja". Por eso pidió conservar la filosofía de una verdadera política común que garantice seguridad y soberanía alimentaria para toda la UE. "Quedan meses de negociaciones y se tienen que abordar desde la unión del sector en Castilla y León", apuntó. "Nuestra obligación es dar estabilidad, tranquilidad y certidumbre para que quien produce quiera seguir invirtiendo e incorporándose", dijo, alertando de que el debate actual ha sembrado dudas sobre el futuro de ayudas a industria, remolacha o regadíos.

La consejera reivindicó unidad interna en Castilla y León —administraciones, organizaciones agrarias y tejido cooperativo— en torno a la declaración institucional que la Junta llevó a Bruselas y entregó al comisario Hansen, y que ya han suscrito las OPAs, Urcacyl, Vitartis y Ferduero, y 8 de las 9 diputaciones. "Lo importante es que todos defendamos lo mismo: presupuesto sólido, dos pilares, foco en agricultores profesionales, relevo generacional, industria alimentaria fuerte y simplificación administrativa", enumeró.

En la agenda europea, González Corral situó tres frentes: Parlamento, Comisión y Consejo. Tras el informe aprobado en la Eurocámara, pidió que la Comisión corrija su propuesta y que los Estados ejerzan su capacidad de veto en el Consejo si es necesario. "Aquí hay tres luchadores que tenemos que salir al ring: yo, el Gobierno de España, que puede vetar, y los eurodiputados", remarcó, para "defender lo que quiere el campo de Castilla y León".

El agua fue otro eje central. Castilla y León, recordó, ha modernizado 125.000 hectáreas de regadíos en los últimos 20 años, y no acepta que el plan europeo de resiliencia hídrica deje en segundo plano a quienes más la necesitan y mejor la cuidan. Reclamó capacidad de almacenar y planificar para años secos, especialmente en el sur de Europa, y ligó esta prioridad a la sostenibilidad real que practican agricultores y ganaderos.

Para el relevo generacional, anunció una convocatoria abierta de 100 millones de euros para incorporación de jóvenes y la creación de tres grupos de trabajo con las OPAs para simplificar trámites. La marca Tierra de Sabor, añadió, seguirá como palanca de mercado y de reputación para los alimentos de la Comunidad.

González Corral reclamó además reciprocidad en el comercio: mismas exigencias fitosanitarias y de bienestar animal a las importaciones que las que cumplen los productores europeos. "Si jugamos con las mismas reglas, estamos encantados de un mercado global que nos permita exportar más sin competir en desventaja", dijo. Y, en clave de cultivos estratégicos, reafirmó la "defensa total y absoluta del sector remolachero": la Junta amplió el acceso a las agroambientales cuando llegó el anuncio de cierre, defendió excepciones puntuales a neonicotinoides ante el Ministerio y Bruselas y recordó los estudios del ITACyL que avalan a la remolacha como sumidero de CO₂ para facilitar apoyos.

Carmen Crespo: "Estamos esperando del Gobierno de España la palabra 'bloqueo'"

Carmen Crespo, ponente del informe de iniciativa sobre la PAC post 2027 en el Parlamento Europeo, aterrizó en Valladolid con una idea fuerza que repitió como un martillo: "No me basta con que digan que no nos gusta. No se trata de no gustar. Se trata de decirle a la Comisión: si esto es así, se bloquea". Y lo reclamó "ya" al Gobierno de España para entrar en el Consejo "desde el principio" con una postura nítida. "Es la mejor forma en estos momentos de que cambie la cosa". La razón, resumió, es que no hablamos de un "sector agrario y ganadero" aislado, sino de comercio, industria, transporte y empleo: "Es un sector básico para el futuro de nuestra sociedad".

La eurodiputada distinguió entre lo inaceptable y lo rescatable del paquete que plantea Bruselas. En el activo, marcó "cosas positivas": "Se blindan las ayudas directas"; hay luz verde para "actualizar precios" y se refuerzan las "ayudas acopladas" pensando "en la ganadería" y "en la remolacha", junto a menciones —"de forma muy vaga"— a jóvenes y mujeres dentro de la cifra global que España recibiría. Pero ahí afloró el gran nudo: "88.000 millones en un fondo único", de los que "37.000, aproximadamente, el 34%" quedarían blindados para directas. ¿Y el resto? "Un gran interrogante: ese segundo pilar que va mezclado con los fondos de cohesión que va mezclado con toda la política que va en el bloque para que nuestro país pueda hacer lo que considere oportuno". De fondo, dudas obvias: ¿habrá capacidad de cofinanciación sin presupuestos? ¿Se abrirá una "competencia" intraeuropea en programas como el del vino según "el dinero que ponga cada uno"? "Eso no puede ocurrir", avisó.

De ahí su exigencia política: bloqueo si la propuesta no cambia. Para Crespo no es cuestión de siglas sino de coherencia del país ante "una afrenta" a un sector que fija población, genera empleo y es clave como "sumidero de CO₂" frente al cambio climático. "España se juega más que nadie" y, por tanto, debe "estar unida" y pronunciar "ya" la palabra bloqueo "unánimemente" para que Europa entienda que vamos en serio, reclamó, antes de señalar que "la soberanía alimentaria de la Unión Europea es la mayor arma de defensa que puede tener una sociedad".

En el capítulo comercial, trajo una novedad largamente demandada por el campo: una resolución que incorpora cláusulas de salvaguarda con umbrales "10-10" y, sobre todo, "21 días para reaccionar". "Esto es lo más importante", recalcó, porque el sector se ha quejado siempre de la lentitud de Europa para activar defensas frente a distorsiones, como se ha visto con Ucrania. La pieza que falta, apuntó, es estructural: una "oficina de control de importaciones" a escala UE que, respetando la autonomía portuaria, centralice estadísticas y permita una reacción "inmediata" cuando un acuerdo no se cumple o un precio se desmanda.

El agua fue otro de los temas del debate: "Equilibrar el agua no es una posibilidad, es una obligación". Propuso empezar por lo básico —reducir pérdidas en redes y apostar por economía circular—, y no negarse ni a embalses ni a soluciones de regulación "por razones ideológicas". "Los científicos son los que tienen que decir si se embalsa agua aquí", defendió, lamentando que España "perdió una oportunidad" con el Next Generation y emplazando a usar el BEI para financiar la infraestructura que falta.

El dinero, insistió, no puede jugar contra el propio campo. Puso una cifra incómoda sobre la mesa: "Nuestro país va a pagar con la PAC, con esa propuesta, el 20% de intereses del Next Generation en el marco financiero plurianual" cuando ese instrumento "no se ha utilizado ni para la agricultura, ni para la ganadería ni para el agua". Por eso, a la vez que felicitó a Castilla y León por su "magnífica labor en regadíos", pidió acelerar "declaraciones de impacto ambiental" para culminar modernizaciones "cruciales" que den competitividad.

En normativa interna del sector, defendió la reciente reforma europea de la OCM única: "Se establecen los contratos por escrito", pero con "simplificación a cooperativas" a través de sus estatutos para evitar el calvario de ir "contrato a contrato". Lo consideró "buen camino" hacia un "precio justo" para el productor y celebró también el paquete de simplificación "Ómnibus 3", aprobado la víspera, como señal de que Europa puede desburocratizar en serio.

Crespo hiló esta agenda de simplificación con otra de fondo: innovación sin complejos. Se declaró "defensora a ultranza" de implantar "las nuevas técnicas genómicas" para recortar costes y ofrecer futuro a los jóvenes. Y en fitosanitarios, reclamó rigor científico frente a decisiones "erróneas" del pasado: Europa ha eliminado "83" sustancias, lo que ha expulsado investigación; conclusión: "Si afecta a la salud, rápidamente se quita", pero "si no es así, se tiene que preservar".

La coherencia regulatoria, añadió, debe ser europea de verdad. "No puede haber 27 PAC", dijo, y reclamó "modificar el reglamento 1117" de fitosanitarios para que si una sustancia se autoriza —puso como ejemplo el azúcar/remolacha— su uso se armonice en todos los países y no distorsione la competencia. De lo contrario, se genera un mosaico que castiga a unos productores frente a otros dentro del mismo mercado único.

En el terreno fiscal y del relevo, ató cabos con franqueza: "Hemos subido 95 veces en España la fiscalidad al sector y así no se incorporan los jóvenes". Pidió "bajar la fiscalidad en módulos", ser "imaginativos" y, sobre todo, simplificar la transmisión de tierras para que no sea necesario "montar un negocio nuevo" cuando hay relevo de padres a hijos: "Ahí es donde tiene que estar la simplificación".

Crespo también conectó PAC, territorio y monte con un diagnóstico incómodo: se ha sobrerregulado el ámbito forestal hasta dejarlo "abandonado" y "pasto de las llamas". Propuso "virar" la política: "reintroducir la ganadería extensiva", corregir "errores" como "echar la caza sostenible" y "modificar el artículo 40 de la Ley de Montes" y la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo efecto —aunque bienintencionado— está siendo "contrario a lo que busca".

En la secuencia institucional, situó el reloj político de la reforma: el documento de la Comisión, el informe del Parlamento con un "no" mayoritario a la propuesta, y "ahora" el Consejo, que "sí tiene capacidad de veto". La pelota está en la sala de máquinas de los gobiernos, y España, insistió, debe actuar desde ya con la fortaleza de un mandato claro.

Finalmente, ligó todo lo anterior a una idea estratégica: esta negociación no puede degradarse a un tira y afloja contable. "Somos comercio" y dependemos de lo que acuerde el comisario Šefčovič; si queremos cadenas de valor agroalimentarias fuertes, necesitamos reglas simétricas dentro y fuera, mecanismos de reacción en días —no en meses— y una arquitectura financiera que no desdibuje el segundo pilar. De lo contrario, advirtió, peligran programas que han "modernizado nuestro campo" y, con ellos, la capacidad del medio rural para "seguir creando empleo, creciendo y fijando población". "España se juega más que nadie", concluyó.

Enrique Cabero: "Sin rentabilidad no puede haber actividad"

Castilla y León "no está hablando de cualquier sector": el campo es estratégico y debe situarse en el núcleo duro de las decisiones europeas. Con esa premisa, Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, articuló un alegato político, económico y social en defensa de una PAC post 2027 que refuerce el papel del agro en la seguridad, el bienestar y la autonomía de la Unión. "Coincidimos plenamente con la declaración conjunta de mayo" y con la posición aprobada en el Parlamento Europeo a partir del informe de Crespo, dijo, porque "esta es una materia crucial para el CES" y para una Comunidad que es "potencia agraria y agroindustrial"; el campo "garantiza el bienestar, el progreso y la seguridad".

Su armazón conceptual arrancó con una advertencia: "Sin rentabilidad no puede haber actividad". Cabero encadenó esa idea a una revisión de toda la cadena de valor —materias primas, materiales, combustible— para que "sea rentable" producir alimentos en Europa; y a una triple sostenibilidad que, a su juicio, debe dejar de ser eslogan para convertirse en criterio operativo: económica (indisociable de la rentabilidad), social (vinculada a derechos y necesidades de la ciudadanía) y medioambiental ("el sector es de los que más cuida el medioambiente").

En esa triple base sumó una cuarta palabra que repitió a lo largo del debate: seguridad. "Debe ser un sector seguro. Un sector sin incertidumbres" que, además, empuje el segundo pilar para el desarrollo de las zonas rurales y blinde la seguridad alimentaria, "una de las bases de nuestro desarrollo, de nuestro bienestar e incluso de nuestra política de seguridad". "Sin seguridad alimentaria no podemos ir a ninguna parte".

El presidente del CESCyL dibujó, además, un retrato de sector alejado de tópicos, apoyado en datos de modernización e innovación: un agro "muy profesional" que, en Castilla y León, ha hecho "el mayor esfuerzo de modernización, de tecnologización y de mejora constante de la calidad" en décadas. Por eso pidió "respaldar la dimensión profesional" y convertir esa profesionalidad en un requisito que atraiga inversión, talento y estabilidad regulatoria.

La estabilidad, insistió, se construye también con perspectiva demográfica y educativa: "Es un sector que necesita el relevo generacional presidido por la igualdad efectiva", capaz de romper tópicos de género y de atraer a "personas jóvenes, bien formadas", procedentes de la FP y de la universidad, hacia un campo tecnificado, productivo y socialmente valorado. Es una agenda de país que, subrayó, debe involucrar a todo el sistema de formación y a la industria.

Desde esa mirada de largo alcance, Cabero reclamó una "enmienda a la totalidad" de la orientación con la que la Comisión ha abierto el melón de la PAC post 2027. No una enmienda técnica, sino "conceptual": "La PAC tiene que ir en otro sentido, en el sentido contrario de lo que se está planteando". El sector agrario "no es subsidiario ni sustituible"; está "en el núcleo duro de las decisiones" si Europa quiere acertar. La política agraria debe "conducir a fomentar el sector" porque es palanca de seguridad y defensa, de productividad, de autonomía estratégica, de tecnologías, de materias primas, de energía y, en suma, de un "modelo de Unión Europea más integrado y relevante".

Ese giro, añadió, exige prestigiar al sector ante la sociedad y acompañarlo con "una financiación adecuada, un sistema correcto de rentabilidades y de certidumbres" que lo sitúe "entre los más importantes de la economía y de la sociedad europea". Buscar la innovación "sí, pero en todos los campos", sin olvidar que el agro es una pieza clave de la autonomía europea.

Cabero enlazó su crítica a la propuesta comunitaria con una defensa de la lógica estratégica de la PAC: ya no se trata de nivelar rentas; "estamos hablando de un futuro estratégico para nuestro continente". Si Europa no refuerza su sector agrario, "está en peligro nuestro propio sistema de convivencia, nuestro sistema de libertades y nuestra autonomía y soberanía en el contexto internacional". La Comisión y el Consejo deben asumir que el agro "no es un sector menor, es estratégico y prioritario para conseguir los objetivos fundamentales de la política de la Unión". Esa es, para él, la base que "justifica una enmienda a la totalidad" al documento presentado.

Antes de esa conclusión, el presidente del CESCyL había situado su acuerdo con el marco de unidad tejido en la Comunidad: coincidencia "plena" con la declaración institucional de mayo —suscrita por OPAs y más actores— y con la posición política mayoritaria fijada en el Parlamento Europeo a partir del informe de Crespo. Es, insistió, una senda de consenso "muy acertada" para influir en el Consejo y corregir el tiro de la reforma. "Este es un sector estratégico", repitió, "y Castilla y León es potencia gracias al trabajo inmenso" del campo y de la industria alimentaria.

El discurso, con todo, no se quedó en el plano institucional. Volvió a lo esencial: la economía del día a día en las explotaciones. "La actividad del campo es una actividad con contenido económico". Por eso, además de reglas claras, "todo lo que es la cadena de valor" debe funcionar: precios de insumos, energía y materiales, para que sea rentable producir. "La rentabilidad es clave", remarcó.

Esa rentabilidad —y la seguridad regulatoria— no son un fin en sí mismo, avisó, sino la condición de posibilidad de otras políticas: sin agro fuerte no hay empleo estable en el medio rural, no hay transferencia tecnológica en la industria alimentaria, no hay política forestal que funcione, ni gestión de montes y de bosques que combine economía y prevención.

En su exposición, el presidente del CESCyL también dejó un recordatorio jurídico-político que muchos olvidan: el mandato del artículo 130 de la Constitución de 1978 para atender de forma especial a agricultura, ganadería, pesca, artesanía y zonas de montaña. Y el eco de ese mandato en los tratados de la Unión. La defensa del sector, por tanto, no es un capricho ni una concesión corporativa; responde a una obligación democrática y europea.

La "línea de producción" fue otro de sus leitmotivs. Europa "tiene que recuperar la línea de producción" para disponer de autonomía en sus decisiones. Eso implica que los estándares de calidad y de sostenibilidad construidos durante décadas "se extiendan por todo el mundo", no al revés; de poco sirve imponer exigencias internas si se abre la puerta a importaciones que las eludan. La política comercial y la agraria, sugirió, deben caminar juntas.

Desde Castilla y León, ese planteamiento se traduce en una agenda de certezas: reforzar el papel del agro en la economía europea; garantizar la rentabilidad a través de una cadena de valor equilibrada; sostener la triple sostenibilidad como hoja de ruta; reducir incertidumbres con un segundo pilar robusto que apalanque desarrollo rural; prestigiar socialmente el trabajo agrario y agroindustrial; y activar una ofensiva de talento joven y femenino con formación sólida. Todo ello dentro de una PAC que, lejos de diluirse en planteamientos de "pilar único", vuelva a ser la palanca que "fomente el sector" porque es "clave" para la seguridad, la productividad y la autonomía de Europa.