Distinto diagnóstico pero unidad de voto: apoyo unánime al campo en las Cortes de Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles por unanimidad una moción de Vox con 24 medidas para apoyar al sector agrario y ganadero, en un debate marcado por el enfrentamiento político sobre quién es el responsable de la crisis que atraviesa el campo. La iniciativa salió adelante con el respaldo de todos los grupos, incluido el PSOE, después de una votación pública por llamamiento solicitada por PP y Vox con el objetivo de «retratar» la posición de los socialistas.

La propuesta busca mejorar la rentabilidad, competitividad y viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad e incluye tanto actuaciones dirigidas a la Junta como reclamaciones al Gobierno central y a las instituciones europeas. Entre las principales medidas figuran una mayor flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), la reducción de la burocracia, la revisión de algunas exigencias derivadas del Pacto Verde Europeo, la implantación de cláusulas espejo para las importaciones procedentes de terceros países y el impulso de actuaciones específicas para mejorar la situación del sector cerealista.

El debate estuvo cargado de reproches. Desde el PSOE, el procurador Miguel Ángel Blanco calificó la moción de «blandita» y la definió como un «trampantojo para salvar al soldado Pino», en referencia al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Vox. Los socialistas recriminaron al Ejecutivo autonómico la falta de respuesta ante las demandas del sector y reclamaron explicaciones sobre los 150 millones de euros solicitados por las organizaciones profesionales agrarias para afrontar la crisis, así como sobre los 30 millones comprometidos para el cereal que, según denunciaron, aún no se han distribuido.

A pesar de esas críticas, el PSOE apoyó la iniciativa tras recordar que incluía menos exigencias a la Junta que otras propuestas defendidas por los propios socialistas. Durante su intervención, Blanco sostuvo que el Partido Popular y Vox atraviesan un creciente distanciamiento dentro del Gobierno autonómico y llegó a hablar de un posible «divorcio en ciernes».

La respuesta de Vox llegó de la mano de José Antonio Palomo, quien acusó al PSOE de utilizar los problemas de agricultores y ganaderos con fines electorales. A su juicio, el Gobierno central es el principal responsable de la situación del campo tras años de políticas que, según afirmó, han perjudicado al sector primario.

Por su parte, UPL, Soria Ya y Por Ávila apoyaron el texto, aunque mostraron importantes reservas. UPL calificó la iniciativa de «panfleto publicitario» y criticó que un partido con responsabilidades de gobierno se reclame medidas a sí mismo. Soria Ya cuestionó la utilidad de una moción tan extensa y reprochó a Vox haber rechazado iniciativas similares en el pasado. Por Ávila coincidió en la necesidad de flexibilizar la PAC y garantizar reciprocidad en las importaciones para favorecer la rentabilidad de las explotaciones y el relevo generacional en el medio rural.

Por otro lado, las Cortes rechazaron, con el 47 votos en contra y 35 a favor, la propuesta del PSOE para blindar la subida del Salario Mínimo Interprofesional, por considerarse, por parte de los dos partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico, «propaganda electoral» de los socialistas ante las cercanas elecciones generales del 29 de noviembre.

La votación, que se tuvo que celebrar en urna al pedir el PSOE que se realizase por llamamiento y PP y Vox que fuera secreta, extendió nuevamente la sesión del miércoles en las Cortes y, además, requirió de un segundo llamamiento para el procurador socialista Sergio Iglesias y para el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, por el olvido de la Mesa a la hora de mencionarlos para que depositaran su voto.

En su propuesta, el PSOE pretendía instar a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para que garantice el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, y trataba de obligar al Ejecutivo autonómico a defender el papel de los sindicatos en la negociación colectiva, favorecer la mejora de los salarios en Castilla y León y reforzar el compromiso institucional con el diálogo social.

La PNL fue defendida por el procurador socialista Pedro González Reglero, cuyas primeras palabras fueron para trasladar su «apoyo y solidaridad» con los docentes que iniciaban la huelga este miércoles para «luchar por unas condiciones más justas», como a los trabajadores del transporte interurbano en León o del servicio del 1-1-2 que iniciarán el día 6 una huelga indefinida ante la que la Junta «algo podrá hacer».

Tras ello, entró en el debate reivindicando la subida del Salario Mínimo Interprofesional acometida por el Gobierno socialista, que en ocho años incrementó la cantidad del SMI en más de 485 euros al mes frente a los apenas 94 euros que lo hizo durante los siete años del Ejecutivo del ‘popular’ Mariano Rajoy. Sin embargo, desde el PP, la procuradora María José Álvarez Cascais afirmó que comparten con el PSOE el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero no así «el planteamiento, el enfoque y las propuestas» de los socialistas, a los que acusó de usar el SMI como un «latigazo electoral» y «propaganda de La Moncloa».

Los grupos del PP y Vox rechazaron una moción del PSOE sobre educación y no admitieron «lecciones» de los socialistas sobre una materia que a su juicio el Gobierno ha convertido en un «campo de batalla ideológico» para el «adoctrinamiento». Sin embargo, el procurador socialista Javier García pidió a los dos socios y la Junta que escuchen el «clamor» de los docentes que hicieron huelga este miércoles.

PP y VOX rechazan blindar el aborto y el PSOE tacha al Gobierno de «casposo»

Los grupos PP y Vox se opusieron este miércoles al blindaje del derecho al aborto en la Constitución al argumentar que el PSOE lo proponía ahora por «conveniencia» y «cálculo» político, mientras la viceportavoz socialista Patricia Gómez Urbán defendió que esta reforma de la Carta Magna, que paralizó el adelanto electoral en España, quiere impedir que esta conquista sea arrebatada a las mujeres por un futuro gobierno «machista» y «casposo».

La proposición no de ley del Grupo Socialista fue rechazada con 47 votos a en contra, de PP y Vox, frente a 34 a favor y una abstención, en una votación secreta en urna en la que los 82 procuradores fueron llamados uno por uno. El PSOE solicitó que el pronunciamiento fuera público y por llamamiento, pero los socios se opusieron, por lo que se repartieron unas papeletas para que cada uno eligiera el sí, no o abstención.

En la presentación de la iniciativa, la socialista Patricia Gómez insistió en que las feministas sabe que el PSOE es el único que puede proteger sus derechos y advirtió de que a las mujeres nunca se les ha regalado nada, sino que todos sus derechos los han tenido que conquistar, por lo que avisó de que ahora les toca defenderlos frente a los que las quieren devolverlas a tiempos “oscuros”. “Las mujeres no van a permitir que nadie decida por nosotras”, apostilló, tras recordar los años en que había “libertad” para las personas con recursos que podían abordar fuera de España y “condena” para el resto.

La ‘popular’ Ana Reyes San Millán criticó la “sobreactuación” de los socialistas al “agitar banderas", como el aborto, que señaló utilizan como “tela de paracaídas” para que el “golpe” sea menor. A su juicio, se trata de un “falso blindaje”, porque explicó que la vía del artículo 43 conlleva es una “degradación” del derecho.

También, consideró que se incumple el mandato constitucional de emprender modificaciones con “diálogo”, “consenso” y equilibrio", ya que a su juicio el PSOE lo hace como “amenaza” para acusar a los que se opongan de ir en contra de los derechos de las mujeres, que insistió tienen garantizada la prestación en Castilla y León.

La procuradora de Vox, María Dolores Mateo, censuró el “delirio ideológico” del PSOE, que aseveró le produce una “auténtica repugnancia moral”. De esta forma, rechazó que con la que está cayendo en España propongan eliminar “al ser más inocente e indefenso dentro del seno materno”.´

Así, censuró “introducir más muerte” en las leyes, tras los compatriotas que han fallecido o se han arruinado, y apostó por “la cultura de la vida”. “Pidan perdón a España”, espetó a los socialistas.

“No cuela”, espetó Patricia Gómez en su segundo turno al PP, ya que recordó su “historial bastante penoso” y el pacto con Vox en Castilla y León que dio lugar en 2023 al protocolo antiaborto. Además, criticó que los de Santiago Abascal utilicen iniciativas sobre los derechos de las mujeres para esparcir “toda su mierda” en las Cortes y negó que utilicen este tema como reclamo electoral, como les habían afeado los grupos.

En nombre del Grupo Mixto, la ‘leonesista’ Rosa María Quintanilla consideró “urgente” blindar el aborto en la Constitución y denunció la “discriminación geográfica” que existe en Castilla y León. “Los derechos de la mujer no pueden ser una moneda de cambio”, sentenció.

Finalmente, el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, aseguró que esta sesión “huele a elecciones”, y afeó al PSOE que no haya sido capaz en tres de sacar adelante un presupuesto y proponga una reforma constitucional sobre el aborto. A su juicio, los derechos de las mujeres no pueden convertirse en un “clásico” de sus campañas electorales.

PP y Vox reclaman a Marlaska más medios para Policía y Guardia Civil

PP y Vox sacaron adelante en las Cortes de Castilla y León una iniciativa para reclamar al Ministerio del Interior más efectivos y recursos para la Policía Nacional y la Guardia Civil. La propuesta contó también con el apoyo del Grupo Mixto y fue aprobada con 52 votos a favor frente a los 30 del PSOE.

Durante el debate, los dos socios del Gobierno autonómico denunciaron una supuesta pérdida de seguridad en las calles y defendieron la necesidad de reforzar los medios humanos y materiales de las fuerzas de seguridad para afrontar nuevos desafíos en materia de delincuencia.

El portavoz de Vox, David Hierro, vinculó el aumento de la criminalidad con la actividad de grupos juveniles violentos y reclamó que policías nacionales, guardias civiles y trabajadores de prisiones sean reconocidos como profesiones de riesgo. Además, citó varios episodios violentos registrados en la Comunidad durante el último año.

Por parte del PP, Neftalí Fernández defendió que es necesario incrementar los recursos policiales, mejorar la capacidad tecnológica de las fuerzas de seguridad y reforzar las medidas preventivas para evitar la captación de jóvenes por grupos violentos.

El PSOE rechazó la iniciativa y acusó a PP y Vox de ofrecer una visión alarmista de la seguridad. El procurador socialista Daniel de la Rosa defendió que Castilla y León ha ganado efectivos desde 2019, con 426 guardias civiles y 334 policías nacionales más.

Desde la Unión del Pueblo Leoonés, Luis Mariano Santos respaldó la propuesta por considerar necesario aumentar las plantillas de los cuerpos de seguridad, aunque pidió evitar la estigmatización de determinados colectivos y rechazó generalizaciones sobre el origen de los grupos violentos.

Soria Ya también apoyó la iniciativa, aunque mostró reservas sobre algunas de las referencias realizadas por Vox durante el debate. Con todo, la proposición salió adelante con una amplia mayoría parlamentaria para reclamar al Gobierno central un refuerzo de la seguridad en Castilla y León, informa Ical.