Carmen Crespo: "La soberanía alimentaria es el mayor arma de defensa de un país"

Castilla y León reunió este viernes en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León celebrado en Valladolid, a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; al presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero; y a Carmen Crespo, la ponente del informe de iniciativa sobre la PAC post 2027 en el Parlamento Europeo, para debatir las claves de la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2027 en una mesa de debate moderada por Pablo Lago, director de este periódico. 

En el encuentro, se estableció un mensaje nítido y compartido: preservar la arquitectura de dos pilares de la PAC con un presupuesto “sólido”, oponerse al modelo de “pilar único” de la Comisión y activar, si es preciso, el “bloqueo” en el Consejo. Crespo lo formuló sin rodeos: “No me basta con que digan que no nos gusta, si esto es así, se bloquea”, reclamando al Gobierno de España que pronuncie esa palabra desde el inicio de la negociación, porque no es un asunto sectorial: “Somos comercio, somos industria, somos transporte, somos empleo”. Durante su intervención, la europarlamentaria también destacó que "la soberanía alimentaria es el mayor arma de defensa de un país".

En la última propuesta de la Comisión Europea ante el próximo periodo de la PAC 2028/2034, el órgano planteó recortar 10.000 millones de euros para toda España en esos seis años, lo que se traduciría en una pérdida de alrededor de 1.000 millones de euros para los profesionales del campo de las nueve provincias de la Comunidad, un recorte que perjudicaría al sector agrario y que ha generado malestar entre los afectados, como ya avanzó este medio.

Por su parte, González Corral explicó la posición de la Junta: rechazo al pilar único y defensa de los dos pilares porque “es lo que ha permitido desarrollar numerosas actividades” y encaja con la realidad productiva de Castilla y León. Respaldó esa línea con una declaración institucional firmada en mayo con las OPAs, a la que se han adherido Urcacyl, la industria alimentaria (Vitartis), Ferduero y 8 de las 9 diputaciones, buscando “que todos defendamos lo mismo”. Esa hoja de ruta, dijo, ya se ha llevado a Bruselas: como representante autonómica en los Consejos de Ministros del semestre, entregó la declaración al comisario Hansen, en presencia de las organizaciones profesionales agrarias.

En ese paquete de prioridades, el agua fue uno de los temas destacados a tratar: Castilla y León “fue pionera” en acuerdos con Seiasa, con 125.000 hectáreas de regadíos modernizadas en dos décadas, y reclama que el nuevo documento europeo de “resiliencia del agua” deje de relegar a agricultores y ganaderos del sur de Europa, quienes más la necesitan y cuidan.

La consejera amarró el porqué económico con números que pesan en la balanza nacional: de cara a los pagos del 16 de octubre, las ayudas directas —incluidas agroambientales y zonas con limitaciones— ascienden en la Comunidad “en torno a 950 millones” de ayudas directas en forma de pagos anuales, a los que se suman “más de 1.180 millones” en inversiones y desarrollo rural vía segundo pilar y cofinanciación estatal y autonómica del periodo 23-27. “El planteamiento de un único pilar con reducción de fondos no encaja con aquello que queremos”, remarcó. Esa visión se cruza con la política hídrica: donde se ha modernizado, se ha logrado “ahorrar un 30% de agua”, argumento que la Junta quiere ver reflejado en los planes hidrológicos para habilitar nuevos regadíos y aumentar capacidad de regulación en la cuenca del Duero.

La competitividad, añadió, exige reglas iguales para todos: aplicar a los productos importados “las mismas exigencias en fitosanitarios y bienestar animal” que a los europeos, bajo el principio de reciprocidad para evitar competencia desleal. A la par, ligó agua y simplificación al relevo generacional: hay una convocatoria abierta “de 100 millones de euros” y “tres grupos de trabajo” con las OPAs para aligerar trámites y dar “tranquilidad y certidumbre” a los jóvenes.

Cabero encuadró la discusión en una “enmienda a la totalidad conceptual” a la orientación de la Comisión: la PAC “debe ir en otro sentido” y situar al agro en el núcleo duro de la UE, porque “no es un sector subsidiario ni sustituible”. Su esquema —rentabilidad, sostenibilidad amplia (económica, social y medioambiental) y seguridad— vertebra la capacidad del sector para generar bienestar, progreso y seguridad alimentaria, que “es base de nuestro desarrollo y de nuestra política de seguridad”. De ahí la advertencia: “Sin rentabilidad no puede haber actividad”; la cadena de valor —precios de materias primas, materiales, combustible— debe estar equilibrada para sostener la empresa agraria profesional que, en Castilla y León, ha protagonizado una modernización tecnológica sin precedentes. El CES respalda, además, la declaración de mayo y la posición fijada por el Parlamento Europeo en septiembre como base de una posición española influyente en el Consejo.

Crespo, por su parte, combinó una defensa política con ajustes técnicos. En lo político, reclamó “bloqueo” a la propuesta si persiste, por ser “una afrenta” a un sector vital para empleo, clima y cohesión territorial; en lo económico, destacó aspectos positivos del marco: “se blindan las ayudas directas”, hay posibilidad de “actualizar precios” y se refuerzan “ayudas acopladas” pensando en ganadería y remolacha, con referencias a jóvenes y mujeres. Pero señaló el “gran interrogante” del segundo pilar: España recibiría 88.000 millones en un fondo único, de los que unos 37.000 (34%) quedarían blindados para directas, y el resto se mezclaría con cohesión, abriendo dudas sobre cofinanciación y sobre programas como el del vino. “¿Nos vamos a hacer competencia con Francia o Italia según el dinero que ponga cada uno?” planteó.

Convergieron así las tres voces en un mismo carril: mantener dos pilares y un presupuesto suficiente, acelerar la modernización de regadíos, facilitar la incorporación de jóvenes con menos burocracia y reforzar reciprocidad y salvaguardas comerciales, mientras el Consejo encara una negociación larga en la que España —y Castilla y León por su peso agrario e industrial— aspira a marcar el paso.

María González Corral: "Lo que queremos es que cada vez haya más jóvenes que se dediquen a este sector"

Castilla y León fijó una posición sin ambages en voz de su consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral: una PAC post 2027 con un "presupuesto sólido" y el mantenimiento de los dos pilares, frente al modelo de pilar único que baraja la Comisión, porque "no encaja" con la realidad productiva y territorial de la Comunidad. La consejera puso cifras sobre la mesa para dimensionar lo que está en juego: "Las ayudas directas, donde incluimos también las agroambientales o las de montaña, las zonas de limitaciones suponen en torno a 950 millones de euros", a lo que se suman "más de 1.180 millones" del segundo pilar (inversiones y desarrollo rural). "Por eso, el planteamiento de un único pilar con reducción de fondos no encaja con aquello que queremos en Castilla y León", remarcó, en alusión a los pagos del 16 de octubre ya en curso.

Y es que esta defensa no es retórica: la Junta ha tejido desde mayo una declaración institucional con el sector que ya suscribieron las OPAs y Urcacyl —la gran plataforma de las cooperativas— y, esta misma semana, también la industria alimentaria (Vitartis) además de "administraciones y más entidades". A la declaración se han adherido 8 de las 9 diputaciones, con la vista puesta en que "todos tengamos una postura común" y que "administraciones, entidades y privados defendamos lo mismo". "Un presupuesto sólido, el mantenimiento de los dos pilares, que nos fijemos en los agricultores profesionales, que apostemos por el relevo generacional, por nuestra industria alimentaria y por la simplificación administrativa".

González Corral enmarcó además el proceso que viene: "Primer paso, la Comisión presenta un documento. Segundo paso, el Parlamento presenta un informe y ahora nos queda el Consejo, y el Consejo sí que tiene esa capacidad de veto". Consciente de que España "se juega" mucho, la consejera subrayó que ha llevado la posición de Castilla y León "a Bruselas" como representante de las comunidades autónomas en los Consejos de Ministros de este semestre, "entregada al comisario Hansen", con las OPAs a su lado, y que existe "una declaración conjunta" de comunidades autónomas rechazando el modelo propuesto. "Lo que queremos es que se escuche", insistió.

El agua y los regadíos ocuparon un bloque central de su argumentación, por pura lógica productiva. Recordó que Castilla y León fue "pionera" en convenios con Seiasa para modernizar regadíos y que "en los últimos 20 años" se han modernizado "125.000 hectáreas", una cifra "muy considerable" que debe verse y escucharse en Bruselas cuando se hable de "resiliencia del agua", porque el documento comunitario "deja en un segundo plano a nuestros agricultores y ganaderos" precisamente donde más falta hace, donde el recurso "es escaso y abundante quizá en periodos cortos", lo que obliga a "almacenarlo" y a garantizar estabilidad a las explotaciones.

No se quedó en el trazo grueso: donde se ha modernizado, "hemos conseguido ahorrar un 30% de agua". Eso, defendió, debe trasladarse a los planes hidrológicos de cuenca para abrir la puerta a "nuevos regadíos" y para "incrementar la capacidad de regulación en la cuenca del Duero", apoyándose en estudios y estrategias trabajadas con Ferduero y las comunidades de regantes. "Los agricultores están haciendo inversiones para ahorrar agua; permítanme, por tanto, tener una mayor capacidad para seguir realizando nuevos regadíos", pidió.

La consejera conectó ese "pacto del agua" con la demografía agraria: "Tenemos una convocatoria abierta en la que hemos puesto 100 millones de euros" para la incorporación de jóvenes, que expira en los próximos días, acompañada de una agenda de simplificación administrativa que la Junta ha trabajado "con tres grupos de trabajo con las OPAs" para que quienes entren lo hagan "con tranquilidad y con certidumbre". "Lo que queremos es que cada vez haya más jóvenes que se dediquen a este sector", dijo, ligándolo con el horizonte que espera de la negociación europea.

La reciprocidad comercial fue otro de los ejes. González Corral defendió "aplicar a los productos importados las mismas exigencias en fitosanitarios y bienestar animal que a los europeos" para "jugar en igualdad de condiciones" en el mercado global. "Estamos encantados de que se firmen más acuerdos y de exportar más", afirmó, "pero siempre jugando con esa garantía"; es decir, "jugar todos de la misma manera para que no compitamos con desventaja".

En esa misma clave de coherencia regulatoria, recordó que la declaración institucional de Castilla y León "incluye expresamente el compromiso de no prohibir el uso de sustancias fitosanitarias sin alternativas", y de "avanzar en investigación de semillas adaptadas al cambio climático", porque lo contrario "ahoga" al productor mientras otros países sí usan esas herramientas. También mostró sintonía con el impulso a "las técnicas genómicas" en las que trabaja la UE, por su potencial para reducir costes y aumentar resiliencia.

La consejera defendió además con énfasis a la remolacha, que vive un momento delicado: "Acogimos de muy mal gusto la noticia del cese de actividad de Azucarera, pero hemos estado con el sector”, sostuvo, detallando que la Junta "acogió a todos los agricultores que habían solicitado las ayudas agroambientales aunque teníamos un límite", y que defendió ante Ministerio y UE el uso excepcional de neonicotinoides "por las necesidades del cultivo". A ello sumó el respaldo técnico del ITACyL: "La remolacha era un sumidero de CO₂", lo que permitía encajarla en "distintas líneas de ayudas". "Tengo claro quela remolacha va a estar en la agenda a pelear en Bruselas", dijo.

También alertó del riesgo sistémico del fondo único que diluye pilares y convierte la PAC "común" en una suma de apuestas estatales. "Si nosotros, llegamos a ese punto, apostamos por el sector de los regadíos estaríamos jugando en desventaja contra la ganadería de Portugal, el aceite de Italia o el vino de Francia. Hasta ahora lo que teníamos era una política agraria común donde todos jugábamos con las mismas reglas y este planteamiento lo que significa es que los Estados miembros van a poder decidir, pero van a poder decidir que puede suponer que ya no sea una política agraria común sino que sea un enfrentamiento entre distintos sectores de distintos países miembros. Perdería un poco la filosofía de la PAC actual que era garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de la Unión Europea trabajando todos de manera conjunta que es lo que estamos haciendo ahora desde Castilla y León".

Por eso insistió tanto en "dar estabilidad, tranquilidad y certidumbre" a agricultores, cooperativas e industria para planificar "a corto, medio y largo plazo", algo que el modelo de pilar único pone en cuestión: "Se plantean muchas dudas" —¿cómo serán las ayudas a la industria, a la remolacha, a los regadíos?— cuando "ahora teníamos unas reglas" que daban seguridad de inversión y de incorporación. "Esa rentabilidad, esa tranquilidad" son, resumió, condición para que el sector siga tirando.

En el tablero europeo, González Corral reclamó unidad de acción y claridad de mensaje: "Quedan meses de negociaciones" y hay que abordarlos "desde la unión" —la del sector en Castilla y León— y desde la UE, con los eurodiputados como palanca.

Carmen Crespo: "Estamos esperando del Gobierno de España la palabra 'bloqueo'"

Carmen Crespo, ponente del informe de iniciativa sobre la PAC post 2027 en el Parlamento Europeo, aterrizó en Valladolid con una idea fuerza que repitió como un martillo: "No me basta con que digan que no nos gusta. No se trata de no gustar. Se trata de decirle a la Comisión: si esto es así, se bloquea". Y lo reclamó "ya" al Gobierno de España para entrar en el Consejo "desde el principio" con una postura nítida. "Es la mejor forma en estos momentos de que cambie la cosa". La razón, resumió, es que no hablamos de un "sector agrario y ganadero" aislado, sino de comercio, industria, transporte y empleo: "Es un sector básico para el futuro de nuestra sociedad".

La eurodiputada distinguió entre lo inaceptable y lo rescatable del paquete que plantea Bruselas. En el activo, marcó "cosas positivas": "Se blindan las ayudas directas"; hay luz verde para "actualizar precios" y se refuerzan las "ayudas acopladas" pensando "en la ganadería" y "en la remolacha", junto a menciones —"de forma muy vaga"— a jóvenes y mujeres dentro de la cifra global que España recibiría. Pero ahí afloró el gran nudo: "88.000 millones en un fondo único", de los que "37.000, aproximadamente, el 34%" quedarían blindados para directas. ¿Y el resto? "Un gran interrogante: ese segundo pilar que va mezclado con los fondos de cohesión que va mezclado con toda la política que va en el bloque para que nuestro país pueda hacer lo que considere oportuno". De fondo, dudas obvias: ¿habrá capacidad de cofinanciación sin presupuestos? ¿Se abrirá una "competencia" intraeuropea en programas como el del vino según "el dinero que ponga cada uno"? "Eso no puede ocurrir", avisó.

De ahí su exigencia política: bloqueo si la propuesta no cambia. Para Crespo no es cuestión de siglas sino de coherencia del país ante "una afrenta" a un sector que fija población, genera empleo y es clave como "sumidero de CO₂" frente al cambio climático. "España se juega más que nadie" y, por tanto, debe "estar unida" y pronunciar "ya" la palabra bloqueo "unánimemente" para que Europa entienda que vamos en serio, reclamó, antes de señalar que "la soberanía alimentaria de la Unión Europea es la mayor arma de defensa que puede tener una sociedad".

En el capítulo comercial, trajo una novedad largamente demandada por el campo: una resolución que incorpora cláusulas de salvaguarda con umbrales "10-10" y, sobre todo, "21 días para reaccionar". "Esto es lo más importante", recalcó, porque el sector se ha quejado siempre de la lentitud de Europa para activar defensas frente a distorsiones, como se ha visto con Ucrania. La pieza que falta, apuntó, es estructural: una "oficina de control de importaciones" a escala UE que, respetando la autonomía portuaria, centralice estadísticas y permita una reacción "inmediata" cuando un acuerdo no se cumple o un precio se desmanda.

El agua fue otro de los temas del debate: "Equilibrar el agua no es una posibilidad, es una obligación". Propuso empezar por lo básico —reducir pérdidas en redes y apostar por economía circular—, y no negarse ni a embalses ni a soluciones de regulación "por razones ideológicas". "Los científicos son los que tienen que decir si se embalsa agua aquí", defendió, lamentando que España "perdió una oportunidad" con el Next Generation y emplazando a usar el BEI para financiar la infraestructura que falta.

El dinero, insistió, no puede jugar contra el propio campo. Puso una cifra incómoda sobre la mesa: "Nuestro país va a pagar con la PAC, con esa propuesta, el 20% de intereses del Next Generation en el marco financiero plurianual" cuando ese instrumento "no se ha utilizado ni para la agricultura, ni para la ganadería ni para el agua". Por eso, a la vez que felicitó a Castilla y León por su "magnífica labor en regadíos", pidió acelerar "declaraciones de impacto ambiental" para culminar modernizaciones "cruciales" que den competitividad.

En normativa interna del sector, defendió la reciente reforma europea de la OCM única: "Se establecen los contratos por escrito", pero con "simplificación a cooperativas" a través de sus estatutos para evitar el calvario de ir "contrato a contrato". Lo consideró "buen camino" hacia un "precio justo" para el productor y celebró también el paquete de simplificación "Ómnibus 3", aprobado la víspera, como señal de que Europa puede desburocratizar en serio.

Crespo hiló esta agenda de simplificación con otra de fondo: innovación sin complejos. Se declaró "defensora a ultranza" de implantar "las nuevas técnicas genómicas" para recortar costes y ofrecer futuro a los jóvenes. Y en fitosanitarios, reclamó rigor científico frente a decisiones "erróneas" del pasado: Europa ha eliminado "83" sustancias, lo que ha expulsado investigación; conclusión: "Si afecta a la salud, rápidamente se quita", pero "si no es así, se tiene que preservar".

La coherencia regulatoria, añadió, debe ser europea de verdad. "No puede haber 27 PAC", dijo, y reclamó "modificar el reglamento 1117" de fitosanitarios para que si una sustancia se autoriza —puso como ejemplo el azúcar/remolacha— su uso se armonice en todos los países y no distorsione la competencia. De lo contrario, se genera un mosaico que castiga a unos productores frente a otros dentro del mismo mercado único.

En el terreno fiscal y del relevo, ató cabos con franqueza: "Hemos subido 95 veces en España la fiscalidad al sector y así no se incorporan los jóvenes". Pidió "bajar la fiscalidad en módulos", ser "imaginativos" y, sobre todo, simplificar la transmisión de tierras para que no sea necesario "montar un negocio nuevo" cuando hay relevo de padres a hijos: "Ahí es donde tiene que estar la simplificación".

Crespo también conectó PAC, territorio y monte con un diagnóstico incómodo: se ha sobrerregulado el ámbito forestal hasta dejarlo "abandonado" y "pasto de las llamas". Propuso "virar" la política: "reintroducir la ganadería extensiva", corregir "errores" como "echar la caza sostenible" y "modificar el artículo 40 de la Ley de Montes" y la Ley de Restauración de la Naturaleza, cuyo efecto —aunque bienintencionado— está siendo "contrario a lo que busca".

En la secuencia institucional, situó el reloj político de la reforma: el documento de la Comisión, el informe del Parlamento con un "no" mayoritario a la propuesta, y "ahora" el Consejo, que "sí tiene capacidad de veto". La pelota está en la sala de máquinas de los gobiernos, y España, insistió, debe actuar desde ya con la fortaleza de un mandato claro.

Finalmente, ligó todo lo anterior a una idea estratégica: esta negociación no puede degradarse a un tira y afloja contable. "Somos comercio" y dependemos de lo que acuerde el comisario Šefčovič; si queremos cadenas de valor agroalimentarias fuertes, necesitamos reglas simétricas dentro y fuera, mecanismos de reacción en días —no en meses— y una arquitectura financiera que no desdibuje el segundo pilar. De lo contrario, advirtió, peligran programas que han "modernizado nuestro campo" y, con ellos, la capacidad del medio rural para "seguir creando empleo, creciendo y fijando población". "España se juega más que nadie", concluyó.

Enrique Cabero: "Sin rentabilidad no puede haber actividad"

Castilla y León "no está hablando de cualquier sector": el campo es estratégico y debe situarse en el núcleo duro de las decisiones europeas. Con esa premisa, Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, articuló un alegato político, económico y social en defensa de una PAC post 2027 que refuerce el papel del agro en la seguridad, el bienestar y la autonomía de la Unión. "Coincidimos plenamente con la declaración conjunta de mayo" y con la posición aprobada en el Parlamento Europeo a partir del informe de Crespo, dijo, porque "esta es una materia crucial para el CES" y para una Comunidad que es "potencia agraria y agroindustrial"; el campo "garantiza el bienestar, el progreso y la seguridad".

Su armazón conceptual arrancó con una advertencia: "Sin rentabilidad no puede haber actividad". Cabero encadenó esa idea a una revisión de toda la cadena de valor —materias primas, materiales, combustible— para que "sea rentable" producir alimentos en Europa; y a una triple sostenibilidad que, a su juicio, debe dejar de ser eslogan para convertirse en criterio operativo: económica (indisociable de la rentabilidad), social (vinculada a derechos y necesidades de la ciudadanía) y medioambiental ("el sector es de los que más cuida el medioambiente").

En esa triple base sumó una cuarta palabra que repitió a lo largo del debate: seguridad. "Debe ser un sector seguro. Un sector sin incertidumbres" que, además, empuje el segundo pilar para el desarrollo de las zonas rurales y blinde la seguridad alimentaria, "una de las bases de nuestro desarrollo, de nuestro bienestar e incluso de nuestra política de seguridad". "Sin seguridad alimentaria no podemos ir a ninguna parte".

El presidente del CESCyL dibujó, además, un retrato de sector alejado de tópicos, apoyado en datos de modernización e innovación: un agro "muy profesional" que, en Castilla y León, ha hecho "el mayor esfuerzo de modernización, de tecnologización y de mejora constante de la calidad" en décadas. Por eso pidió "respaldar la dimensión profesional" y convertir esa profesionalidad en un requisito que atraiga inversión, talento y estabilidad regulatoria.

La estabilidad, insistió, se construye también con perspectiva demográfica y educativa: "Es un sector que necesita el relevo generacional presidido por la igualdad efectiva", capaz de romper tópicos de género y de atraer a "personas jóvenes, bien formadas", procedentes de la FP y de la universidad, hacia un campo tecnificado, productivo y socialmente valorado. Es una agenda de país que, subrayó, debe involucrar a todo el sistema de formación y a la industria.

Desde esa mirada de largo alcance, Cabero reclamó una "enmienda a la totalidad" de la orientación con la que la Comisión ha abierto el melón de la PAC post 2027. No una enmienda técnica, sino "conceptual": "La PAC tiene que ir en otro sentido, en el sentido contrario de lo que se está planteando". El sector agrario "no es subsidiario ni sustituible"; está "en el núcleo duro de las decisiones" si Europa quiere acertar. La política agraria debe "conducir a fomentar el sector" porque es palanca de seguridad y defensa, de productividad, de autonomía estratégica, de tecnologías, de materias primas, de energía y, en suma, de un "modelo de Unión Europea más integrado y relevante".

Ese giro, añadió, exige prestigiar al sector ante la sociedad y acompañarlo con "una financiación adecuada, un sistema correcto de rentabilidades y de certidumbres" que lo sitúe "entre los más importantes de la economía y de la sociedad europea". Buscar la innovación "sí, pero en todos los campos", sin olvidar que el agro es una pieza clave de la autonomía europea.

Cabero enlazó su crítica a la propuesta comunitaria con una defensa de la lógica estratégica de la PAC: ya no se trata de nivelar rentas; "estamos hablando de un futuro estratégico para nuestro continente". Si Europa no refuerza su sector agrario, "está en peligro nuestro propio sistema de convivencia, nuestro sistema de libertades y nuestra autonomía y soberanía en el contexto internacional". La Comisión y el Consejo deben asumir que el agro "no es un sector menor, es estratégico y prioritario para conseguir los objetivos fundamentales de la política de la Unión". Esa es, para él, la base que "justifica una enmienda a la totalidad" al documento presentado.

Antes de esa conclusión, el presidente del CESCyL había situado su acuerdo con el marco de unidad tejido en la Comunidad: coincidencia "plena" con la declaración institucional de mayo —suscrita por OPAs y más actores— y con la posición política mayoritaria fijada en el Parlamento Europeo a partir del informe de Crespo. Es, insistió, una senda de consenso "muy acertada" para influir en el Consejo y corregir el tiro de la reforma. "Este es un sector estratégico", repitió, "y Castilla y León es potencia gracias al trabajo inmenso" del campo y de la industria alimentaria.

El discurso, con todo, no se quedó en el plano institucional. Volvió a lo esencial: la economía del día a día en las explotaciones. "La actividad del campo es una actividad con contenido económico". Por eso, además de reglas claras, "todo lo que es la cadena de valor" debe funcionar: precios de insumos, energía y materiales, para que sea rentable producir. "La rentabilidad es clave", remarcó.

Esa rentabilidad —y la seguridad regulatoria— no son un fin en sí mismo, avisó, sino la condición de posibilidad de otras políticas: sin agro fuerte no hay empleo estable en el medio rural, no hay transferencia tecnológica en la industria alimentaria, no hay política forestal que funcione, ni gestión de montes y de bosques que combine economía y prevención. 

En su exposición, el presidente del CESCyL también dejó un recordatorio jurídico-político que muchos olvidan: el mandato del artículo 130 de la Constitución de 1978 para atender de forma especial a agricultura, ganadería, pesca, artesanía y zonas de montaña. Y el eco de ese mandato en los tratados de la Unión. La defensa del sector, por tanto, no es un capricho ni una concesión corporativa; responde a una obligación democrática y europea.

La "línea de producción" fue otro de sus leitmotivs. Europa "tiene que recuperar la línea de producción" para disponer de autonomía en sus decisiones. Eso implica que los estándares de calidad y de sostenibilidad construidos durante décadas "se extiendan por todo el mundo", no al revés; de poco sirve imponer exigencias internas si se abre la puerta a importaciones que las eludan. La política comercial y la agraria, sugirió, deben caminar juntas.

Desde Castilla y León, ese planteamiento se traduce en una agenda de certezas: reforzar el papel del agro en la economía europea; garantizar la rentabilidad a través de una cadena de valor equilibrada; sostener la triple sostenibilidad como hoja de ruta; reducir incertidumbres con un segundo pilar robusto que apalanque desarrollo rural; prestigiar socialmente el trabajo agrario y agroindustrial; y activar una ofensiva de talento joven y femenino con formación sólida. Todo ello dentro de una PAC que, lejos de diluirse en planteamientos de "pilar único", vuelva a ser la palanca que "fomente el sector" porque es "clave" para la seguridad, la productividad y la autonomía de Europa.