Primer año de la oficina anticorrupción: recibe 62 ‘soplos’ y envía tres a la Fiscalía en Castilla y León

En su primer año de actividad, la Autoridad independiente en materia de corrupción de Castilla y León ha remitido a la Fiscalía tres denuncias al percibir indicios de delito. Una de ellas señala a una presunta irregularidad en el seno de la Junta y las dos otras al sector local, en un mismo municipio de la provincia de León.

En total, esta naciente ‘oficina anticorrupción’ con sede en Palencia y liderada por el letrado Luis Gracia Romero ha recibido 62 denuncias durante el primer año de vida, de las cuales quince siguen abiertas.

De las que ya se han cerrado, el grueso de ellas dieron lugar al inicio de una investigación que, en la mayoría de los casos concluyó con el archivo del expediente, a menudo incluyendo recomendaciones (vinculantes pero no ejecutivas) para la administración señalada o directamente con el cierre tras comprobar el instructor que los hechos relatados carecen de verosimilitud o no son constitutivos de una infracción del ordenamiento jurídico. Otra media docena resultaron inadmitidas por carecer de fundamento o no cumplir los requisitos y dos más fueron trasladadas al organismo competente.

En cuanto a las administraciones señaladas en las denuncias, la mayoría son entidades locales, que concentran en torno a la mitad de los ‘chivatazos’. El resto se reparte entre la administración autonómica y otras entidades del sector público, como las universidades, que centran seis denuncias durante este primer año.

Durante el ejercicio 2024 se tramitaron 25 denuncias y en lo que llevamos de 2025 se han registrado otras 37, «lo que evidencia un progresivo aumento y refleja una tendencia al alza en la actuación» de la Autoridad anticorrupción, destaca su titular.

El contenido de los hechos denunciados «es confidencial», pero la estadística registra las materias. Las más frecuentes aluden a irregularidades en la gestión de recursos humanos, con cerca de la mitad de los casos. Le siguen las denuncias por presunta corrupción o por atentar contra políticas públicas. A continuación se sitúa el bloque de incumplimientos en procesos de contratación pública.

Por último, se ha recibido alguna denuncia por la falta de su propio canal interno para recibir ‘chivatazos’, una herramienta que ya deberían haber desplegado cerca de cinco mil entidades del sector público en Castilla y León (entre administraciones, fundaciones, sociedades públicas...). Sin embargo, sólo 110 lo han creado, según los datos de la ‘oficina anticorrupción’ de Castilla y León, encargada también de registrar estos canales internos e identificar al responsable de cada uno de ellos. Los que cumplen representan sólo el 2% de todos los obligados, una tasa muy baja pese al aumento progresivo. Elevar ese porcentaje, facilitando la adhesión de los pequeños ayuntamientos, es uno de los objetivos de las reuniones mantenidas en este año con distintas diputaciones provinciales.

Los tres casos remitidos en este primer año a la fiscalía han llegado al ministerio público anonimizados, es decir, sin la identidad del denunciante. Precisamente proteger a la persona que informa es la primera razón de ser de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la norma estatal que regula las funciones de los vigilantes anticorrupción. Esa ley traspone en España la llamada ‘directiva whistleblowing’, de 2019, para dar cobertura al denunciante y animar a cualquier ciudadano a usar el silbato para alertar de una posible irregularidad.

Recibir e investigar esos ‘soplos’ que llegan a través del canal externo es sólo una de las funciones de esta ‘oficina anticorrupción’, concebida para vigilar a los poderes públicos y, en consecuencia, actuar como inhibidor de prácticas inadecuadas dentro de una administración. «Nuestra principal misión no es la mera gestión del canal de denuncias sino proteger a los denunciantes, porque eso es lo que va a animar a que lleguen más denuncias», resume el titular de este órgano independiente. Por eso, insiste en que «el chivato no es tal y no se le debe estigmatizar, porque es una persona que cumple con un deber ético y social con la comunidad».

Para Luis Gracia «es importante que todos, esencialmente las altas instancias, noten el aliento del ciudadano y de una Oficina anticorrupción en algún momento, para limitar la impunidad, que los corruptos decidan cortarse», pero también reconoce que «es muy osado pensar que mediante este sistema de denuncias se pueda acabar con una corrupción sistémica y organizada». Por eso, el titular de la Autoridad asume una misión más largoplacista para avanzar en un cambio de paradigma: extender «una cultura de integridad y ética pública». Explica que «las denuncias son muy importantes como medida indirecta, porque son participación ciudadana». Pero –continúa–«cuando se adoptan medidas directas, el daño ya está hecho, continúa el descredito de las instituciones y crece la percepción de la corrupción». «Nadie gana las guerras luchando de forma directa contra su oponente sino con estrategias indirectas», puntualiza.

«Es importante que las altas instancias noten el aliento del ciudadano para limitar la impunidad, que los corruptos decidan cortarse»Luis Gracia, Autoridad en materia de corrupción de Castilla y León

Ante el «riesgo» de que se implanten canales de información sólo para cumplir la ley, Gracia defiende que lo «esencial» es «implementar marcos de integridad pública». «Es fundamental obtener el compromiso de toda la organización, en particular de los niveles políticos y la alta dirección, a través de un enfoque estratégico y coordinado con los instrumentos de control existentes», explica emplazando al ciudadano a participar en la definición de esos marcos.

De las denuncias recibidas durante este primer año en Castilla y León, el denunciante optó por identificarse en más de la mitad de los casos mientras que una veintena de informaciones llegaron al buzón de la Autoridad de forma anónima.

Al menos seis de los denunciantes solicitaron medidas de protección para evitar represalias por trasladar la información sospechosa, pero en ninguno de los casos se llegaron a implementar al tratarse de casos que no prosperaron en su tramitación.

Por otro lado, durante este primer año no se ha adoptado la decisión de iniciar ningún procedimiento sancionador, una posibilidad prevista en la normativa y que contempla multas –en función de la gravedad– que pueden oscilar entre los 1.001 y los 300.000 euros para personas físicas y entre 100.000 y un millón de euros para las personas jurídicas.

La creación en Castilla y León de la Autoridad Independiente quedó dispuesta en la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas. Echó a andar semanas después, a partir del 20 de junio de 2024, con la toma de posesión de Gracia Romero como titular de esta Autoridad, jurídicamente adscrita al Consejo de Cuentas pero con independencia jerárquica y funcional.

Cada año debe rendir cuentas de su actividad ante las Cortes de Castilla y León mediante una memoria anual que esta semana el titular de la Autoridad entregará (el martes, 10 de junio) en el parlamento autonómico.

Este primer año ha servido también para iniciar el rodaje de la oficina con diversa tarea burocrática: se ha ocupado de redactar los protocolos y procedimientos que recogen sus reglas de funcionamiento, así como de desarrollar las herramientas de gestión, internas y externas, para canalizar la comunicación con el ciudadano y darse a conocer (desde el diseño de su propia página web hasta la creación de un perfil en Linkedin).

Además, su equipo, aún reducido, está a medio formar. De momento lo integran cuatro trabajadores (asesora, letrada, investigadora y administrativo), a falta de incorporarse dos efectivos más, ya que la plantilla autorizada por las Cortes contempla seis personas para esta entidad de vigilancia.

Los ‘vigilantes’ en la lucha contra la corrupción y prevención del fraude son una figura que cuenta con un gran desarrollo en la cultura anglosajona. Recogen la información del coloquialmente llamado ‘whistleblower’ (soplador o denunciante), una persona que alertan cuando detecta alguna irregularidad en el funcionamiento de una organización. En España, oficinas como las de Comunidad Valenciana o Cataluña llevan la delantera con más experiencia y plantillas que superan el medio centenar de trabajadores.

En Castilla y León, esta oficina actúa como canal externo de comunicación respecto de las informaciones que afecten al sector público autonómico y local, a las instituciones propias y a las Cortes (en su gestión administrativa y de gestión).