Sólo el 1% de las entidades públicas de Castilla y León registra su canal anticorrupción

Todas las administraciones públicas de Castilla y León (cerca de 4.900, entre ayuntamientos y entidades locales, fundaciones, consorcios, empresas públicas, universidades... hasta la propia Junta) están obligadas desde hace más de un año a disponer de un canal interno de denuncias que permita a cualquier trabajador informar de posibles irregularidades en la gestión y que proteja al denunciante de represalias y garantice su anonimato. 

Además, deben informar de la creación de esta herramienta a la Autoridad independiente ‘anticorrupción’, una tarea encomendada en Castilla y León a una naciente institución con sede en Palencia que encabeza el letrado Luis Gracia Romero. Todo eso es lo que dicta la ley estatal 2/2023, por trasposición de un mandato europeo (la ‘directiva whistleblowing’, de 2019). Pero de lo legislado al hecho, hay un trecho.

De momento, sólo 55 entidades públicas han registrado sus respectivos canales internos de denuncia. Representan el 1% de todas las que están obligadas a hacerlo en Castilla y León. En concreto, sólo lo han hecho 41 ayuntamientos, seis fundaciones, tres entidades locales menores, dos mancomunidades, una diputación, una sociedad municipal y una comunidad, según un informe realizado por la Autoridad Independiente en Materia de Corrupción de Castilla y León (la AICCyL), disponible en su recién creada página web.

Eso no significa que haya alguna entidad más que también ha creado su canal interno de denuncias –como también constata el citado informe– aunque no lo hayan comunicado como es preceptivo (en un plazo de diez días) a la Autoridad, encargada de recopilarlos en un registro donde también debe constar quién es el responsable de cada uno de esos ‘buzones’ para recibir esas sospechas de un posible fraude o irregularidad por parte de los propios empleados públicos o trabajadores que mantengan una relación laboral con la administración.

A la vista de este escenario, Luis Gracia lamenta la «preocupante falta de cumplimiento» con la obligación legal de implantar estos canales internos, un «instrumento esencial para fomentar la transparencia y la integridad en el ámbito público».

Su implantación es obligatoria para todas las entidades que conforman el sector público (y para empresas privadas con más de 50 trabajadores) desde hace 18 meses (doce meses en el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes). La normativa contempla que los pequeños municipios puedan compartir ese sistema interno de denuncias (y los recursos destinados a investigar y tramitar los ‘soplos’ que reciban).

Tal y como sucede en otros ámbitos, lo deseable es que administraciones con más medios como las diputaciones provinciales sirvan de paraguas a pequeños municipios o juntas vecinales con recursos limitados, apenas suficientes para garantizar el funcionamiento corriente en una Comunidad de territorio extenso y población dispersa. 

En la práctica, esta fórmula casi no ha sido explorada. Hay excepciones, como la Diputación de Segovia (que comparte su canal interno con cuatro entes públicos dependientes de ella), la de Palencia (sistema al alimón con el Consorcio del Canal de Castilla) o la del Ayuntamiento de Valladolid (con la Sociedad Mixta para la promoción del Turismo).

Así lo recoge la investigación realizada por la Autoridad –sin ánimo de resultar exhaustiva, se presenta como una «primera aproximación»– en un recorrido por los canales de denuncias ya creados que ha permitido detectar varios defectos y emitir recomendaciones precisas.

Tras constatar el «escaso cumplimiento de la obligación legal» de registrar los canales, de partida, insta a todas las entidades a implementar los sistemas internos de información y a informar a la Autoridad (a través del enlace creado en la página web del órgano independiente) en el plazo establecido de diez días.

Entre los sistemas de información ya creados, verifica un «funcionamiento adecuado» en muchos de ellos. Por ejemplo, en las nueve diputaciones, aunque en algunas de ellas «no se encuentran fácilmente» y permanecen algo escondidos, al no figurar en su web principal y en su sede electrónica, como establece la normativa. Por eso lamenta que haya que recurrir a los buscadores de la web para llegar a algunos de ellos o rastrear su pista a través de un navegador externo.

En cuanto a la Junta, ha desarrollado una normativa que regula su propio sistema interno, «fácilmente encontrado en una búsqueda», aunque no figura «entre los trámites de la sede electrónica, ni al pie de página de ésta ni en la web principal». La Administración autonómica no informó directamente de la creación de su canal interno a la Autoridad independiente, aunque su creación se hizo pública al salir en el Bocyl. La responsabilidad del sistema autonómico recae en el Inspector General de Servicios.

Las cuatro universidades públicas disponen, por su parte, de sus respectivos canales de denuncias, aunque la de Burgos presenta un defecto grave: su formulario exige identificación de la persona que remite la información (añade que esos datos personales «serán directamente encriptados y no serán visibles para ninguna persona»), lo que contraviene la normativa, ya que deben admitirse las denuncias anónimas.

El acceso a los canales de las universidades de León y Salamanca es mejorable. Más acertado resulta el sistema de la Universidad de Valladolid, que conecta con el sistema interno de información desde el pie de página de la sede electrónica y de la página de inicio. Su canal interno está «gestionado por 'whistleblower software'».

Entre los ayuntamientos, el cumplimiento deja un amplio margen de mejora. Entre los 24 de mayor población (por encima de los 10.000 habitantes), la Autoridad independiente ha constatado la existencia de un canal de denuncias en las web de doce ayuntamientos: son los de Ávila, Astorga, La Bañeza, Palencia, Béjar, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Santa Marta de Tormes, El Espinar, Soria, Valladolid, Arroyo de la Encomienda. Pero la otra docena carece de esta herramienta o, al menos, no resulta accesible porque «no se encuentra» en la web principal, «ni en los trámites de la sede electrónica ni al pie de su página». Se trata de los portales de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Segovia, Laguna de Duero, Medina del Campo, Zamora y Benavente. 

Entre los consistorios de menor tamaño una «búsqueda aleatoria ha demostrado que muchos de ellos cuentan con su propio canal de denuncias».

En Ávila, no constan canales en Arenas de San Pedro, Arévalo, Candeleda, Las Navas del Marqués pero sí en Sotillo de la Adrada.

En Burgos, lo tiene Briviesca pero no Medina de Pomar. En León carecen de la herramienta Bembibre y Valencia de Don Juan, pero sí la tiene Sariegos.

En Palencia, Aguilar de Campoo lo tiene accesible, pero no Guardo, Venta de Baños ni Villamuriel de Cerrato. En Salamanca, la implementación del canal en Alba de Tormes contrasta con la ausencia en Carbajosa de la Sagrada, Peñaranda de Bracamonte, Villamayor y Villares de la Reina.

Cuéllar lo tiene pero en la provincia de Segovia no figura el de Real Sitio de San Ildefonso. En Soria, Almazán dispone de su canal en la sede electrónica pero no Burgo de Osma. En Valladolid, los que lo han implementado son Aldeamayor de San Martín y Tordesillas, frente a los incumplimientos de Cigales, La Cistérniga, Íscar, Peñafiel, Simancas, Tudela de Duero y Zaratán. El municipio zamorano de Toro tiene su canal de denuncias en la página principal del ayuntamiento.

Recomendación

Tras recabar esta información, el órgano presidido por Luis Gracia lanza la recomendación de incluir enlaces a sus canales de denuncias en una ubicación visible, como el pie de página de su web principal y de sus sedes electrónicas, «asegurando su fácil identificación y uso».

El registro de los canales internos es una de las funciones asumidas por la Autoridad independiente, que también ejerce de canal externo de denuncias. Es decir, recibe información de presuntas irregularidades en el ámbito público autonómico y local del territorio de Castilla y León.

Investigar y resolver los casos sospechosos de corrupción es sólo una de las patas de la actividad encomendada a este organismo. Le corresponde también la potestad sancionadora de las infracciones contempladas, así como la adopción de las medidas de apoyo a las personas informantes y las funciones de prevención y formación en materia de integridad, prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.

En Castilla y León, la creación de la Autoridad Independiente quedó dispuesta en la Ley 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas. El letrado Luis Gracia tomó posesión en junio del año pasado del nuevo cargo.

Entonces echó a andar sin apenas recursos, adscrito al Consejo de Cuentas. A finales de octubre, la Mesa de las Cortes autorizó una plantilla integrada por seis personas (cinco funcionarios de libre designación y un asesor contratado como personal eventual). De momento, sin embargo, sólo se ha ocupado una de las plazas. Gracia confía en que pronto se active la disponibilidad presupuestaria necesaria para cubrir el resto de plazas.