Diario de Castilla y León

MEDIO AMBIENTE

Diecisiete entidades de Castilla y León se unen a una concentración nacional contra las macroplantas de biogás

Convocan para el 31 de mayo movilizaciones en los pueblos y ciudades con el lema 'Ni en tu pueblo ni en el mío' para exigir «la paralización inmediata de todos los proyectos»

Manifestación contra la proliferación de macrogranjas y plantas de biogás en Castilla y León celebrada en Valladolid el 22 de marzo.

Manifestación contra la proliferación de macrogranjas y plantas de biogás en Castilla y León celebrada en Valladolid el 22 de marzo.ICAL

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Valladolid

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«Ni en tu pueblo ni en el mío». Es el lema con el que medio centenar de colectivos de toda España convocan concentraciones simultáneas en pueblos y ciudades para el próximo 31 de mayo. de ellas, 17 son de Castilla y León —si se cuenta como solo una la Federación 'Zamora en Pie', formada a su vez por nueve asociaciones y plataformas–. El objetivo es exigir la «paralización inmediata» de todos los proyectos de «macro-plantas» de biogás y biometano, tanto en tramitación como ya aprobados.

«Desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura, Navarra o Catalunya, las comunidades afectadas se están organizando para decir basta», declara la asociación vecinal Apam, domiciliada en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz, en una nota de prensa. «Esta jornada de lucha, impulsada por la red estatal StopBiogás, denuncia un modelo que devasta el medio rural, degrada el territorio y pone en riesgo la salud de las personas, fomentado sin transparencia y sin escuchar a la ciudadanía».

Los organizadores aseguran que las «macroplantas» de biogás y biometano «están siendo presentadas como instalaciones verdes o circulares, cuando en realidad son grandes instalaciones industriales contaminantes, que reciben y procesan residuos como purines, lodos de depuradora, restos orgánicos urbanos, restos agrícolas, subproductos de mataderos o incluso cadáveres animales».

También declaran que de estas plantas «se obtiene un residuo tóxico, el digestato, que contiene metales pesados, bacterias resistentes, fármacos veterinarios, nitratos y otras sustancias contaminantes». Es más, su esparcimiento o almacenamiento inadecuado «puede generar focos de contaminación en suelos, acuíferos y atmósfera, provocando olores insoportables, proliferación de insectos y aumentando los riesgos para la salud pública, pudiendo incluso derivar en crisis sanitarias como ocurrió con la de las vacas locas».

«Lejos de fomentar una economía circular, estas macro-plantas necesitan un flujo constante y creciente de residuos para ser rentables. Esto refuerza el modelo agro-industrial contaminante, especialmente el de la ganadería intensiva», apunta el comunicado. «En muchos territorios, se están promoviendo nuevas macrogranjas con la excusa de que los residuos serán procesados en macroplantas de biogás. Esto crea un círculo vicioso que multiplica la contaminación: más animales, más residuos, más digestato, más emisiones. El biogás se convierte en la coartada para legalizar la expansión de un modelo insostenible», remarcan los organizadores.

Las entidades participantes en la campaña opinan que estos proyectos no generan beneficios reales para los pueblos, que «crean poco empleo, deterioran los recursos naturales, desvalorizan las viviendas y dificultan un modelo rural sostenible». También denuncian que su tramitación «se realiza con total opacidad y sin participación vecinal. Se aprueban con evaluaciones ambientales incompletas o sesgadas, y se financian con fondos públicos bajo promesas falsas de sostenibilidad. Crean ruptura social, fomentando la confrontación entre los vecinos y vecinas. Quienes cuestionan estos proyectos son tachados 'enemigos del progreso'».

Por todo ello, las organizaciones convocantes exigen la paralización «inmediata» de todos los proyectos de macro-plantas de biogás y biometano en tramitación o/y aprobados, así como nuevos proyectos; una transición hacia un modelo energético justo y descentralizado, centrado en el auto-consumo, la eficiencia energética y las renovables verdaderamente sostenibles, sin convertir a los pueblos en zonas de sacrificio; una gestión de residuos responsable y en origen, basada en la reducción de residuos, el compostaje local y «el fin del despilfarro agro-industrial», y que se respete el derecho de los territorios a decidir su modelo de desarrollo, «apostando por alternativas vivas como la ganadería extensiva, la agro-ecología y el turismo rural».

De las 17 entidades castellanas y leonesas participantes, una es de la provincia de Ávila, dos de Burgos, una de Palencia, cuatro de Salamanca, dos de Segovia, una de Soria, cinco de Valladolid y una de Zamora. En  cuanto al resto de comunidades autónomas, participan cuatro entidades de Andalucía, una de Cantabria, cuatro de Castilla-La Mancha, dos de Cataluña, dos de Extremadura, dos de Galicia, tres de Madrid y siete de la Región de Murcia.

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