El cereal barrunta 8 millones de toneladas

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) prevén una cosecha de cereales histórica, si no se producen siniestros de última hora como las temidas tormentas. En caso de que todo llegue a buen término con las trazas que lleva ahora, se podrían superar los ocho millones de toneladas a lo largo y ancho de las 1,7 millones de hectáreas cultivadas. El otro lado de la moneda está en los precios, pues toda esa buena cosecha puede no verse recompensada con unas tarifas justas que le den al agricultor la rentabilidad debida tras un año de duro trabajo.

La previsión de buena cosecha hace recomendable ampliar los seguros en estas fechas. Así lo recomienda, en respuesta a este periódico, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo: «Dado el año tal y como está planteado, y la posibilidad de tormentas, es conveniente que aquel agricultor que lo tenga asegurado, vea las posibles ampliaciones que pueda haber de rendimiento, porque no podemos dejarlo para última hora, dado que los gastos ya están hechos y además son muchos», remarca.

Asaja subraya que la cosecha será buena pero esa previsión no le impidió dar la voz de alarma el pasado martes ante «la grave crisis que atraviesa el sector cerealista», apuntó la Opa en un comunicado en el que solicitó la suspensión «inmediata» de las cotizaciones en las lonjas. La organización consideró que, en el contexto actual, mantener la publicación de precios «solo contribuye a agravar la situación de los agricultores, que ya no pueden cubrir sus costes de producción».

En la sesión de la lonja de Valladolid y Palencia, por ejemplo, celebrada el 16 de mayo, los precios continuaron su caída, explicó la Opa: la cebada bajó hasta los 180 euros la tonelada (E/t), el trigo a 194 E/t, la avena cayó a 160 E/t y el centeno a 162 E/t, según datos oficiales de la lonja. «Esta evolución refleja una caída persistente desde principios de año que está arrastrando al límite la rentabilidad de las explotaciones», señalaron desde la agrupación vallisoletana de Asaja.

«La situación es asfixiante. Los agricultores llevan meses afrontando costes de producción disparados, con precios récord en fertilizantes, fitosanitarios, carburantes, repuestos y maquinaria, mientras el precio de venta de sus productos sigue desplomándose.

A esto se suman las incertidumbres del mercado internacional, los efectos de las políticas medioambientalistas mal adaptadas al campo, y la entrada masiva de cereal ucraniano importado a bajo precio y en cantidades masivas que compite deslealmente con el producto nacional. El resultado es una asfixia económica generalizada en el campo de Castilla y León», declaró la misma fuente.

«Asaja Valladolid advierte que, aunque se espera una buena cosecha gracias a las lluvias de primavera, los actuales precios son tan bajos que ni una producción abundante salvará las cuentas de las explotaciones. Los agricultores hemos invertido cientos de euros en cada hectárea sembrada de cereal y lo que vamos a recoger no cubrirá ni los gastos», denuncian desde la organización, que propone una «hoja de ruta» con distintas medidas como suspender la cotización de precios en la lonja de Valladolid y Palencia y animar a que otras lonjas como las de Salamanca, León o Segovia hagan lo mismo o reforzar los mecanismos de protección frente a las importaciones de países terceros «con estándares menos exigentes cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Agricultura y Gobierno central».

Propone también exigir a las administraciones «una revisión inmediata de la Ley de la Cadena Alimentaria, para que ningún productor cobre por debajo de costes». Son «competencias que ahora mismo recaen en la Junta de Castilla y León y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural», apunta. La Opa demanda por otra parte «implementar un plan de choque económico con ayudas directas y bonificaciones fiscales para los agricultores cerealistas que implique al Gobierno y la Junta de Castilla y León».

La organización hace «un llamamiento urgente al Gobierno central, a la Junta de Castilla y León y a las instituciones europeas para que dejen de mirar hacia otro lado y actúen con decisión para salvar el campo». Y es que «no podemos seguir siendo el eslabón más débil de la cadena alimentaria. Sin agricultores y ganaderos no hay alimentos, ni economía rural, ni futuro para nuestros pueblos», concluye la Opa.

Ante esta situación «dramática, peor que la de hace un año, si no se toman las medidas propuestas», Asaja anuncia que los agricultores volverán a las calles organizando varias movilizaciones antes del inicio de la cosecha.

Por su parte Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) instó hace pocas fechas a aplicar cláusulas de salvaguarda a las importaciones de trigo blando y cebada de Ucrania. Lo hizo a través de su organización estatal, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que planteó a las distintas administraciones implicadas, Ministro y Comisario de Agricultura, «la necesidad perentoria de inclusión explícita del trigo blando y la cebada en el capítulo del Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania protegido por las cláusulas de salvaguardia, reestableciendo los contingentes arancelarios para ambas producciones».

Reglamento

Ante la prevista renovación el próximo mes de junio del actual Reglamento que establecía determinadas concesiones comerciales a Ucrania para favorecer sus exportaciones a la UE, actualmente en vigor, UCCL pide que se pongan en marcha «todos los mecanismos necesarios para evitar que se siga poniendo en riesgo la rentabilidad de los cereales en España».

Los datos apuntan a un incremento importante de las importaciones de cereales, ya que España ha sido uno de los principales destinatarios. En concreto, «nuestras importaciones de cereales desde Ucrania, que tradicionalmente rondaban en torno a unos 3 millones de toneladas, han pasado a ser de 4,7 millones de toneladas en 2022; de 8,5 millones en 2023 y de 10,3 millones de toneladas en 2024. En solo los dos primeros meses de 2025 las compras de grano a Ucrania, estaban en los 1,3 millones de toneladas», apuntan desde la organización.

Una parte significativa de esas importaciones han sido, precisamente, de trigo, que entre 2022 y 2024 se han más que cuadruplicado en volumen. Igualmente, la cebada, que salvo situaciones excepcionales de sequía en España no había supuesto importaciones elevadas, se ha colocado en una media en estos tres últimos años de más de 430.000 toneladas, apunta la misma fuente.

«Como consecuencia de esta situación, los precios de los cereales se han mantenido en permanente depresión en las últimas campañas. El precio medio del trigo y la cebada en lo que llevamos de 2025, está del orden un 35% por debajo del precio medio de 2022», señalan desde UCCL, que apunta que a todo esto hay que añadir la decisión sancionadora de aplicar aranceles a los fertilizantes nitrogenados rusos y bielorrusos, «que va a provocar un nuevo incremento de los costes de producción que hará insostenible la continuidad de muchas explotaciones cerealistas ya tensionadas al máximo durante las últimas campañas».

Por lo tanto, la organización ha reclamado al Ministerio de Agricultura «que tercie en Bruselas tanto para incluir en la revisión del acuerdo con Ucrania mecanismos de salvaguarda también para trigo y cebada y acortar los plazos en la activación de los mismos. «Tenemos exceso de oferta de grano ucraniano, bajos precios, costes elevados y aranceles a factores de producción importantes como fertilizantes» señalan responsables del sector en la Unión de Uniones que concluyen que «el Ministerio debe reaccionar porque estamos en una situación extrema».

De parecida opinión se mostró Coag Castilla y León, cuyos estudios técnicos prevén que el buen año climático que está viviendo el campo se traduzca en la Comunidad «en una cosecha récord de cereales que supere con creces los 8 millones de toneladas».

Récord de la década

El dato «es el mejor de los últimos diez años y será muy similar al que se produjo en la campaña 2019-2020 cuando los agricultores de Castilla y León obtuvieron una cifra de producción cerealística de 8,55 millones de toneladas. Aunque aquel año, tal cantidad se produjo mediante el cultivo de 1,8 millones de hectáreas y en la presente campaña, la superficie sembrada, será de 1,7 millones de hectáreas».

Coag, que ha realizado su estudio tanto a partir de datos como de aforos en un número significativo de explotaciones, estima por tanto una producción de entre 8,1 y 8,5 millones de toneladas en Castilla y León, con una superficie sembrada de 1,7 millones de hectáreas y con un rendimiento medio de entre 4,7 y 5 toneladas por hectárea.

Tal magnitud productiva se debe al «excelente comportamiento que ha tenido el clima con el campo. A pesar de la sensación generaliza, no ha llovido mucho más de la media, pero sí ha llovido bien. Las lluvias han estado muy repartidas y han caído en los momentos de mayor necesidad. De ahí, el excelente dato de los rendimientos previsibles, que este año serán un 22% superiores a los de 2024 y casi dos veces y media mayores que los de 2023».

Y no solo los cereales de invierno, también los cultivos de leguminosas y de colza presentan unas inmejorables perspectivas de producción. Además, prácticamente no se ha tenido que hacer uso del riego, con el considerable ahorro de coste y de trabajo en las explotaciones. Paralelamente, las reservas de agua embalsada se encuentran en niveles óptimos para estas fechas del año, alcanzando el 90% de su capacidad, señalan desde Coag.

La organización estima también que el reverso de estas buenas noticias serán los precios. «Ante la expectativa que están generando las previsibles buenas cosechas en todo el mundo, con excepciones en zonas de Asia, los precios del cereal se han sumido en una tendencia bajista cuyo fondo es imprevisible». La pasada semana las lonjas de Castilla y León exhibieron horquillas de entre 180 y 190 euros por tonelada de cebada, y de 197 a 210 en trigo. Cantidad que se ve ligeramente aumentada en las lonjas de fuera de la Comunidad Autónoma.

«Según los expertos, cuando llegue el momento culminante de la recolección, que será entre los meses de julio y agosto, los compradores tendrán el problema de gestionar la adquisición de cantidades no habituales, e incluso necesitarán espacios suplementarios para almacenar toda la cantidad superior de grano producido», señalan desde Coag. «En esos momentos, es habitual que los precios vuelvan a caer en torno a otro 10% y podríamos encontrarnos con cotizaciones inferiores a 180 euros en cebada y a 190 en trigo que son los precios que ahora mismo están en vigor en las lonjas».

Coag calcula que, con ese escenario de precios, «los cerealistas de Castilla y León dejarán de percibir alrededor de 890 millones de euros en tanto que el precio a partir del que podemos hablar de rentabilidad del cultivo sería de 300 euros la tonelada. Esa cantidad está muy alejada de la realidad que configuran los citados precios de derribo», concluye.

Impactos

Por su parte la Unión de Pequeños Agricultores (Upa) prevé un aumento del 21% en la cosecha de cereal hasta una producción en torno a los ocho millones de toneladas, es decir, una media de 4,8 toneladas por hectárea, una vez que esta campaña se ha incrementado la superficie de siembra un 4,1%. Pese a que el campo está «muy bien presentado» en estos momentos, la Opa pidió prudencia ante la amenaza de una ola de calor anunciada para la próxima semana, que «podría mermar la cosecha», según señaló el secretario general de UPA en Castilla y León, Aurelio González.

El responsable de la organización agraria señaló que el problema del sector se centra en los costes de producción, que cifró en 750 euros por hectárea, lo que implica que con el nivel de producción actual apenas se cubrirían los costes. No obstante, aclaró que si la producción baja a las tres toneladas por hectárea, se requerirá un precio mínimo de 250 euros por hectárea para cubrir esos costes de producción.

«Es necesario establecer los 250 euros por tonelada como precio mínimo exigible para poder vivir de una explotación agraria», señaló González en declaraciones que recogió Ical, antes de dejar claro que con esa cifra se cumpliría la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, dijo, se une la «amenaza inminente» de una subida de los aranceles al fertilizante de Rusia, lo que podría derivar en una «subida en los costes de la próxima campaña de 50 euros por hectárea, como mínimo, y otros 90 euros por hectárea al año siguiente».

«Tenemos un mercado de los cereales que está bajo presión y los operadores paralizados en espera de las decisiones y acuerdos sobre la guerra arancelaria que ha desatado Donald Trump», apuntó el responsable de Upa, para advertir que la situación se podría agravar más en el caso de que no se lleguen a firmar los acuerdos en los que EEUU importaba cereal de China y Canadá, dado que podrían redirigirse a la Unión Europea.

Aurelio González trasladó que, ante este contexto, no descartan el comienzo de un nuevo calendario de movilizaciones en unidad de acción, aunque sin concretar la fecha de las mismas, pero todo apunta a la finalización del verano. Estas protestas reclamarán a los operadores comerciales de los cereales que «den un paso adelante» para marcar «unos precios justos y que paguen por encima de esos costes de producción».