El Consejo de Cuentas urge una nueva financiación: Castilla y León 'pierde' 400 millones anuales

Castilla y León tiene una "infrafinanciación" de 395 millones de euros anuales debido a que el modelo de financiación autonómica no es suficiente para poder abordar todos los gastos sociales de la Comunidad, lo que supone que el 6% de dicho gasto no está cubierto . Así lo refleja el último informe del Consejo de Cuentas sobre el análisis de la deuda pública y su relación con el sistema de financiación, en el que el órgano de control urge a la Junta a revisar el modelo a fin de ajustar el dinero recibido a sus necesidades.  

"La Consejería de Economía y Hacienda, en el marco de los acuerdos consensuados en la Comunidad por la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios, debería promover una revisión del sistema de financiación autonómica que tenga por finalidad aproximar los recursos recibidos a las necesidades de gasto reales, determinadas mediante un estudio del coste real de un catálogo de servicios común y consensuado por todas las comunidades autónomas", subraya como conclusión principal. 

Y es que el déficit acumulado de financiación desde 2009 hasta 2021 , teniendo en cuenta la diferencia entre la financiación recibida y el gasto social, se eleva a 6.722 millones que, descontando los recursos extraordinarios recibidos en 2020 y 2021 con motivo de la pandemia, se sitúa en 5.137 millones . Así, el promedio en este periodo de trece años, es de 395 de "infrafinanciación" anual en Castilla y León.

El problema , a juicio del órgano que preside Mario Amilivia, es que el factor determinante para el reparto de fondos con el modelo de financiación actual es el número de habitantes, pero apenas se tiene en cuenta otras singularidades, como la distribución geográfica, la dispersión, la densidad o el envejecimiento. De ahí que insista a la Junta a "promover" la revisión del sistema.

A tenor de los condicionantes que se emplean para calcular el reparto de fondos a las autonomías, Castilla y León "ha ido disminuyendo su peso relativo" y ha pasado del 6,23% de 2010 (año en el que se incorporaron los últimos recursos adicionales del sistema de financiación autonómica) al 5,84% de 2021 . "Esta variación negativa de 0,39 puntos implica una pérdida de recursos del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales de 2021 estimado en 387 millones". 

Por otra parte, el gasto social en sanidad, educación y servicios sociales por habitante en Castilla y León ha pasado de 2.514 euros en 2009 a 3.219 euros en 2021 , lo que se traduce en un crecimiento del 28% , "así que es la cuarta con mayor aumento", dice el informe. 

También es la cuarta comunidad con una variación más negativa, solamente superada por Andalucía, Galicia y Extremadura, según apunta el Consejo de Cuentas en un comunicado de prensa, pues el peso relativo de Castilla y León en 2002 era del 7,43%, mientras que en 2021 cayó hasta el 6,45% ."El peso relativo medio de los recursos liquidados del sistema a competencias homogéneas ha descendido significativamente desde el anterior modelo de financiación (2002 a 2008) hasta el vigente (2009-2021)", aclara el texto. 

A tenor de estos indicadores y, "teniendo en cuenta que el modelo actual reparte los recursos atendiendo mayoritariamente a la población", el informe del órgano de control autonómico, dependiente de la Cortes de Castilla y León, concluye que es "evidente que se produce una infrafinanciación de las comunidades que tienen menos población y que se encuentran más afectadas por el impacto de las variables no poblacionales (superficie, dispersión e insularidad) sobre el coste prestación de los servicios". 

"El informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada remitido por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a todas las comunidades de régimen común para la reforma del sistema de financiación autonómica se centra únicamente en el cálculo de la población ajustada como variable determinante de la necesidad de gasto. No aborda una reforma completa del modelo, en el que los recursos del sistema asignados a cada una de las comunidades no se determinan según sus necesidades reales de gasto, basadas en el coste real de un catálogo de servicios común a todas ellas, sino en la evolución de una parte importante de los mismos ligada a la variación de los ingresos tributarios del Estado". 

Entre las recomendaciones que plantea el Consejo de Cuentas, además de pedir a la Junta que promueva una revisión del sistema de financiación, considera que se deben realizar ajustes en la ponderación de variables por bloques competenciales e indicadores apropiados para calcularlos, en base a la demanda de servicios o la intensidad de uso.

Por otra parte, considera que la Consejería de Economía y Hacienda "debe impulsar las medidas necesarias para que el Ministerio de Hacienda y Función Pública revise las condiciones para combinar la financiación de los mecanismos del fondo de financiación de las comunidades autónomas con la financiación en el mercado, adaptándolas a la situación presente, dado que se fijaron en un contexto diferente al actual".