La Justicia da la razón a Veganzones en el pleito de los sindicatos por el Serla
El TSJ de Castilla y León sostiene que el servicio autonómico de mediación tiene la consideración de fundación pública de la Comunidad por ser la Administración la que la financia
Mariano Veganzones, en una imagen de archivo.-ICAL.
La batalla judicial entre los sindicatos UGT y CCOO y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, con Mariano Veganzones a la cabeza, en torno al servicio de mediación de Castilla y León, el Serla, ha dado un nuevo giro después de que está cuestión haya llegado al Tribunal Superior de Justicia. Ha sido la sala de lo social la que ha dado la razón al consejero de la Junta al considerar que el servicio de mediación laboral, constituido tanto por los agentes sociales firmantes de los acuerdos interprofesionales como por la Junta de Castilla y León, tiene la consideración de fundación pública de la Comunidad , en la medida en que es la Administración autonómica la única entidad que financia su actividad.
A través de un comunicado, la Junta de Castilla y León pone de manifiesto que el Serla es un sistema de solución autónoma de conflictos laborales de Castilla y León, creado a través de la suscripción de los oportunos acuerdos profesionales entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad: UGT Castilla y León, CCOO Castilla y León y CECALE.
Mediante la Orden de 13 de abril de 2023, de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, se concedió a la Fundación del SERLA una subvención de 400.000 euros , sujeta a determinadas condiciones y requisitos. CCOO y UGT interpusieron una demanda, solicitando la anulación de esta Orden, por entender que la aportación dineraria concedida era insuficiente.
Dicha demanda fue interpuesta ante el orden jurisdiccional social, es decir, ante los órganos instituidos por el Estado para el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo. Los sindicatos demandantes, por tanto, entendían que la Orden impugnada había sido dictada por la Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias en materia laboral y sindical. En este procedimiento judicial también se personó el Ministerio de Trabajo y Economía Social , manteniendo en la vista celebrada los mismos argumentos que los sindicatos demandantes.
Tal y como habían solicitado los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia de 3 de noviembre de 2023, ha declarado la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.
Para alcanzar esta conclusión, la Sala de lo Social de Valladolid considera que el acto administrativo de financiación de la Fundación del SERLA no deriva de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta de Castilla y León , y está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria.
Los sindicatos se encomiendan al contencioso
Por su parte, y ante esta decisión judicial, desde UGT y CCOO se encomiendan ahora a que el contencioso dirima sobre el Serla. A través de un comunicado, explican que "el Tribunal Superior de Justicia no ha entrado al fondo de la demanda y ha declarado la incompetencia de la Jurisdicción Social en relación a la demanda".
En este sentido, y al igual que refleja la Junta, las organizaciones sindicales también aclaran que la Sala considera que la naturaleza jurídica del Serla es competencia del orden contencioso-administrativo. Esta sentencia, que remite al contencioso-administrativo para "dirimir las extravagancias del Consejero de Empleo, Mariano Veganzones" , lo que para UGT y CCOO significa que deberán "seguir esperando durante al menos dos años, una sentencia que determine si la Junta de Castilla y León actuó de manera ilegal en relación al Serla" .
De esta manera, exponen, "continúa la incertidumbre en lo referente a la resolución de conflictos laborales . Además, supone un grave perjuicio para las personas trabajadoras y las empresas de nuestra Comunidad", han señalado los representantes de CCOO y UGT en Castilla y León.
Al mismo tiempo, han recordado que ya interpusieron una demanda en materia de impugnación de actos administrativos en materia laboral contra un acuerdo de la Junta de Castilla y León y contra la Orden de la Consejería Industria, Comercio y Empleo del 13 de abril de 2023 por la que se concedió 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Fundación Serla) para la financiación de la actividad en el ejercicio de 2023.
Una cuantía que "redujo un 60% lo aportado por el Gobierno autonómico el pasado año" . La propuesta, aprobada el 13 de abril, establecía, además, que a partir del 1 de julio quedarían excluidos de la subvención tanto el contrato del director del Serla como los gastos de arrendamiento de sedes, que pasarían a estar en edificios de la administración. Además, el Servicio de Relaciones Laborales intervendría únicamente en los conflictos colectivos, quedando excluidos los individuales entre trabajador y empresa, que hasta entonces sólo operaban en Valladolid, y limitando la intervención a un mediador o un árbitro. Los sindicatos tan concluido afirmando que "el SERLA es un servicio público por lo que la Consejería no puede decidir ni modificar nada unilateralmente como decidió en dicha propuesta",