El TSJ tumba el Plan de Calidad de Aire de Castilla y León

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado el Plan de mejora de calidad del aire por ozono troposférico aprobado por la Junta por haberse incumplido desde 2010 los objetivos legales para la protección de la salud y de la vegetación en ocho de las quince en zonas en que se divide la Comunidad. Así, con la finalidad de evitar los daños que la contaminación atmosférica puedan derivarse para las personas y el medio ambiente, el TSJ otorga al Ejecutivo autonómico un plazo de seis meses para que elabore un nuevo plan y le advierte que "es indispensable cumplir de manera muy rigurosa el contenido" legal del mismo.

"Hacemos un llamamiento a Quiñones y Mañueco para que trabajen ya en un plan eficaz" , ha trasladado Miguel Ángel Ceballos , de Ecologistas en Acción, en una rueda de prensa celebrada en la Casa del Medio Ambiente de Valladolid acompañado de Carmen Duce , coordinadora del área de transporte de la confederación. En su comparecencia han explicado el contenido de la sentencia que fue conocida ayer por la confederación pese a corresponder al 20 de junio de 2023, por la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León ha anulado el Plan de mejor de calidad del aire por ozono troposférico, aprobado por Acuerdo 138/2021, de 16 de diciembre , de la Junta.

La nueva sentencia establece que “la zonificación de evaluación del ozono para la protección de la salud en Castilla y León cuenta con cuatro aglomeraciones en ocho zonas y obliga a la Junta a elaborar planes de protección del aire por ozono en las aglomeraciones de Valladolid, Salamanca, Duero Norte, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, Soria, Demanda y la zona Sur y Este de la Comunidad para la protección de la vegetación, con una superficie de 75.000 kilómetros cuadrados y 1.700.000 habitantes".

El Tribunal señala que “los planes son para zonas concretas del territorio de la correspondiente Comunidad y cuando en esas zonas se hayan superado determinados valores objetivos”, y recuerda “que el ozono no se comporta igual en las áreas rurales y en las urbanas , y que las fuentes contaminantes no son iguales, como tampoco lo son la orografía y demás características de las distintas zonas, tal y como se especifica en el propio Plan”. Concluyendo que “de ahí precisamente la exigencia no solo de la zonificación sino de dar al Plan un contenido específico para cada zona”.

En palabras de Ceballos, el Tribunal "nos ha dado la razón" al tratarse de un documento "vacuo, carente de contenido real y sin viso alguno de eficacia” , como recoge la sentencia y como viene denunciando Ecologistas en Acción desde su elaboración. Por ello, el TSJ  otorga a la Junta de Castilla y León un plazo de seis meses para que elabore correctamente un nuevo plan con el objetivo de evitar los daños que la contaminación atmosférica pueda repercutir sobre las personas y el medio ambiente. Al respecto, Ceballos ha asegurado que sería una actitud "irresponsable" por parte del Gobierno regional "ampararse en el recurso de casación sin hacer absolutamente nada" .

Asimismo, ha recordado que la Junta aprobó ese Plan de Calidad del Aire obligada por las sentencias previas de 2018 del TSJCyL y de 2020 del Tribunal Supremo, por haberse incumplido desde 2010 los objetivos legales para la protección de la salud y de la vegetación en ocho de las quince zonas en que se divide la región a efectos de evaluar y gestionar la calidad del aire.

La sentencia, que impone las costas a la Junta de Castilla y León y frente a la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, constituye un precedente judicial que también condiciona el contenido de los planes de calidad del aire por ozono actualmente en elaboración en Andalucía Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra. Los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco todavía no han iniciado la redacción de sus planes de ozono.

"Las muertes son la punta del iceberg", ha subrayado, poniendo de relieve los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente que estima en alrededor de 2.000 las muertes prematuras anuales producidas en España por la exposición a niveles de ozono como los registrados habitualmente en verano en el centro y sur de Castilla y León, como ha recordado con el caso de Valladolid.

Zona de Bajas Emisiones

Por estos motivos, Ecologistas en Acción ha considerado esencial que el nuevo Plan de Calidad del Aire de Castilla y León contemple la implantación de medidas concretas y eficaces para reducir las emisiones contaminantes en el transporte y la industria regionales. "Todas las ciudades con más de 50.000 habitantes tendrían ya que contar con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)" , ha apuntado Carmen Duce, en vísperas del inicio de la Semana Europea de la Movilidad, mientras Ceballos ha puesto de plazo de 3 meses -hasta el 31 de diciembre de 2023- para que los nueve ayuntamientos de las capitales de provincias la pongan en marcha.

En el caso de Valladolid, Duce ha denunciado el "retraso" o la tentativa a rebajar su delimitación como tiene previsto Jesús Julio Carnero, alcalde de la ciudad, con la supresión de carriles bus y bici y la previsión de recortar su ZBE. "Sería un "retroceso", ha añadido. Al respecto, Ceballos ha informado que este viernes han presentado un pliego de sugerencias en su Ayuntamiento acogiéndose en la Ley Estatal de Cambio Climática por la que  "la ZBE debería estar ya implantada" . Además, ha advertido sobre la posibilidad de perder los fondos europeos -24 millones de euros- correspondientes a esta medida "si no cumplen los requisitos".

Ecologistas en Acción, pese a considerar "importante" la ZBE para corregir los problemas de contaminación, ha añadido que se deberían tomar "más medidas sobre el tráfico" y han incidido en la necesaria actuación de la Junta de Castilla y León sobre las fuentes industriales de las provincias de la Comunidad, como son la Fábrica de Renault y  la central de cogeneración de Michelin en Valladolid.

Por estos motivos, Ecologistas en Acción considera esencial que el nuevo Plan de Calidad del Aire de Castilla y León contemple la implantación de medidas concretas y eficaces para reducir las emisiones contaminantes en el transporte y la industria regionales. "La Junta de Castilla y León y los ayuntamientos constituidos tras las últimas elecciones municipales deben apostar de manera clara por el transporte público urbano y metropolitano y por la movilidad activa peatonal y ciclista, así como por las energías renovables y el uso de pinturas, tintas y barnices sin disolventes orgánicos", han concluido.