La Junta prevé una inversión de 180 millones en el Plan Estratégico del Patrimonio Cultural 2023-2026
El Ejecutivo autonómico aportaría de forma directa 130 millones y los 50 restantes llegarían de la mano de propietarios, otras administraciones públicas, fundaciones y asociaciones
Una imagen de archivo del acueducto de Segovia. E.P.
La Junta de Castilla y León contempla una inversión global de 180 millones de euros para ejecutar el Plan Estratégico del Patrimonio Cultural 2023-2026, de los cuales el Gobierno autonómico realizará una inversión directa de 130.033.986 euros (a través de la Dirección General de Patrimonio, los fondos europeos y la aportación del Estado), mientras que los 50 millones restantes llegarán “en coordinación con otros gestores del Patrimonio Cultural (propietarios, otras administraciones públicas, fundaciones, asociaciones, etc.)”. Así lo recoge el proyecto del plan, al que ha tenido acceso Ical, que está sometido a información pública y ante el cual se pueden presentar alegaciones hasta el próximo 30 de agosto. El documento, como adelantó el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo el pasado mes de noviembre, pone el foco en la “gestión integral planificada, la concertación público-privada y la colaboración entre los titulares de los bienes”.
“Avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión, que tiene que estar necesariamente orientado a la utilidad y a la rentabilidad de todos los elementos patrimoniales, porque si no van a volver a un estado de abandono y mala conservación. Con tanta riqueza histórica y patrimonial necesitamos alimentarnos de este pasado para conseguir un nuevo impulso que nos permita brindar un futuro de prosperidad y de esperanza a los castellanos y leoneses”, resumió entonces el vicepresidente, durante la presentación del estudio ‘Base de datos digital sobre caracterización de los monasterios y conventos en Castilla y León’.
El Plan contempla tres líneas estratégicas claras para conseguir un “cambio en el modelo” de gestión que sea “integral, sostenible y participativo”. La primera de ellas es ese modelo de gestión integral que se apoye en la triple P: “patrimonio, paisaje y paisanaje (personas)”, la segunda sería la creación de un “ecosistema” que denominan ‘Red Patrimonio Cultural’, que aglutinará un entramado de entidades que colaboren “activamente” en la gestión del patrimonio cultural potenciando la “comunicación sectorial” con una planificación conjunta. Y la tercera y última es el proyecto ‘Patrimonio Cultural Digital’, que pretende llevar a cabo la digitalización completa de procesos y el fomento del patrimonio cultural a través de las nuevas tecnologías.
La optimización de recursos será otra de las claves para llevar a buen puerto el proyecto, que busca establecer una nueva dinámica en la relación con los ciudadanos, con el objetivo final de satisfacer sus “necesidades y expectativas”. Por ello, se pretende promover la “fidelización de los usuarios del patrimonio”, además de alcanzar una relación de “cocreación”, donde los propios destinatarios de las acciones, la Administración y los colaboradores trabajen conjuntamente para crear “soluciones innovadoras, productos y servicios”. “La gestión del patrimonio cultural no es solo responsabilidad de las administraciones competentes y de los expertos, sino que también pertenece a la comunidad, que tiene un papel importante que desempeñar en su protección y promoción”, reflexionan.
El Plan pone negro sobre blanco las debilidades y fortalezas del sector. En las primeras, alude a la escasa agilidad en algunos trámites administrativos, la dificultad para la toma de decisiones inmediatas, la necesidad de renovación de equipamientos o la exigencia de fomentar el espíritu innovador. También consideran un punto débil que el actual modelo se base en la “protección al propietario”, así como la limitación de recursos, ya que “no es una prioridad a nivel político y social”, y lamentan el “reducido número de gestores profesionalizados” que existe y la falta de coordinación intra e inter administrativa.
En cuanto a las fortalezas, aplauden la “gran calidad” de los trabajos realizados en restauración y conservación preventiva, la existencia de un equipo de profesionales “consolidado”, la gran capacidad técnica de las empresas, la labor desplegada a través del Plan PAHIS, que consideran “referencia nacional” o la capacidad de generar valor económico. También alaban las buenas actuaciones conjuntas con otras administraciones e iniciativas sociales, la “gran concienciación de la importancia de preservar el patrimonio cultural.
Por otra parte, el informe subraya que el objetivo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para el periodo que abarca el Plan es “convertir el patrimonio cultural en un verdadero factor de desarrollo económico”, dinamizando el sector en todas sus vertientes (a nivel profesional, empresarial, económico y social), potenciando su digitalización, formación y profesionalización. Para lograrlo, establecen una serie de planes de acción, que abarcan áreas como el márketing, los procesos, I+D, educación patrimonial, accesibilidad, digitalización, cooperación o un Observatorio Económico y Social del Patrimonio que se sustente en el ‘smart data’, entre otros.
Balance Plan PAHIS
La parte final del documento recoge un balance del Plan PAHIS 2020, aprobado en abril de 2015 y en ejecución hasta el cierre del pasado ejercicio 2022. En esos ocho años, la inversión global ha superado los 143 millones. Además, ha tenido una capacidad de generación o mantenimiento de alrededor de 30.481 empleos a tiempo completo, de los cuales 4.876 son empleos directos e indirectos directamente vinculados a los bienes patrimoniales.
En ese sentido, de acuerdo al informe encargado por la Junta al Clúster de Hábitat Eficiente AEICE, sumando a los empleos directos, indirectos, los inducidos en otras industrias y los derivados en el turismo cultural, la capacidad completa de creación de empleo por millón de inversión es de 212,79 empleos equivalentes a tiempo completo, de los cuales 17 serían empleos directos, 17 indirectos, 106 inducidos en otras industrias y 70 derivados en el turismo.
El impacto económico de la intervención en el patrimonio en los territorios donde se encuentra no se limita a la generación de empleo, aseguran, pues su actividad repercute de forma inducida en otros sectores de la economía. Sobre el total de inversión pública realizada entre 2015 y 2022 (143 millones), unos 44,4 millones revierten directamente en unos territorios que mayoritariamente son entornos rurales donde no llegan muchas inversiones de otras actividades.
Además, apuntan que en las diversas actividades relacionadas con el patrimonio cultural (investigación,conservación, restauración, mantenimiento, difusión) participaron en torno a 219 empresas y cientos de profesionales dedicados directamente al sector, como arquitectos, restauradores, arqueólogos, historiadores, antropólogos o profesionales de la comunicación.