Los ayuntamientos de Castilla y León devuelven más de 9 millones por plusvalías mal cobradas

La modificación del impuesto de la plusvalía a la que obligaron varias sentencias del Tribunal Constitucional ha tenido diversos efectos. El primero, una notable caída de la recaudación por este tributo y el segundo, un cuantioso montante en devoluciones por plusvalías mal cobradas desde 2017 , año del primer fallo del alto tribunal. Nada menos que nueve millones de euros han tenido que devolver doce de los 25 ayuntamientos auditados por el Consejo de Cuentas, según su último informe sobre el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Iivtnu) presentado ayer, que analiza los ejercicios 2017 a 2021. De estos más de nueve millones (más exactamente 9.267.375 euros), 8.026.937 corresponden a las devoluciones de ingresos efectuadas o estimadas por los ayuntamientos , derivadas de la rectificación de autoliquidaciones o procedimientos de revisión de las mismas. La restante cantidad, de 1.240.438 euros, corresponde a los intereses de demora.

De las capitales de provincia contenidas en el informe, la que más importe reingresó a los contribuyentes fue Burgos , por un total de 4.453.206,21 euros (de ellos, 832.605,60 reconocidos, pero pendientes de pagar), con unos intereses de demora a añadir de 604.059,71 euros. Le siguió Valladolid , con un total de 2.079.726,48 euros, de los que 930.786,02 euros son devoluciones ya efectuadas y otros 1.148.940,46 euros corresponden a devoluciones reconocidas pero aún por desembolsar. Hay que añadir a las devoluciones vallisoletanas unos intereses de demora de 550.214,1 euros.

Otros municipios de más de 20.000 habitantes que deberán devolver parte del impuesto son Miranda de Ebro (Burgos), con devoluciones solicitadas pendientes de resolución por 282.498,43 euros; San Andrés del Rabanedo (León), que ya tiene aprobados reintegros por 203.188,59 o Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que ya ha restituido 26.321,51 euros y ha considerado procedentes reclamaciones de los vecinos por este impuesto por valor de otros 189.068.48.

Entre los municipios de 10.000 a 20.000 habitantes, el que más dinero se ha visto obligado a devolver a sus vecinos es Béjar (Salamanca) con 300.176,69 euros ya abonados y otros 123.852,40 pendientes. Pocos municipios de menos de 5.000 habitantes cuentan con el Iivtnu, según el informe del Consejo de Cuentas, si bien los hay que han reconocido el deber de reintegrar liquidaciones a sus vecinos, como Lerma (Burgos) por 248.579,42 o incluso menores de 2.000 habitantes, como Buniel (Burgos) por 259.343,89.

El año 2017 marcó un antes y un después en la recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu), más conocido como plusvalía municipal. La aplicación de la sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional y otras posteriores redujeron en un 30% la recaudación de este tributo en Castilla y León si se compara ese año con lo recaudado en 2020, al pasar de los 70.181.581 euros liquidados en 2017 a 49.672.289. Es la primera conclusión de este último informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que desvela también que este impuesto, que grava la revalorización de la cuota de suelo que corresponde a los inmuebles en una transmisión, está implantado en un 10% de los ayuntamientos de la Comunidad, un porcentaje que llega al 100% en los municipios mayores de 20.000 habitantes. 

Año Covid

Eso sí, esa comparación no tiene en cuenta que 2020 fue el año Covid, con un descenso del 16,86% en el número de compraventas de viviendas en la Comunidad , desde las 42.876 del primer ejercicio a las 35.647 del segundo –eso sin tener en cuenta otro tipo de inmuebles–, debido a las restricciones de la pandemia. Todas las provincias cayeron en picado en compraventa de pisos, desde el -29,03% de Ávila al -3,73% de Zamora. En las mayores capitales como Valladolid, León o Burgos se transmitió la propiedad de un -13,04, un -14,49 y un -14,82% de viviendas, respectivamente.

Por eso la comparación entre las liquidaciones podría ser más esclarecedora respecto a 2021, cuando se vendió un 12,96% más de viviendas que en 2017, hasta las 48.434. Pese a ese repunte, la liquidación del Iivtnu cayó hasta los 53.256.035 euros, lo que sigue suponiendo una gran reducción respecto a la situación anterior, en concreto un 24,12% menos.

Aproximadamente el 10% de los ayuntamientos de Castilla y León liquidan este impuesto (más del 80% de los de más de 5.000 habitantes y el 100% en los de más de 20.000) y se reduce mucho en los menores de 2.000. El tributo se vio marcado por la crisis económica de 2008, cuando las liquidaciones descendieron de 56,2 millones de euros en 2007 a 45,1 en 2008. Según explica el Consejo de Cuentas, en los años sucesivos se produjo una tendencia alcista hasta 2017, pasándose de 70,2 millones en dicho ejercicio a 49,7 en 2020, aproximadamente el 30% menos. De esta forma, el tributo redujo su peso relativo sobre el total de los impuestos locales del 9,2% al 7,1% (el IBI es el impuesto con mayor peso específico de los tributos locales, y supera en todos los ejercicios el 50% de los derechos liquidados).

Según la cuenta general rendida por los ayuntamientos a 31 de diciembre de 2022, la liquidación de la plusvalía del ejercicio 2021 en Castilla y León aumentó hasta los referidos 53,2 millones. Las provincias de Valladolid, Salamanca y Burgos fueron las que registraron mayores ingresos , 12,3; 10,9 y 9 millones respectivamente. Los menores se dieron en Palencia, Soria y Segovia, con 1,1; 1,5 y 2,3 millones de euros respectivamente.

El informe  del Consejo de Cuentas analiza la evolución en la liquidación y recaudación del impuesto desde 2007 a 2021, y comprueba el impacto de la crisis económica. Por otro lado, constata la incidencia de las sucesivas sentencias del Constitucional. La auditoría verifica si se ha producido la adaptación de las ordenanzas fiscales reguladoras de este impuesto, según lo dispuesto en la modificación del Texto Refundido de la Ley  de las Haciendas Locales (Trlhl). 

Con esa sentencia del Constitucional se inició un proceso de revisión y cambio en el impuesto, ya que declaró nulos de pleno derecho los artículos sobre la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto, en la medida en que se someten a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor. A esa sentencia le siguieron otras sin que el legislador estatal modificara la normativa hasta noviembre de 2021 , dando lugar a dispares interpretaciones en vía jurisdiccional por parte de los tribunales de justicia.

Titulado Informe de análisis del impacto en la situación económico-financiera del sector público local de Castilla y León de las reformas impulsadas en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ejercicios 2017-2022, el estudio sometió a auditoría a los ayuntamientos que liquidan el impuesto de plusvalía y, específicamente, la comprobación de la incidencia de las sentencias y la adaptación de las ordenanzas fiscales se realizó sobre una muestra representativa de 25 municipios.

Normativa

Desde la primera sentencia del Constitucional, la STC 59/2017, que declaró la inconstitucionalidad del tributo en las transmisiones con pérdidas, hasta la STC 182/2021, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales por vulnerar el principio de capacidad económica, emplazando al legislador a realizar las modificaciones legales pertinentes, ninguno de los 25 ayuntamientos auditados acordó expresamente la suspensión transitoria de la aplicación de la ordenanza reguladora del impuesto de plusvalía. 

Tampoco cambiaron el sistema de liquidación, salvo dos entidades, ni se emitieron instrucciones o circulares modificando la gestión (solo una lo hizo). Sin embargo, en el intervalo 2017-2021 algunos ayuntamientos, en todos los estratos de población, pese a no haber adoptado acuerdo expreso, sí que suspendieron transitoriamente la aplicación de la ordenanza, bien mediante la suspensión de hecho o no practicando las liquidaciones.

El número de liquidaciones pendientes de practicar en ese intervalo fue destacable en los municipios más grandes, si bien «en los pocos casos en los que se ha podido cuantificar, la suspensión de liquidaciones corresponde a supuestos de acreditada inexistencia de aumento de valor, o plusvalía», explica el Consejo. Se cuantificaron los hechos imponibles en los 25 ayuntamientos de la muestra durante el periodo del 26/10/2021 (cuando se dictó la STC 182/2021) al 9/11/2021 (último día antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 26/2021) en un importe total de 2.458.490 euros, correspondiente a 2.841 transacciones que debido a dicha declaración de inconstitucionalidad no pudieron liquidarse y exigirse a los contribuyentes.

El Consejo de Cuentas realiza en el informe siete recomendaciones . Con carácter general, que los ayuntamientos deberían, a través de su ordenanza fiscal, adaptar lo previsto en la Ley General Tributaria a su régimen de gestión del tributo y de organización y funcionamiento interno, en particular en lo referido a los procedimientos de gestión y al de inspección. 

Ante supuestos que provoquen que por la vía de hecho se modifiquen aspectos de gestión de los tributos regulados en las ordenanzas vigentes, o se suspendan actuaciones para su liquidación, el Consejo recomienda que  los ayuntamientos lo acuerden mediante acto administrativo, modificando transitoriamente las ordenanzas o, subsidiariamente, a través de instrucciones internas que recojan la actuación administrativa.