Castilla y León destina medio millón para externalizar los abortos por la objeción de conciencia de sanitarios
La Consejería calcula que este año se financiarán 1.500 interrupciones voluntarias / Sólo se practican en el hospital de Burgos y en Miranda, pero en el resto de áreas se deriva a las mujeres a una clínica privada de Valladolid, salvo las de Soria que van a Madrid
Garantizar a las mujeres de Castilla y León su derecho a interrumpir de forma voluntaria un embarazo, según recoge la ley vigente sobre este tema en el epicentro de la polémica por el nuevo protocolo que planteó el vicepresidente Gallardo , le cuesta a las arcas autonómicas más de medio millón de euros al año . El motivo es que estas prácticas no se realizan en los hospitales de la red pública, salvo dos excepciones, sino que Sanidad tiene externalizado el servicio, bajo la justificación de que los profesionales sanitarios implicados en el procedimiento son objetores de conciencia.
Los dos únicos centros de Sacyl donde se realizan abortos son el hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, en Burgos, y el Complejo Asistencial Universitario de la capital burgalesa , que realiza los farmacológicos, aunque no los quirúrgicos, según aclararon desde la Consejería de Sanidad. Más allá de estos reductos, el resto de áreas de la Comunidad tienen firmados contratos con clínicas privadas donde derivan a las pacientes que desean abortar.
La mayoría, con una concreto, menos Soria, donde las mujeres que han tomado la decisión de no continuar con la gestación tienen que desplazarse hasta la Comunidad de Madrid, si bien el área que capitanea Alejandro Vázquez no ha aclarado a qué clínica, ni ha concretado detalles del contrato vigente. Además, no hay ningún documento registrado al respecto en la plataforma de contratación del sector público y la última alusión en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) hace referencia a una licitación de finales de 2015, con un presupuesto de 32.215 euros.
Sin tener en cuenta la particularidad de Soria, Ginemédica , ubicada en Valladolid, es la entidad ginecológica que se ha alzado como adjudicataria en los últimos procesos de licitación , al obtener más puntuación que los otros tres centros privados autorizados para practicar abortos que hay en Castilla y León. Uno ubicado en León y otros dos en Salamanca. Amén de los que haya en el resto de España, si bien se suele puntuar la proximidad.
Así que las mujeres de Castilla y León afincadas en cualquier provincia (menos Soria) que quieren interrumpir sus embarazos por la Seguridad Social –en los supuestos contemplados por ley– tienen que desplazarse a la capital vallisoletana, con las molestias, en tiempo y en coste del viaje, que puede causar a quienes residan a cientos de kilómetros de distancia, porque en sus hospitales de referencia no se llevan a cabo .
Según los convenios vigentes, el coste de las interrupciones voluntarias del embarazo para este año superaría el medio millón de euros para practicar en torno a 1.500 abortos de manera gratuita para las pacientes, tal y como se puede calcular a tenor del precio de adjudicación de los procedimientos y de los periodos de ejecución, que varían en cada área de salud.
Y esta alternativa de ‘externalización’ es a la que se seguirá recurriendo la Junta –como hace desde hace años–, tal y como ponen de manifiesto los dos contratos que la Consejería de Sanidad tiene abiertos en la actualidad. El primero, correspondiente con el área asistencial de Palencia, dará continuidad al ahora en vigor, que expira el día 3 de marzo, y para ello se ha reservado una partida de 42.730 euros . El segundo abarca las dos áreas de salud en las que se divide la provincia de Valladolid, y prevé un desembolso de 206.092 euros para los próximos doce meses , una vez agotadas las prórrogas del contrato que arrastra desde 2017.
Ambos expedientes coinciden en argumentar que tienen que recurrir al ámbito privado por falta de medios, al no disponer «de infraestructura, medios ni personal suficiente para poder llevar a cabo estos procedimientos en los términos requeridos». Por este motivo, «y ante la imposibilidad de realizar dichos procedimientos al haberse acogido los profesionales sanitarios a su derecho fundamental de objeción de conciencia para la realización de los mismos» , continúan, «se ha planteado la necesidad de volver a contratar la prestación de este servicio público [...] con una entidad privada», según recoge el informe de Palencia.
El de Valladolid, en la misma línea, pone nombre a los tres hospitales y aclara que el Río Hortega y el Clínico de la capital, y el comarcal de Medina del Campo «son los centros sanitarios que determinan la necesidad de realizar los procedimientos [...] en los requisitos previstos legalmente», pero añade que los profesionales sanitarios se han acogido al derecho a ejercer la objeción de conciencia.
Es la letanía que se repite en los pliegos de contratación cuando las gerencias de salud de cada provincia los fueron sacando a concurso. Según dejan claro, tienen que externalizar esta prestación incluida en la cartera de servicios de la Seguridad Social, porque no hay facultativos que los lleven a cabo . En algunos casos, como el ya mencionado ejemplo de Palencia o el de Salamanca, hacen un apunte genérico a la hora de ampararse en la objeción de conciencia, pues hablan de «los facultativos directamente implicados», pero en otros, como se observa en los textos de León, Valladolid o Segovia, dicen que «todos los ginecólogos» se han acogido a ese derecho .
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Cabe recordar que «el rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito», según recoge la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, si bien la Consejería de Sanidad aclaró que esta ley «no establece registro alguno de profesionales objetores , de manera que son las correspondientes gerencias las que conocen estas situaciones particulares».
Es decir, no existe registro porque los médicos –o el resto de la plantilla quirúrgica del servicio de Gineología que interviene en estas intervenciones– pueden comunicar su decisión de manera verbal a la Gerencia del hospital, sin que sea necesario que esté escrito en ningún sitio , añadió Sanidad en sus aclaraciones. Así que no es posible determinar el número exacto de profesionales objetores ni la proporción que representan respecto al total de los trabajadores.
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Así, esta ausencia de un listado oficial dificulta saber si la necesidad de recurrir a un concierto con clínicas privadas se debe a que todos los facultativos del servicio se han acogido a su derecho a la objeción de conciencia o responde al hecho de que haya pocos dispuestos a practicarlos y no sean suficientes.
Contratos en cada provincia
- Ávila
El contrato vigente se formalizó en enero de 2021 por tres años con Ginemédica, por 90.381 euros. En este periodo prevén 324 abortos.
- Burgos
El contrato se adjudicó por 218.322 euros y, desde mayo de 2022, se encarga Ginemédica, hasta los próximos 36 meses. En este tiempo calculan practicar 630 interrupciones voluntarias.
- León
Ginemédica se encarga desde 2020, según la adjudicación, por 146.880 euros para dos años (con posibilidad de prórroga) y en este intervalo bianual estimaban 478 casos en la provincia.
- Palencia
Está en licitación por 42.730 euros por un plazo de ejecución de 12 meses (con posibilidad de prórroga), para un cáulculo de 112 abortos.
- Salamanca
El contrato vigente lo tiene adjudicado Ginemédica por 92.230 euros desde mayo de 2022, con un cálculo de 352 interrupciones a lo largo de dos años.
- Segovia
Sanidad firmó un contrato por 67.419 euros con Ginemédica en mayo de 2019, con una previsión de 97 abortos al año. El plazo era de dos años, con opción a prorrogarse.
- Soria
No hay información pública actualizada. Sanidad sólo ha aclarado que las pacientes se derivan a una clínica de Madrid.
- Valladolid
El nuevo contrato ha salido a licitación por 206.092 euros por doce meses, con uan estimación de 473 casos.
- Zamora
El contrato en vigor se firmó en mayo de 2021 por 22.705 para doce meses y después se acordó una prórroga hasta mayo de este año (que se podría volver a ampliar) por 26.660 euros. Prevén 86 abortos anuales.
Sanidad prevé un 24% más de abortos en Valladolid
El nuevo contrato que hay sobre la mesa para atender por la Seguridad Social a las mujeres de Valladolid que quieran interrumpir de forma voluntaria su embarazo según la ley contempla un significativo aumento de casos para este año, al elevar la estimación hasta los 473 supuestos , frente a los 382 que se recogían en el convenio que está a punto de expirar, lo que supone un 23,8% más .
En concreto, la Junta de Castilla y León aclara en un informe que, «analizados los procedimientos realizados en años anteriores, se observa que la demanda de esta prestación sanitaria está en constante aumento y que supera la previsión que se hizo en el año 2017», fecha en la que se firmó el contrato con Ginemédica para las dos áreas de salud de la provincia, y que se ha ido prorrogando hasta la actualidad.
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Ahora, que el contrato está en licitación, se han modificado los términos al alza, después de subrayar que en 2021 se «agotaran» los procedimientos previstos para todos los tramos de gestación basados en una intervención instrumental. El mayor ‘salto’ en los cálculos se observa en los embarazos por debajo de las 12 semanas, que pasan de 292 a 365 (un 25% más), con pequeños añadidos en el resto de intervalos. Así, entre las 13 y las 15 semanas se pasa de 43 a 48 casos estimados; entre las 16 y las 17 se suman dos hasta la cifra de 17; entre las 18 y las 19 semanas se pasa de 14 supuestos a 16; entre las 20 y las 21 había 13 y a partir de ahora habrá 18; y los de más de 22 semanas se duplican, de cuatro a ocho.
En total, 473 abortos estiman que se puedan practicar en un año , con 206.092 euros de presupuesto para este periodo de doce meses –si bien el contrato se podría prorrogar hasta veinticuatro–, frente a los 177.802 euros de importe anual que contempla el actual, el que se firmó en 2017.
El de Palencia, que también está en licitación, no incluye un aumento de casos en la documentación, sino que habla de «demanda constante» según la «tendencia histórica de solicitudes», y estima en 112 los abortos que se pueden practicar en un año.