Diario de Castilla y León

El Gobierno desoye a Castilla y León y mantiene intacto el decreto energético

Carriedo reclama que se escuche a las comunidades y buscar los incentivos antes que las sanciones mientras Veganzones va más allá y mantiene la petición de derogación del texto tras una reunión «inútil»

Carlos Fernández Carriedo y Mariano Veganzones comparecen en rueda de prensa en una imagen de archivo.- ICAL

Carlos Fernández Carriedo y Mariano Veganzones comparecen en rueda de prensa en una imagen de archivo.- ICAL

Publicado por
Ricardo García
Valladolid

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El decreto de ahorro energético del Gobierno de España no sufrirá ninguna modificación desoyendo las reclamaciones de varias comunidades autónomas , entre ellas Castilla y León. De poco sirvió para modificar esta posición la Conferencia Sectorial de Energía celebrada este lunes, y en la que la Junta volvió a insistir en realizar modificaciones e, incluso, el derogarlo, ya que las ministras que acudieron en representación del ejecutivo de Pedro Sánchez no dieron su brazo a torcer alegando que el texto «es el que es» , lo que contrastó con las expectativas con las que acudían varios territorios para que fueran tenidas en cuenta sus aportaciones.

Tras este revés por la actitud impertérrita del gobierno de Sánchez los representantes del ejecutivo castellano y leonés, no obstante, volvieron a insistir en que es preciso retirar la norma tal y como está, ya que genera «alarma en la sociedad y en los sectores productivos» , según palabras del consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, quien además consideró que las medidas recogidas en el texto «no responden a lo que nos pide la Unión Europea».

Sobre lo sucedido durante esta Conferencia Sectorial de Energía, el portavoz del gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, sostuvo que la postura de la Junta había sido la de «introducir cambios que mejoren el texto» . No obstante, como lamentó después, solo hubo lugar para que el Gobierno de España explicara por qué había tomado esta decisión y respondiera a algunas dudas sobre la aplicación del decreto.

«El Gobierno ha insistido en no modificar ese texto, en dejarlo tal y como está» , explicó el portavoz, que además recordó que no solo se pide que se permita la participación de las comunidades autónomas, sino también «de las corporaciones locales y de los sectores productivos afectados». 

También en línea con esto, Fernández Carriedo defendió que la postura de la Junta de Castilla y León «es que a los sectores productivos hay que apoyarles y que es mejor actuar por la vía de los incentivos más que por la vía de la sanciones como se propone desde el Gobierno ». «Hemos hecho un énfasis especial en el respaldo de la actividad de la cogeneración», continuó el consejero de Economía y Hacienda, «y de las industrias electrointensivas que tan importantes son en nuestra comunidad autónoma».

Junto a Carriedo también acudió a la Conferencia Sectorial Mariano Veganzones, como parte de una delegación que completó su compañero de VOX y consejero de Cultura Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja. Aún así, quien más duro fue tanto con el decreto como con la actitud del ejecutivo central fue el propio Veganzones, quien se sumó a la petición para que se retire el «decretazo energético de Sánchez».

No obstante, y después de que la reunión tuviera un desenlace tan alejado de las pretensiones de Castilla y León, Veganzones calificó el encuentro de «inútil» y criticó que  «el Gobierno sigue empecinado y no ha atendido ni una sola petición ni resuelto ninguna duda técnica. Ha sido todo un paripé al servicio de Sánchez», tal y como se trasladó en una nota de prensa. 

En la misma se detalló también que durante su intervención en la Conferencia Sectorial, el titular de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo reiteró que la Junta de Castilla y León «viene actuando con responsabilidad desde el principio» y buscando «soluciones a los problemas causados por el Gobierno de Sánchez», que «nos hace pagar a los españoles con nuestra libertad sus imposiciones e incapacidad, sus políticas energéticas y climáticas disparatadas, no avaladas por la comunidad científica».

Por eso, en nombre de la Junta y con mayor ahínco que Carriedo, quien prefirió hablar de hacer cambios en el texto, el consejero reclamó «la derogación inmediata del decreto y de todas las normas energéticas y falsamente ecologistas aprobadas por este Gobierno que nos ha arruinado, impidiendo explorar y explotar nuestros recursos naturales». «Es inmoral justificar el racionamiento energético apelando a un posible corte del suministro de gas ruso cuando Sánchez ha multiplicado por cuatro la dependencia española de ese mismo gas ruso en el último año», subrayó Mariano Veganzones, a la vez que recordó que «la Unión Europea no impone prohibiciones ni recortes a los ciudadanos, sino únicamente recomendaciones».

Frente a este «nuevo atropello del Gobierno de Sánchez», el consejero recordó durante la reunión que «los servicios jurídicos de la Junta están estudiando el decreto para valorar la oportunidad de recurrirlo al Tribunal Constitucional, ya que hay visos de que invade competencias municipales en el ámbito, por ejemplo, de los luminosos comerciales».

Asimismo, Veganzones reiteró la urgencia de reducir la dependencia energética de España, «que es lo que nos va a permitir de verdad salir de la espiral de empobrecimiento a la que nos ha conducido el radical socialismo. No hay Gobierno capaz de justificar que, encima de tener que apagar las luces por decreto o racionar el aire acondicionado, los ciudadanos estén pagando más que nunca en su factura por unos servicios de los que no pueden disfrutar con libertad», sentenció.

No obstante, los argumentos de Castilla y León y de otros territorios como Andalucía, Madrid, Murcia o Galicia no convencieron a las representantes del ejecutivo de Pedro Sánchez que presidieron la reunión. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, afirmó que el decreto «es el que es» y «no hay modificaciones».

La ministra comentó que Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León pidieron retirar el decreto, a lo que el Gobierno respondió que no tiene intención. «Al contrario, tenemos un compromiso con Europa», sentenció puesto que es «más fácil» cumplir con las medidas de reducción de energía que «encontrarnos con una situación que pudiera ser complicada para familias, industrias», según declaraciones recogidas por Ical.

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