Castilla y León exige a Europa compensaciones por el aumento de la protección sobre los bosques
El consejero Suárez Quiñones demanda en nombre de las comunidades a paliar el “déficit” de España en la gestión forestal y llama al dialogo para mejorar la Estrategia Forestal Europea
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reclamó hoy a Europa que compense al medio rural por al aumento de la protección sobre los bosques que plantea la futura Estrategia Forestal Europea para 2030, ya que explicó conllevarán una reducción de la actividad económica y el empleo, con un impacto social en el territorio.
Suárez-Quiñones intervino este miércoles en la sede del Consejo Europeo de Luxemburgo para defender la posición común de las comunidades españolas en relación a la Estrategia Forestal Europea para 2030 ante el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE). Por ello, se integra en la delegación española en la que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, interviene fijando la posición del Gobierno en el paquete Fit for 55 -Objetivo 55-, que persigue la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 por ciento hasta 2030.
En ese sentido, Suárez-Quiñones expuso que la Estrategia no contempla un “equilibrio claro” en el reconocimiento y consideración de los tres pilares de la sostenibilidad que inciden en la gestión forestal. “Nos preocupa la pretensión de implantar una protección estricta del diez por ciento de los bosques, sin prever los recursos que dichas restricciones conllevarán” dijo,
“Estamos de acuerdo en la conveniencia de proteger los escasos bosques maduros existentes en Europa, pero demandamos un consenso con Estados y regiones en su definición y caracterización”, sostuvo. Por ello, defendió que la sostenibilidad tiene que ser ambiental, pero también económica y social, especialmente en lo que la gestión forestal puede contribuir a la lucha contra la despoblación.
De la misma forma, el consejero exigió a Europa fondos para paliar el “déficit” de España en la gestión forestal avanzada, ante la escasez de financiación para esta materia, con el fin de aplicar un ejercicio de “equilibrio e igualdad” en el marco de la futura Estrategia Forestal Europea para 2030.
Al respecto, Suárez-Quiñones explicó que España, a pesar de ser un país forestal, no cuenta con una asignación de fondos en la financiación autonómica adecuada, por lo que estimó que Europa debe articular compensaciones en el caso del Estado español. De hecho, indicó que Castilla y León, la “tercera región europea” con más “potencia” forestal (5,1 millón de hectáreas), por delante de 17 estados miembros, cuenta con “menores” recursos para estas políticas.
También manifestó la necesidad de que la Estrategia respete el principio de subsidiaridad, en particular en la propuesta legislativa de un marco sobre observación de los bosques, la presentación de informes y la recopilación de datos, que exigirá también la elaboración de planes estratégicos para los bosques”.
Por otra parte, el consejero respaldó la apuesta por la bioeconomía ya que consideró que los bosques y otros terrenos forestales, como las dehesas, “pueden hacer una contribución relevante”, y valoró el “impulso del uso de la madera en construcción y la aplicación del principio de uso en cascada de los recursos forestales, así como los recursos no madereros y el ecoturismo”.
El consejero defendió la necesidad de contar con una estrategia forestal y añadió que es clave para la prevención de incendios, plagas y vendavales y para el diseño de territorios resilientes, especialmente en las áreas mediterráneas, “donde los riesgos del cambio climático resultan ya patentes”.
Sin embargo, manifestó “cierta preocupación” en relación a que el diálogo de la Comisión Europea con las administraciones competentes no haya sido “todo lo rico” que esperaban, especialmente con las regiones, debiendo incrementarse en el futuro. Indicó que el texto se apoya en algunas premisas que a juicio de las comunidades no responden a un consenso científico, como que los recursos forestales estén disminuyendo, o que la biodiversidad forestal esté empobreciéndose, o que las absorciones de carbono de los espacios forestales estuvieran comprometidas”.
En conclusión, en palabras de Suárez-Quiñones, “damos la bienvenida a la propuesta de la Comisión Europea, pero esperamos que su debate ulterior, con el Consejo, el Parlamento y las Regiones, nos permita dotarnos de las herramientas, jurídicas, de gestión, fiscales y presupuestarias, adecuadas para ser un referente en el escenario internacional”.
Sobre el paquete legislativo Fit for 55 , las comunidades apoyan una política europea decidida de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para conseguir sectores económicos más verdes y sostenibles, generadores de empleo encaminado a una transición ecológica y energética, mediante la reorientación de su actividad, la cualificación profesional, la innovación y las nuevas tecnologías.
Además, respaldan la reforma del Reglamento Europeo sobre el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, pero en todo caso “amparando al mayor número de ciudadanos posible con hogares vulnerables” en la concesión de ayudas por el Fondo Social para el Clima, debiendo ser ayudas de concesión “rápida y eficaz”.
Respecto a la reforma del Reglamento de Reparto de Esfuerzos, se solicita a Europa un método de cálculo de reducción de emisiones transparente, realista y racional que permita conocer los niveles actuales y pasados de emisiones de GEI para comparar, cuantificar y medir los esfuerzos, así como poder evaluar los progresos.
En cuanto a la revisión del Reglamento LULUCF (Reglamento sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura), las autonomías consideran que la propuesta no es acorde a la realidad de los ecosistemas mediterráneos ni a la previsible evolución del sector forestal a medio plazo, todo lo cual coloca a las regiones españolas en una situación de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.
Finalmente, sobre la reforma del Reglamento en materia de emisiones de dióxido de carbono en turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, las comunidades exigen la protección de la industria de la automoción dada la actividad económica y capital humano.