Diario de Castilla y León

Sanidad alega que no podía verificar algunas mascarillas por venir la ficha «en chino»

El Procurador del Común cree que Sacyl hizo «cuanto estuvo en su mano» para abastecerse, incluso con productos «sin certeza» sobre su eficacia 

Mascarillas defectuosas inmovilizadas en el hospital Clínico de Valladolid.- E. M.

Mascarillas defectuosas inmovilizadas en el hospital Clínico de Valladolid.- E. M.

Publicado por
Esther Neila
Valladolid

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La Consejería de Sanidad alega que no pudo comprobar la validez y duración de todas las mascarillas repartidas en Castilla y León , entre otras cosas porque algunas «carecían de documentación» y otras «contaban con fichas y certificados en chino, lo que impedía verificar su capacidad de absorción». Son las razones esgrimidas por el departamento de Verónica Casado para explicar cómo llegaron miles de mascarillas ‘con tara’ a los trabajadores de hospitales y residencias. Así se lo explica al Procurador del Común, a raíz de una queja presentada por la UGT. 

En una doble resolución, Tomás Quintana emplaza a las consejerías de Sanidad y Familia a tomar las medidas necesarias para «garantizar» equipos de protección «válidos» para evitar en el futuro «situaciones como la sufrida» en los últimos meses. 

Durante la pandemia , la Junta inmovilizó al menos tres lotes de mascarillas. A mediados de abril retiró una remesa de la marca Garry Galaxy, que formaban parte de las compras centralizadas en Madrid y que habían sido distribuidas en varias autonomías por el Instituto de Gestión Sanitaria, el Ingesa. Luego, en mayo, Sacyl comprobó que otros dos modelos adquiridos por la Junta de Castilla y León al proveedor Shanghai Huanbiao inclumplían los requisitos de seguridad. En concreto, se retiraron 20.000 unidades de la marca Subolum KN95, que llevaban casi un mes siendo utilizadas por los profesionales, y otras 400.000 del tipo Moloven Butterfly, que según la Consejería no llegaron a ser usadas. 

Sanidad asevera que, «a raíz de la alerta» por las mascarillas repartidas por el Ingesa, «se adoptó la decisión» en Castilla y León de cancelar «equipos que ofrecieran la más mínima duda». De hecho, pocos días después envió al Centro Nacional de Medios de Protección (dependiente del Ministerio de Trabajo) cuatro modelos adquiridos a la compañía china Anhui Subolun Garment a través del mencionado proveedor, que había vendido en total más de un millón de unidades a la Junta. Dos de esos cuatro modelos se demostraron defectuosos y fueron finalmente retirados.

En su cronología de los hechos, la Consejería de Sanidad asegura que «en enero de 2020» comenzó a trabajar en la compra de material y que el 5 de febrero aprobó un plan  específico. Relata también las dificultades para adquirir productos en el mercado asiático por los problemas de abastecimiento en un continente que venía sufriendo la pandemia «desde finales de 2019». La Secretaría General de la Consejería procedió entonces a «centralizar las compras» con «contratos de emergencia» para pertrecharse de material. Los equipos que llegaron fueron por las adquisiciones desde las consejerías de Sanidad y Fomento, del Estado y las donaciones de particulares y empresas, agregan desde Sacyl. 

Todos esos recursos se almacenaron y distribuyeron desde instalaciones de la Consejería de Sanidad. Luego, desde «una nave de la Consejería de Fomento» y, a partir del 27 de marzo, «por una empresa contratada a tal efecto», reza la explicación de la Junta. Desde esa nave, y «dada la urgencia» se enviaba a cada centro el material necesario «en atención a sus necesidades diarias». Y los servicios de prevención de cada centro quedaban encargados de «verificar» cada EPI, continúa. 

Quintana se muestra comprensivo con la gestión sanitaria en un contexto inédito . Es necesario situarse, dice el Procurador, «en el escenario de los meses de marzo y abril», «una situación excepcional en la que se adoptaron medidas excepcionales, tales como intentar aprovisionarse de productos que seguramente no se sabía con certeza si tenían las garantías oportunas y que en ese momento era muy difícil comprobar». En resumen, estima que la Consejería de «realizó cuanto estuvo en su mano para hacer frente a una situación muy complicada de gestionar».

La queja de UGT aludía también a las medidas adoptadas por la Junta una vez tuvo constancia de que muchos trabajadores habían estado expuestos al coronavirus sin la protección exigible. Sanidad arguye que «dio instrucciones para que quienes habían usado mascarillas defectuosas se pusieran en contacto con los Servicios de Prevención» y que estos, a su vez, activaron un plan de seguimiento y vigilancia. Además, fue el momento en el que se comenzaron a realizar «test masivos a los profesionales». Al respecto, el Procurador del Común insta tanto a la Consejería de Sanidad como a la de Familia a «dar difusión» a las recomendaciones  para que todos aquellos trabajadores «que se han visto privados de Epis con todas las garantías sanitarias» acudan a los servicios de prevención.  

El Procurador constata que «todos los estamentos públicos adolecieron de falta de previsión» y que «se produjeron serias dificultades» para adquirir material. «Ahora bien, eso no empece para que en este momento haya de hacerse una previsión de futuro dado que la pandemia no ha sido ni totalmente controlada y que el futuro es incierto, sobre todo a la vista de los rebrotes que se están produciendo», añade. 

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