El TSJ condena a Sacyl a pagar el logopeda a la familia de un niño sordo

Sentencia firme para una familia leonesa de un niño con una grave hipoacusia bilateral. El Tribunal Superior de Justicia ha hablado claro: Sacyl deberá abonar más de 11.000 euros a una familia leonesa por no ofrecer tratamiento a su hijo de ahora 14 años.

Y es que la familia del menor, que tiene esta condición desde que nació e incluso lleva audioprótesis desde los seis meses, se vio obligada a llevar al niño a la sanidad privada desde que este tenía tres años puesto que la sanidad pública, en concreto el Complejo Universitario de León, argumentaba que no prestaban servicio de logopedia especializado a niños con hipoacusia.

Sin embargo, la recomendación de los médicos era clara: el menor precisaba de «al menos tres sesiones semanales de fisioterapia y logopedia en su Centro Base» con el fin de evitar daños permanentes e irreversibles en su desarrollo, comunicación y también en su integración social.

Ante la negativa de la sanidad pública y con el fin de proporcionar a su hijo la mejor atención posible, la familia se vio entonces obligada a recurrir a la sanidad privada y asumiendo todos los gastos para el tratamiento logopédico especializado.

Por todo esto, los padres del niño reclamaron el reembolso de los gastos médicos por los gastos generados en la sanidad privada (11.205,50 euros), algo que en un principio fue desestimado por la Gerencia de Salud del Área de León.

El abogado de la familia, José Luis Crespo, explica que esta es la quinta sentencia que tienen respecto a niños con hipoacusia diagnosticada en los primeros meses de vida. «Les dan una hora a la semana de logopedia hasta los tres años y luego se les deja tirados por la Sanidad Pública», denuncia el letrado en declaraciones a este periódico.

El abogado apunta a la Junta de Castilla y León, de quien critica que, pese a las cinco sentencias en las que se ha dado la razón a las familias, el panorama no cambia cuando se trata de menores con este tipo de condición médica. «A la Administración le da igual. Tiene sentencias en contra y sigue denegando la historia. No sé hasta qué punto. ¿Cuántas sentencias más querrán?», expone.

Además, la familia de este menor obtuvo también un informe elaborado por la Asociación de Familiares y Amigos del Sordo de León (ASFAS León), donde indican claramente que el ya adolescente «presenta desafíos significativos en áreas relacionadas con la comunicación y la deglución debido a su diagnóstico de distrofia muscular facioescapulohumeral». Además, el menor también tiene diagnosticado trastorno de espectro autista.

«Además de hacer hincapié en la importancia de una intervención temprana, individualizada y de calidad para abordar las dificultades identificadas; buscando no solo mejorar las habilidades comunicativas sino también prevenir consecuencias devastadoras (como el fallecimiento) derivadas de un trastorno de deglución o dificultades sociales», argumentan.

Mientras la familia expresaba en su denuncia el «abandono» del sistema, la Junta argumenta en una posición opuesta. De acuerdo con el escrito, el niño estuvo «perfectamente atendido» en revisiones periódicas, diciendo incluso que «se le ha ofrecido al paciente el tratamiento adecuado», lo que choca con la denuncia de la familia.

Por otro lado, apuntan a que el menor fue debidamente tratado en su Centro Base. «Fue atendido en el Hospital Universitario de Salamanca y emitió las recomendaciones de sesiones de fisioterapia y logopedia de su centro base».

De hecho, la Junta señala que la realización de sesiones adicionales «solo puede ser entendida como un uso abusivo», defendiendo que no existía una «urgencia vital» que justificara esos tratamientos en centros privados. Sin embargo, el TSJ desestimó estas alegaciones de Sacyl.

En primer lugar, explicando que las llamadas ‘sesiones adicionales’ no han sido utilizadas de «forma abusiva», sino que responden a una falta de tratamiento por parte de la sanidad pública. De hecho, apuntan a que «la falta de tratamiento seguido hubiera aumentado las secuelas incapacitantes del niño», lo que justifica la decisión de llevarle a la sanidad privada.

El TSJ recalca que el caso de este menor sí requería un tratamiento «que no podía demorarse» con el fin de fomentar su desarrollo, algo que no ocurría en el Hospital de León y que, en definitiva, explican, «no constituye una utilización abusiva». Ahora, con esta sentencia firme, la Junta tiene aún la posibilidad de presentar un recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, lo que supondría alargar más el proceso de reembolso del dinero a la familia.