La Junta abre un expediente sancionador con el matadero de Segovia que sacrificó 200 ciervos

La Junta de Castilla y León ha abierto un expediente de sanción contra el matadero de ciervos Vicente de Lucas, en Segovia, tras una denuncia interpuesta por parte de Igualdad Animal el 22 de diciembre de 2025, en la que se indicaban posibles infracciones de la normativa de bienestar animal tras la matanza de más de 200 ciervos procedentes de actuaciones de control poblacional en el Monte de El Pardo.

Este procedimiento aún está en fase de instrucción y se inicia, según indica un comunicado enviado a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, debido a la falta de comprobación de los indicadores de aturdimiento tras el empleo del arma de proyectil libre, lo que sería una infracción muy grave de la Ley 32/2007, en relación al cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y la sanción puede variar entre 6.001 y 100.000 euros.

Las presuntas irregularidades documentadas por Igualdad Animal fueron cometidas durante las operaciones de manejo, aturdimiento y matanza de los animales dentro del recinto, y los hechos también fueron trasladados a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para mantenerles informados, pues los ciervos de este matadero entran al mercado para el consumo humano.

La Consejería de Sanidad salió en defensa del matadero cuando el caso se hizo público el pasado mes de mayo, alegando que el mismo contaba con las autorizaciones pertinentes para el sacrificio de caza de cría y que existía una supervisión veterinaria oficial, a lo que Igualdad Animal respondió recordando que su denuncia se fijaba en las prácticas observadas durante la matanza y la eficacia de los mecanismos oficiales de control destinados a garantizar el cumplimiento de la legislación de bienestar animal, y no en si el establecimiento tenía en regla la autorización administrativa adecuada.

También en mayo de este año, concretamente el viernes 22, la organización denunciante solicitó mediante una reclamación en medidas de transparencia, una revisión de los Servicios Veterinarios Oficiales, las actas de inspección, las medidas correctoras y protocolos aplicados y la información de los Sistemas de Videovigilancia del Bienestar Animal (SVBA), la cual ha de estar presente obligatoriamente en todos los mataderos. Tras no recibir respuesta por parte de la Administración, Igualdad Animal presentó una reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León.

Dentro de este marco, la fundación considera que debe salir a la luz cómo se produjeron las irregularidades denunciadas en un matadero que debe cumplir con las obligaciones de contar con sistemas de videovigilancia y estar sometido a controles oficiales, hechos que no fueron detectados anteriormente. Debido a esto, reclama saber el verdadero funcionamiento de los sistemas mencionados y la capacidad que tienen para prevenir y detectar incumplimientos de la normativa de bienestar animal.

Respecto a la cuestión del consumo humano, la Junta de Castilla y León ha confirmado que los ciervos sacrificados en el matadero fueron declarados aptos para la ingesta humana después de una inspección veterinaria oficial, por lo que las canales obtenidas tras la matanza se incorporaron a la cadena alimentaria a través de establecimientos en el territorio nacional.

Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal, afirma que "La apertura del expediente sancionador supone un primer paso y confirma que los hechos denunciados requerían una respuesta por parte de la Administración. Al mismo tiempo, la Junta ha confirmado que los ciervos sacrificados en este matadero se incorporan a la cadena alimentaria". 

En referencia al consumo humano de esta carne, la gerente declara que el caso "demuestra que el consumidor no tiene ninguna forma de saber si la carne que llega a su plato procede de un proceso en el que se haya respetado la legislación de bienestar animal", y destaca que "ahora es imprescindible que la instrucción analice el alcance de los posibles incumplimientos, que se esclarezca qué falló en los mecanismos de control y que, si se acreditan responsabilidades, existan consecuencias proporcionales a la gravedad de los hechos".

Finalmente, la organización Igualdad Animal sigue centrada en conseguir el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación de bienestar animal, por lo que continuará "realizando un seguimiento del procedimiento hasta su resolución y reclamando que tanto la investigación como las actuaciones administrativas se desarrollen con la máxima transparencia", tal y como indican en una nota de prensa difundida para los medios de comunicación.