La mala gestión de los Next Generation
LA GESTIÓN de los Fondos Next Generation está siendo, cuanto menos, polémica. Ya el Tribunal de Cuentas de la UE reprochó a España su retraso a la hora de coordinar estos fondos según el cronograma pactado, donde solo se ha ejecutado el 22% de lo presupuestado en 2024. Es decir, de los 34.134,4 millones solo se habían transferido 7.538,3 millones de euros.
Este desfase en la gestión se debe a varias causas: una de ellas es la falta de personal especializado y la escasa coordinación entre administraciones, a lo que se le debe añadir el obstáculo parlamentario que ha frenado reformas clave en materia de empleo o fiscalidad. En suma, son muchos los organismos que critican una aplicación poco transparente, con deficiencias en el control y la trazabilidad de los beneficiarios, lo que supone un riesgo a la hora de realizar desembolsos sin contraprestaciones reales.
Estos hechos, unidos a la gestión partidista de los fondos, ha hecho que Bruselas recorte en 1.100 millones de estos fondos a España por incumplir ciertas medidas y reformas. Sin ir más lejos: no se ha compensado debidamente a los funcionarios interinos ni tampoco se ha aprobado la subida fiscal al diésel. Tampoco se ha cumplido en materia de digitalización de entidades regionales y locales, algo que es crucial desde el inicio del reparto de los Next Generation.
Si atendemos a una suerte de análisis DAFO, podríamos considerar que la ineficiencia en la ejecución de los Fondos supone una pérdida de oportunidad, además de una amenaza para el crecimiento económico de nuestro país.
Quizá, ante una situación que requiere atención, lo primero que deberíamos reclamar es voluntad de los gestores políticos para hacer las cosas con sentido común y eficacia. Para que las regiones como Castilla y León vean los frutos de estos préstamos se debe tener una estrategia nacional clara, alineando los objetivos regionales de empleo, innovación y cohesión territorial. Hoy por hoy, dicha estrategia brilla por su ausencia. Este problema se traslada directamente a los Ayuntamientos y pequeños municipios, principales damnificados por la mala gestión, siendo el resultado un medio rural frustrado, unas empresas sin ayuda real para invertir en digitalización y un anuncio de dinero que genera falsas esperanzas por la lentitud administrativa y que parece no llegar nunca.
Ante esto, se requiere refuerzo institucional urgente, dedicando más recursos humanos para evitar cuellos de botella mediante asistencia técnica europea; simplificación y coordinación burocrática para agilizar trámites y fomentar la colaboración público-privada; transparencia real mediante el uso de plataformas digitales para seguimiento de la aplicación de los fondos, así como auditorías periódicas. Todo ello redundará en positivo en los castellanos y leoneses, que hoy lamentan la falta de capacidad técnica para concurrir a las convocatorias y justificar los fondos.
En Castilla y León ya sabemos lo que ocurre cuando pasan los trenes de largo y no paran. Quizá todavía estemos a tiempo de revertir la situación, pero para ello no podemos permitir que los Next Generation se conviertan en una operación de marketing de los gobiernos sin impacto real en consumidores y empresas. Europa, esta vez, no está fallando y España está traicionando la mayor oportunidad de transformación económica de nuestra generación.
Juan Carlos De Margarida es presidente de ECOVA