Diario de Castilla y León

EDITORIAL

Hora de trabajar por el servicio de mediación laboral de la Comunidad

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CON LA RESOLUCIÓN judicial sobre la mesa a propósito del desencuentro entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y los sindicatos mayoritarios respaldando la decisión de la administración autonómica sobre la financiación del servicio de mediación de Castilla y León, el Serla, el siguiente paso en este conflicto debería ser el de mirar por los intereses de los trabajadores castellano leoneses y superar una situación que sólo puede empeorar la calidad del servicio de mediación que se presta.

El Serla es un sistema de solución autónoma de conflictos laborales del que se ha dotado Castilla y León tras alcanzar sendos acuerdos con las organizaciones sindicales y las patronales más representativas de la Comunidad. Nace por tanto de un esfuerzo por levantar acuerdos que permitan una mediación eficaz en la resolución de conflictos de índole laboral sin necesidad de alcanzar la vía legal. Este arbitraje, por tanto, se fundamenta en la confianza de que todos los integrantes de la Fundación Serla respaldan como principal objetivo la conciliación entre empresas y trabajadores en casos de conflicto laboral. Esa confianza ha pasado por un bache de significativa repercusión a cuenta de la financiación que se aporta desde la administración autonómica para sostener este recurso de arbitraje laboral, pero es el momento de volver a la senda del acuerdo para dar cumplimiento al espíritu fundacional del Serla.

Todos los firmantes de este acuerdo que dio vida al servicio deben ser conscientes de que lo realmente importante es seguir trabajando en favor de los trabajadores y las empresas y que prolongar situaciones de falta de confianza solo derivará en una pérdida de certidumbre sobre este servicio del que se benefician centenares de empleados y empresarios de Castilla y León cada año.

Evitar que se asiente un clima de inseguridad en lo referente a la resolución de conflictos laborales debería ser el principal objetivo de la administración autonómica, los agentes sociales y los representantes de la patronal para eludir que se genere un grave perjuicio para las personas trabajadoras y las empresas de la Comunidad. La decisión judicial conocida ayer abre la puerta a ponerse a trabajar y superar la situación de tensión entre las partes por el bien del mercado laboral castellano leonés y por la pervivencia de una institución de arbitraje que ha dejado patente su utilidad en los años en los que lleva en funcionamiento. Mediación y arbitraje, también para el propio Serla.

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