Una advertencia seria a la necesidad de agilizar la acción de la Junta

Las advertencias del Procurador del Común suelen ser, además de oportunas, certeras y apegadas a la vida cotidiana de la gente. Por eso, cuando recomienda que el bono térmico sea retribuido en menos de seis meses de lo que está hablando, en parábola, es de la necesidad de que la administración deje de ser de una vez por todas un diplodocus. Especialmente cuando se trata de asuntos urgentes que afectan a la vulnerabilidad y a la viabilidad económica de familias vulnerables.

Y la Junta es, de largo, la administración más densa y lenta de cuantas padecemos. Ese es un reto político constante de cada legislatura, el de acelerar la administración. Y ni acelera ni cambia, pese a que la tecnología ha aportado soluciones espectaculares que, por ejemplo, usan habitualmente empresas e instituciones privadas. Eso que se llama la evolución en digitalización que tanto pregona para el resto la Junta, pero que no se aplica en exceso y que cuando lo hace a veces es para desesperación de los contribuyentes. Es la misma dolencia de la administración general del Estado, que sigue anclada en finales de siglo pasado. Muy ágil para, por ejemplo, cobrarte desde Hacienda sin preguntar, pero muy lenta e insana para corresponder al contribuyente. 

Está claro que las ayudas se deben pagar con agilidad. Con inmediatez, una vez certificada. Y para certificarlas hoy existen mecanismos y abundantes bases de datos en manos de las administraciones que deberían aportar celeridad si estuvieran interconectados y en uso. Y ese es uno de los problemas que tiene que resolver la administración autonómica. No es comprensible que alguien tenga que esperar a que se resuelvan todas las solicitudes para cobrar una ayuda, como está ocurriendo en casos como ayudas a los alquileres, por una decisión de la administración central, muchos de cuyos dirigentes se niegan a avanzar en desarrollo impidiendo la facilidad de la vida de la gente.

Y de eso está hablando el Procurador del Común. Es lamentable que a estas alturas del siglo, con la tecnología galopando en todos los ámbitos, el Defensor del Pueblo de Castilla y León le tenga que advertir a la administración que una ayuda para que familias vulnerables puedan encender la luz y poner la calefacción se pague antes de seis meses. La vulnerabilidad contiene el elemento de urgencia en la acción. La política sigue sin entenderlo. La bondad del modelo autonómico es la descentralización encaminada a acercar la administración al ciudadano y así agilizar su operatividad. Y si eso no funciona así, de poco sirve la descentralización y el modelo, que ya está más que rodado.