Contexto económico ante el 23J
Con el verano ya prácticamente encima y agosto a la vuelta de la esquina, es conveniente hacer una reflexión del panorama socioeconómico para conocer el punto en el que nos encontramos, ante la llegada de unas elecciones generales sin precedentes.
Nuestra región, Castilla y León, se sigue moviendo en un contexto de incertidumbre, donde se mantiene la tendencia de desaceleración, con una alta volatilidad derivada, sobre todo, del momento internacional beligerante y la realidad geopolítica que estamos atravesando, lo que nos lleva a vislumbrar un horizonte económico complejo.
Como ya adelantábamos en el análisis del último Observatorio Económico de Castilla y León, la economía está manteniendo un comportamiento mejor de lo esperado, pero forzado y ficticio, lo que no plasma de manera verosímil la realidad actual que, hasta el momento, ha conseguido sortear una recesión técnica, que podría conllevar a la disminución del consumo y de la inversión, a la reducción de la producción, a un repunte del desempleo y a una bajada de la inflación que debilitaría la actividad económica en general. Para evitarlo, es urgente contraer el gasto público, algo que tiene pocos visos de ocurrir debido a que en los momentos electorales la responsabilidad presupuestaria queda en entredicho.
Sin embargo, existe un dinamismo económico que nos llevaría a una cierta estabilidad en el corto plazo, y que si no se proyecta, es muy probable que las consecuencias comiencen a arrojar una moderación salarial, una disminución de la creación de puestos de trabajo, una caída de la temporalidad, así como el mantenimiento de un consumo que no llegue a despegar.
Y es que existen unos riesgos que debemos tener en cuenta: España y, por ende, nuestra región no ha sabido aprovechar el tiempo de bonanza para reducir la deuda y tender hacia un superávit presupuestario, lo que ha conllevado un déficit muy elevado. Por ello, es del todo necesario conocer cuáles son las posibilidades de no acrecentar más la deuda y su devolución ante el exceso de gasto público. De lo contrario, estaremos abocados a un desequilibrio presupuestario, como el ya que tenemos, dado que no se están generando los ingresos suficientes para sufragar los continuos gastos, en muchos casos innecesarios, que conllevan un sobrecoste para el Estado y la región, donde lo coyuntural se transforma en estructural y, por tanto, en definitivo.
En este sentido debemos ser claros: alguien nos tiene que decir hasta dónde llegar y cómo se ha de actuar a la hora de gastar e invertir. Por ello, es vital que la Unión Europea se adelante en el tiempo para ‘poner orden presupuestario’ y retornen las reglas fiscales en 2024. Tenemos que limitar la deuda si queremos evitar unos recortes que puedan ocasionar el empobrecimiento de la población y una economía en decrecimiento con la posibilidad, cada vez más probable, de acercarse a una recesión técnica.
El nuevo Gobierno resultante de los comicios del 23J debe ser riguroso, prudente, responsable y tener altura de miras, así como el sentido común como estandarte en el que apoyarse a la hora de gestionar los recursos público-privados, donde una toma de decisiones valientes sea garante del crecimiento y la estabilidad económica, dejando de lado intereses partidistas que, en poco o nada, benefician al conjunto de la sociedad.