Diario de Castilla y León

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EL INFORME anual de Cáritas representa uno de esos momentos que te sitúan frente a la realidad. Que te alejan del enjambre político del día a día y la estrategia de eslóganes en forma de tuits para detener la mirada en lo que de verdad importa. Lo que muestran los últimos datos de Castilla y León es como para preocuparse y mucho. Cierto es que, tras la traumática situación vivida en la pandemia, desciende la cifra global de atendidos dentro de los programas de la organización, pero aun así hablamos de más de 120.000 personas y -lo peor de todo- el análisis cualitativo presenta un escenario muy complejo en el que los problemas se cronifican. “Antes pedían que les paguemos el recibo de la luz una vez y ahora lo hacen cuatro”, resumía el coordinador autonómico de Cáritas, Antonio Jesús Martín de Lera, en una definición que refleja con contundencia el problema y que debería remover conciencias.

El incesante crecimiento de la inflación, unido a los problemas de inserción laboral en los jóvenes o las consecuencias del conflicto bélico ruso-ucraniano representan las principales amenazas para una parte importante de la población que no llega a fin de mes. Conocemos las causas en un diagnóstico compartido, pero el enfermo no solo necesita medidas temporales y en el corto plazo, sino sobre todo recetas precisas que permitan que abandone la situación de precariedad en el medio plazo. Por ejemplo, la Memoria de Cáritas constata que en Castilla y León, como en el resto de las autonomías, crece el efecto de los llamados trabajadores pobres, “que no pueden vivir con dignidad y llegar a fin de mes”. Una vez más, la realidad frente a la habitual hipocresía de los gobiernos cuando se felicitan por los datos del paro del mes en curso. Algo estamos haciendo mal cuando el trabajo en sí mismo no protege contra la pobreza.

Ahora bien, ¿y qué hacemos para evitarlo? Vivimos hoy una situación en la que los trabajadores exigen salarios más altos para adaptarse al coste de la vida y las empresas repercuten esos costes a los clientes, dentro de una espiral que produce pavor. Hasta el momento, la originalidad gubernamental pasa por una retahíla de medidas que copan titulares y que pasan por salarios mínimos más elevados y más rigidez en la contratación y el despido. Olvidan, sin embargo, la otra pata fundamental de la balanza, la de incentivar a que las empresas obtengan un beneficio adecuado para mantener la persiana subida. Cuando la economía tropieza, quienes sufren primero las consecuencias son, precisamente, los trabajadores más vulnerables. 

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