Diario de Castilla y León

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JUAN CARLOS I de España, jefe del Estado durante  39 años, abandona el país para que sus escándalos o salpiquen a su hijo Felipe VI. El rey emérito, al día de hoy [por ayer] en paradero desconocido, se va sin explicar a su pueblo las razones de su huida. Y eso que su inviolabilidad impide que se le juzgue por delitos cometidos cuando fue la primera autoridad del Estado. Todo un plan secreto pactado por el rey actual, su padre y un desleal presidente del Gobierno que oculta a la ciudadanía y a sus socios los detalles del pacto.

Se trata de levantar un cortafuegos para que la indignación popular no socave los cimientos de una monarquía que se coló de rondón en la Ley de Reforma Política: «porque un referéndum se habría perdido», en palabras de Suárez. Y ese cortafuegos minimiza, para las cúpulas de PSOE, PP, Cs y Vox, el hecho de que el exjefe del Estado haya incurrido en fraude fiscal, con cuentas en Suiza, y reciba comisiones millonarias por el AVE a La Meca en momentos de extrema dificultad en su país.

La paradoja de estos partidos que apuntalan comportamientos «irresponsables» de la monarquía es que, para ellos, quienes cuentan la verdad «destruyen y desestabilizan la democracia». Son los mismos que impiden que el Parlamento investigue a una monarquía parlamentaria. Los mismos que avalan la carta del emérito a su hijo donde el monarca califica de «acontecimientos pasados» de su «vida privada» los escándalos por los que se le investiga en Suiza y en España.

El ocultismo de Felipe VI y de Pedro Sánchez sobre la salida de Juan Carlos, la falta de transparencia sobre el patrimonio del rey «fugado» y la tolerancia de los medios afines revelan la intención de consolidar una vasallaje real más propio de la época del Cid. Sorprende que los que adoran hoy a Felipe VI –ya veremos lo que ocurre dentro de unos años– ni siquiera se planteen a estas alturas, y con la tradición borbónica de exilios forzados, retirar la «inviolabilidad» al monarca, exigir que se haga público su patrimonio o simplemente reclamar del CIS una encuesta sobre la valoración de la monarquía.

El colmo de las paradojas es la petición de la ultra Cayetana Álvarez de Toledo a Sánchez de un gobierno de concentración. Lo mismo que antes pidió Vox y que Abascal resucitará en septiembre con su moción de censura. Lo mismo que esta semana apoyó sin la mínima vergüenza el vicepresidente de CyL Francisco Igea. ¿Dónde está su apuesta «real» por la transparencia y la lucha «real» contra la corrupción? «¡Qué buen vasallo si hubiera buen señor!» (Cantar del Mío Cid, dixit).

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