SANIDAD ANIMAL
El sector avícola exige protocolos actualizados tras la gripe aviar
UCCL reclama compromiso por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para unificar criterios y una planificación preventiva estable que se adapten a la realidad en Castilla y León
Una bandada de gallinas come en una explotación avícola, en una foto de archivo.
Castilla y León ha sido uno de los principales focos de la influenza aviar H5N1 durante el otoño de 2025. La región, especialmente la provincia de Valladolid, registró varios brotes en explotaciones de gallinas ponedoras y pollos de carne. La detección temprana y la aplicación de medidas de control fueron clave para evitar la propagación. Sin embargo, la crisis puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre administraciones. Según la Junta de Castilla y León, se han sacrificado un total de 2 114 000 aves en la Comunidad durante 2025 para contener la propagación del virus H5N1. Esta cifra incluye gallinas ponedoras y pollos de carne en diversas explotaciones afectadas. Los datos oficiales reflejan la magnitud del impacto sobre la producción avícola regional y la economía rural asociada.
Los sacrificios masivos implicaron un fuerte impacto económico para los productores, especialmente en explotaciones familiares y medianas. Los daños incluyen pérdida de producción, cierre temporal de instalaciones y repercusiones en los mercados locales. La medida fue necesaria para evitar la extensión del virus y proteger a otras granjas de la región.
El Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León aplicaron medidas complementarias como confinamiento de aves de corral, restricciones de movimientos y vigilancia epidemiológica. Todas las explotaciones bajo riesgo debían cumplir estrictos protocolos de limpieza y desinfección para limitar la expansión del H5N1. La coordinación con veterinarios y técnicos resultó fundamental.
Desde hace más de un mes, no se han declarado nuevos focos en Castilla y León, según los comunicados oficiales de la Junta. Esto indica que la situación de emergencia ha remitido, aunque la vigilancia continúa. Se mantienen controles en para evitar rebrotes.
A pesar del control de los focos, los expertos recuerdan que la influenza aviar permanece presente en aves silvestres, y que cualquier descuido en bioseguridad podría provocar nuevos episodios. Por ello, las explotaciones de Castilla y León siguen aplicando protocolos estrictos y medidas de prevención operativa y estructural.
UCCL, a través de su organización estatal, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha criticado la gestión de la crisis por parte de las administraciones. En un comunicado reciente, señaló que la respuesta no fue suficientemente proactiva ni rápida, lo que pudo contribuir a la propagación entre fincas cercanas. Unión de Uniones reclama mayor profesionalidad y coordinación entre Ministerio y consejerías.
La organización considera esencial la designación de un responsable de sanidad animal en la región, encargado de supervisar protocolos y coordinar acciones. Esta figura permitiría aplicar medidas inmediatas y garantizar el seguimiento continuo de brotes. La organización insiste en que la prevención y la actuación rápida son la mejor estrategia para proteger la producción avícola.
Además, exige que el Ministerio de Agricultura ejerza un papel coordinador más activo, para armonizar los protocolos entre comunidades autónomas. Según Unión de Uniones, la falta de coordinación puede generar retrasos y decisiones inconsistentes, aumentando el riesgo de contagio y el impacto económico.
Los brotes han afectado principalmente a gallinas ponedoras y pollos de carne, con sacrificios masivos en granjas industriales y pequeñas explotaciones. Aunque la influenza aviar no impactó al sector con la misma fuerza que otras enfermedades, el efecto económico y social en Castilla y León ha sido significativo.
La producción avícola en Castilla y León es estratégica para la economía rural y la estabilidad alimentaria. La comunidad aporta un porcentaje importante de la producción nacional de carne y huevos. Los sacrificios y restricciones temporales afectaron no solo a la producción, sino también a la distribución y a los precios locales.
La bioseguridad se ha convertido en una prioridad. Desde las OPAS recuerdan que las medidas preventivas estructurales y operativas son fundamentales para evitar la propagación del virus en futuros episodios. Esto incluye control de accesos, desinfección y seguimiento de aves silvestres cercanas a las explotaciones.
La organización agraria ha integrado la sanidad animal como eje central de la tractorada del 11 de febrero de 2026. Esta movilización pretende visibilizar la importancia de protocolos actualizados, medidas efectivas y comunicación transparente entre productores y administraciones. En la misma linea, advierte que la tardanza en la gestión administrativa puede generar pérdidas innecesarias. Por ello, insiste en la necesidad de responsables claros, decisiones ágiles y coordinación profesional entre todos los niveles de gobierno.