SECTOR VITIVINÍCOLA
Las Opas piden fondos ante la crisis del viñedo
UCCL reclama medidas estructurales para garantizar salidas dignas a los agricultores
Viñedo viejo en el municipio berciano de Toral de los Vadosa.
El sector vitivinícola de Castilla y León está al borde de una profunda transformación, coinciden las principales organizaciones agrarias. La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha intensificado en los últimos meses su demanda de un arranque social del viñedo, una medida que implica subvenciones públicas para que agricultores puedan abandonar definitivamente la actividad vitivinícola con apoyo económico y social.
El “arranque social del viñedo” hace referencia a que la Administración pague compensaciones económicas a quienes decidan retirar sus plantaciones de forma permanente, favoreciendo así el relevo generacional y aliviando la presión de una producción que no siempre encuentra salida en el mercado. La medida también busca acompañar a los viticultores hacia nuevas alternativas profesionales.
Actualmente la política pública más extendida en Castilla y León está orientada a la reestructuración y reconversión de viñedos, destinada a mejorar la competitividad de las explotaciones que continúan en activo, con convocatorias financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). Estas ayudas cubren acciones como injertos varietales, replantación o mejoras técnicas, pero no contemplan compensaciones por abandono definitivo.
Desde UCCL se argumenta que la falta de una línea de arranque específico mantiene a muchos agricultores en una situación de “atrapamiento productivo”, donde la elevada oferta de uva y los bajos precios de venta erosionan los ingresos familiares. La organización reclama que se active la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 1/2025, que obliga al Gobierno a poner en marcha una ayuda excepcional al viñedo y al olivar, con un fondo asignado de 370 millones de euros para ambos sectores.
En Castilla y León, la superficie de viñedo supera las 84.700 hectáreas, siendo la segunda comunidad con mayor extensión de viñas del país después de Castilla-La Mancha. Este dato subraya la importancia del sector para la región, pero también el reto de equilibrar rentabilidad y sostenibilidad económica.
Esta demanda de UCCL llega mientras otras medidas, como la cosecha en verde o las ayudas de reestructuración, se tramitan con plazos y exigencias que no siempre encajan con las necesidades de los agricultores más afectados por la crisis de precios y la falta de relevo generacional. La UCCL y otras OPAs insisten en que solo un enfoque integral puede ofrecer una salida a quienes llevan generaciones en la viticultura.
Las organizaciones advierten de que sin medidas claras y fondos suficientes, la comunidad podría enfrentar abandonos silenciosos de explotaciones familiares, con impactos directos en el tejido rural y el empleo. El reto, según señalan, pasa por combinar instrumentos económicos con políticas de desarrollo rural que permitan mantener la vitalidad de los municipios agrícolas.
El sector aún espera una respuesta firme del Ministerio de Agricultura y de las instituciones europeas para que los programas de apoyo vitivinícola incluyan partidas específicas para el arranque social del viñedo.