El Procurador pide que no se priorice el bilingüismo en la matrícula del instituto en Castilla y León

La nueva consejera de Educación en Castilla y León, María Pardo, ya tiene sobre la mesa de su despacho los primeros 'deberes' dictados por el Procurador del Común. La institución dirigida por Tomás Quintana ha solicitado a la responsable del área que revise el bilingüismo en la Comunidad en las diferentes etapas educativas, sobre todo para evaluar si es necesario que este programa siga siendo un criterio prioritario en el proceso de admisión de los institutos, después de que numerosas familias hayan manifestado que el actual sistema de baremación supone una «clara discriminación» para aquellos alumnos que han estado escolarizados en secciones en castellano.

Las familias consideran en sus quejas que el hecho de no haber matriculado a sus hijos en colegios con doble idioma –inglés o francés, generalmente–, les penaliza después, cuando terminan Primaria y tienen que solicitar plaza en un instituto para pasar a Secundaria. En este paso se tienen en cuenta una serie de criterios puntuables y, entre ellos, critican una ‘cláusula’ que 'cuela' a los bilingües.

En concreto, en el artículo donde se regula la adjudicación de plaza escolar hay un epígrafe que tiene en cuenta como prioridad al «alumnado que requiera la continuidad de programas u opciones no extensivas como la enseñanza bilingüe en los centros que cuenten con esta tipificación», según han recriminado las once familias que han presentado una queja al conocido como Defensor del Pueblo.

Analizado el escenario, el Procurador considera que dicha prioridad «estaría perdiendo su justificación, puesto que la continuidad del programa bilingüe entre un centro y su adscrito ya podría estar suficientemente garantizada con la oferta de institutos tipificados que actualmente existe». Es decir, cree que el propio sistema ya tiene la oferta necesaria para los bilingües sin que tengan que otorgarles ‘puntos extra’.

El Común cree que las secciones bilingües se han ido extendiendo en la Comunidad «de forma progresiva» desde el curso 2006/2007 –«incluso de oficio» sin que los centros lo hubieran solicitado–, así que en la actualidad existe un entramado suficiente como para garantizar la continuidad de un alumno en la enseñanza idiomática, sin que haya que darles un trato aventajado al pasar al instituto. Por eso, insta a Educación a revisar la normativa, convertida en un problema para algunas familias.

Y es que, el bilingüismo 'adelanta por la derecha' a otras circunstancias puntuables en el proceso de admisión, como la existencia de hermanos en el centro, la proximidad al domicilio, la renta de la unidad familiar, la condición de familia numerosa, la discapacidad o el expediente académico. Esto implica que para un alumno no bilingüe, las opciones se reducen.

Aunque el expediente del Procurador del Común no aclara a qué institutos y colegios de procedencia se refieren las quejas que han motivado la resolución pidiendo a Educación que analice «si es procedente» seguir manteniendo el criterio de prioridad por bilingüismo, el mapa está salpicado de ejemplos.

El problema, además, se acentúa cuando concurren otras circunstancias prioritarias, como la referida a los transportados, porque los alumnos ‘ordinarios’ quedan a expensas de las plazas que dejan libres éstos y aquéllos. Así que en muchos casos, no consiguen matricularse en el instituto de referencia que quieren porque las matriculaciones las copan quienes tienen prioridad sobre ellos.

Con la picaresca añadida, según expresaron los autores de las quejas, de que algunas familias solicitan plaza bilingüe para garantizarse su hueco, y luego renuncian a la sección, si bien la normativa de la Junta de Castilla y León lo prohíbe explícitamente para evitar precisamente que se utilice como artimaña.

En todo caso, la institución de Tomás Quintana tiene claro que la prioridad del bilingüismo en el paso al instituto ha perdido su vigencia puesto que ya hay un abanico lo suficientemente amplio como para garantizar la continuidad de los estudiantes en el salto de Primaria a Secundaria, y aprovecha para pedir a la Consejería de Pardo una revisión en todas las etapas educativas del modelo implantado, teniendo en cuenta el «grado de abandono» del alumnado cuando accede a la ESO.