El CES ve la inmigración «decisiva» para el empleo y el relevo generacional de Castilla y León

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León ve la inmigración «decisiva» para la actividad económica y el relevo generacional de Castilla y León. Así lo dice el último informe elaborado a iniciativa propia por la Institución, titulado La situación de la población inmigrante en Castilla y León y presentado en la mañana de este lunes. El Consejo pone sobre el tapete el destacado crecimiento de la población inmigrante en la Comunidad desde el inicio del siglo XXI, una población que ya rebasa los 250.000 inmigrantes y el 11,6% del censo en la media de las nueve provincias. Otro impacto se refiere a la natalidad, ya que el 26% de los nacimientos están vinculados a la población migrante. El crecimiento de ese sector de población ha sido muy rápido en los últimos años, aunque la Comunidad ocupa el puesto undécimo entre las 17 de España en número de extranjeros.

El presidente del CES, Enrique Cabero, destacó la importancia de la normativa y los acuerdos del Diálogo Social para regular los derechos de la población migrante. Recordó a las administraciones, durante su intervención, que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 10, obliga a los poderes públicos de la Comunidad a promover ‘la integración social, económica, laboral y cultural de los inmigrantes’. También puso en valor que ese artículo está desarrollado en la Ley 3/2013 de 28 de mayo, de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, con reglamento posterior y normativa que se elaboró con el Diálogo Social.

En este marco, «son necesarias políticas de integración», manifestó, antes de valorar el informe realizado por el CES, del que forma parte un «documento técnico con un estudio profundo, elaborado por profesores de las universidades públicas», que fue aprobado por unanimidad por el pleno del Consejo el pasado 20 de abril y ya ha sido enviado a las Cortes, a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España. Cabero recordó que el CES no realizaba un informe sobre el fenómeno de la inmigración desde 2006 –solo hubo uno anterior en 2002–, y la situación ha variado enormemente.

Así, destacó que la población extranjera ya supera los 250.000 habitantes en la Comunidad cuando diez años antes apenas rebasaba los 80.000, lo que supone haber triplicado las cifras. «Han sido claves dos momentos, el crecimiento económico tras la crisis del 2008 y la superación de la crisis del coronavirus», manifestó. Ante esa nueva dimensión, Cabero remarcó la importancia del Diálogo Social para «crear nuevos planes» para regular todas las facetas relevantes. «Es un instrumento clave para los aspectos socioeconómicos, laborales, empresariales y sociales, económicos y culturales», remarcó.

Por otro lado, el informe cuenta con la opinión de las propias personas inmigrantes. El documento técnico incluye una encuesta en la que se has articulado, a través de 59 preguntas, muchos factores distintos que permiten conocer la percepción desde las personas inmigrantes.

El informe, coordinado por los profesores Luis Alfonso Hortelano y María Isabel Martín, destaca que la inmigración ha sido decisiva «en el crecimiento de las entidades empleadoras». El presidente del CES apuntó que no existe una realidad única según los territorios ni en los entornos urbano y rural. La presencia de la mujer ha crecido en los entornos urbanos, donde los trabajos se refieren más a los cuidados y la hostelería, mientras el medio rural cuenta más con hombres migrantes en otros sectores como agricultura, industria o construcción.

Agentes sociales

Participaron en la presentación otros miembros del Consejo del CES: Óscar Lobo, vicepresidente primero, por parte de UGT; Santiago Aparicio, vicepresidente, por parte de CEOE y Ana Fernández de los Muros por parte de CCOO.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, aseguró que ese acto de presentación estaba «cargado de simbolismo» y de «interés público» en un momento en el que se está pactando el nuevo Gobierno de la Junta entre el PP y Vox. Destacó la importancia del informe y aseguró, con ironía, que en el nuevo gobierno autonómico «lo van a necesitar». En la Comunidad «el problema no es la gente que viene, es la gente que se nos va», apuntó, al tiempo que calificó la presentación del informe como «un acto de osadía». «Osadía porque debemos estar a unas semanas, a unos días, a unas horas de la configuración del nuevo gobierno [autonómico]», recordó.

«La presentación de este informe constituye realmente un momento de enorme oportunidad para arrojar luz ante un momento de tinieblas y de nubarrones que no tardarán mucho en venir de nuevo sobre esta Comunidad Autónoma», opinó Lobo, en referencia al inminente pacto de Gobierno entre el Partido Popular y Vox. «Es la antítesis, este acto, de lo que ha ocurrido este fin de semana precisamente aquí en Oporto», dijo, en referencia a la Cumbre de Remigración de Oporto, «una cumbre para poner en valor y destacar y resaltar el supremacismo blanco, la xenofobia, el racismo, donde participan precisamente grupos ultras que formarán parte del futuro gobierno de Castilla y León».

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, habló también de los efectos positivos de la inmigración en el desarrollo económico de Castilla y León, y se mostró a favor de procesos como la regularización de inmigrantes siempre y cuando se realice «de manera regulada» y «siempre vinculada a las necesidades del mundo laboral» con criterios como «la seguridad administrativa y la contratación en origen». Hizo un llamamiento a simplificar los procesos administrativos, un problema que se evidencia con los datos: «Solo el 23% de los inmigrantes ha podido validar sus títulos», dijo, «lo que significa que nos estamos perdiendo el 80% de personas que no lo han podido demostrar cuando hay mucho talento y no podemos desaprovechar este capital humano», añadió.

Aparicio remarcó que toda política migratoria «debe estar adecuada a las necesidades reales de las empresas y del mercado de trabajo». Pero para ello, reclamó a las instituciones «una mayor agilidad y una simplificación administrativa, más seguridad jurídica, impulsar la contratación en origen, algo fundamental, adaptar las políticas migratorias a las necesidades empresariales y hacerlo siempre desde el Consejo, el diálogo parlamentario y el Diálogo Social».

Por su parte la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, valoró que el CES «es un organismo muy valiente y lo ha demostrado en muchas ocasiones». Esta fue «una de ellas». Calificó el informe como «un mensaje para el próximo gobierno» de la Comunidad, llamó al mantenimiento del Diálogo Social y apuntó: «El debate de la inmigración sí o no está superado. Ahora el debate es la inmigración cómo».

«Este es un mensaje para el nuevo Gobierno [autonómico], que suponemos que la próxima semana ya estará elegido y en marcha», consideró, «y por lo tanto hay que reivindicar que hay que mantener el Diálogo Social y que hay que mantener la participación institucional como un modelo de avance de cualquier sociedad».

La representante de Comisiones Obreras quiso también «poner en valor el proceso de regularización extraordinaria que está ahora mismo en marcha» que, aseguró, «va a suponer más derechos para las personas inmigrantes, que haya una igualdad que ahora mismo no la hay, que la economía sumergida y el empleo que está detrás de las personas que no tienen papeles vea la luz, y por lo tanto es una ventaja para todos y para todas, y es una ventaja para las empresas de Castilla y León».

Recomendaciones

El documento de conclusiones y recomendaciones del informe urge a las instituciones a diseñar una política migratoria propia, equilibrada e integral sustentada en el Diálogo Social, reclamando la aprobación de un nuevo plan estratégico de cohesión e inclusión social que sustituya al último programa vencido en 2022.

El informe saca a la luz profundas brechas estructurales. El desempleo entre la población inmigrante duplica al de la nativa, cebándose especialmente con las mujeres, quienes sufren una tasa de paro del 14,75% frente al 10,31% de los hombres, según datos de 2025, y padecen una doble vulnerabilidad al quedar relegadas a sectores altamente feminizados y de baja cualificación, como el servicio doméstico o la hostelería.

El CES tacha de ineficiente que el mercado laboral no aproveche el potencial de los profesionales extranjeros: aunque el 17,6% posee estudios superiores –cifra que roza el 20% en las mujeres–, solo el 23,2% ha conseguido homologar su título. Esto provoca una preocupante «sobrecualificación», obligándolos a aceptar empleos elementales sin considerar su formación de origen.

Para revertirlo, el CES propone agilizar de forma drástica la burocracia de homologaciones y recuperar las ayudas autonómicas para la inclusión laboral que se congelaron en 2021. Para que Castilla y León sea un territorio verdaderamente atractivo para el asentamiento definitivo, el CES exige atajar barreras cotidianas como las brechas digitales, idiomáticas y las trabas en el registro patronal.

Entre las 33 conclusiones del documento, el organismo reclama reforzar el acceso a una vivienda digna y asequible, así como potenciar la inmersión lingüística acelerada en centros escolares. Asimismo, aboga por impulsar campañas de sensibilización que pongan en valor la diversidad cultural para contrarrestar los discursos xenófobos.

Pese a las dificultades administrativas y a la vulnerabilidad asociada a la irregularidad, el informe concluye con una nota de arraigo optimista: la inmensa mayoría de las personas inmigrantes valora positivamente la sanidad y la seguridad de la región, manifiesta su firme deseo de quedarse a vivir en la Comunidad y ya se encuentra realizando trámites de reagrupación familiar.