VOX dice que el ‘pacto de marmota’ con el PP «está cerca» 79 días después del 15-M

El ‘pacto de la marmota’. A eso es a lo que se va pareciendo, cada vez más, el acuerdo entre PP y VOX para el Gobierno de Castilla y León los próximos cuatro años. Un ‘pacto de la marmota’ con el PP que VOX asegura ahora que «está cerca» 79 días después de que los castellanos y leoneses votaran el pasado 15 de marzo.

Ahora, el secretario general de VOX, Ignacio Garriga, aseguró ayer que las negociaciones con el Partido Popular en Castilla y León están «avanzando adecuadamente», por lo que precisó que «están cerca» de poder alcanzar un acuerdo, pero insistió en que «no está cerrado, ni mucho menos».

Ignacio Garriga confió en que sus compañeros en Castilla y León puedan anunciar el pacto «lo antes posible», una vez se materialice, durante su comparecencia de ayer tras la reunión del Comité de Acción Política de VOX.

En ese sentido, el secretario general de VOX aseguró que su partido y el Partido Popular están abordando los «flecos» pendientes y añadió que hay «margen» para «hablar» y «negociar» todavía. No obstante, expresó su deseo de que se firme el acuerdo en las próximas «horas» o «días», informa Ical.

Faltan días o, incluso, horas, asegura Garrida 79 días después del 15 de marzo, para cerrar un acuerdo de Gobierno para el que parece que no se aplica tanta esa prioridad nacional, de la que tanto hablan los de Santiago Abascal y que estará en el acuerdo, para sellarlo definitivamente. Un pacto que, en lo esencial, en las políticas a aplicar, va a ser un clon de los de Extremadura y de Aragón, como ya sucedía en el caso del aragonés, que presentaba casi un 80% de similitudes con el extremeño. Hasta en las consejerías, el puesto de senador y los de la Mesa de los parlamentos, lo pactos de Extremadura y Aragón también eran un calco. En Castilla y León, VOX ya tiene sus dos sillones en la Mesa de las Cortes autonómicas. Lo demás serán peculiaridades territoriales sin mayor trascendencia. Lo que sí ha habido en estos 79 días desde el 15-M es el tacticismo de VOX frente a Andalucía. Eso sí, la idea sigue siendo presentarlo esta semana y llevar el pleno de investidura de Mañueco a la próxima semana, entre el 9 y 11 de junio.

Lo que resta por definir es el reparto de consejerías y si VOX, finalmente, liga a la Vicepresidencia de Carlos Pollán la Desregulación y pare de Familia o deciden volver a asumir Empleo, Industria y Comercio, como en el pacto de 2022. A estas se unirían Cultura y Agricultura, como en el acuerdo de hace cuatro años.

Un acuerdo cuyo peso negociador lo ha llevado personalmente el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, sin injerencias de Génova, con conocimiento de la dirección nacional, pero sin injerencias. Unas negociaciones que Mañueco llevaba directamente con la secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de acción de gobierno y coordinación parlamentaria, Montserrat Lluis, quien fuera directora general de coordinación e interacción social de la Junta y asesora de Juan García Gallardo como vicepresidente entonces del Ejecutivo autonómico.

Sin querer revelar «mucho», Garriga aseguró que ese pacto permitirá a VOX tener la «capacidad presupuestaria y competencial» para impulsar el «cambio» que prometieron en las últimas elecciones autonómicas del 15 de marzo. Por ello, insistió en la importancia de que se alcance «lo antes posible» porque cada «minuto» o «día» que pasa no están centrados en dar un nuevo «rumbo» a la Comunidad.

Igualmente, recomendó al presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla que consulte a otros dirigentes ‘populares’, como Alfonso Fernández Mañueco, María Guardiola o Jorge Azcón para que le expliquen lo «fácil» que es negociar con Vox cuando se hace «de verdad», «seriamente» y «medida a medida» y lo «mal» que responden al «chantaje». A su juicio, Moreno Bonilla está metiendo en un «lío» a los andaluces al no buscar el apoyo de Vox.

Este lunes, Ignacio Garriga fue el encargado de informar en nombre de Vox sobre el estado de las negociaciones con el PP en Castilla y León, después de que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurara que se está «ultimando» este acuerdo, el tercero que firman este año los dos partidos, tras los de Extremadura y Aragón.

Ayer, además, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzó en una entrevista en Telecinco que se dan los últimos retoques al que será el tercer acuerdo que firman los ‘populares’ y Vox, tras los de Extremadura y Aragón.

Dos meses y medio han pasado desde que PP y Vox iniciaron los contactos para reeditar un pacto gobierno en Castilla y León, que ahora parece inminente, aunque todavía faltan por resolver algunos «flecos». Además, no se ha fijado la fecha para su firma esta semana, lo que dependerá de las conversaciones que mantenían este lunes entre ambos partidos.

Tras un fin de semana de trabajo, se están limando algunos detalles del pacto, que será amplio ya que recogerá más de 200 medidas, con plazos para su cumplimiento. Incluirá diferentes propuestas, entre ellas el bloque referido a la prioridad nacional que Vox ha exigido incorporar, así como buena parte de las iniciativas que los ‘populares’ incluyeron en su programa electoral, además de otras cuestiones propias vinculadas a la Comunidad.

Los negociadores de PP y Vox dan prácticamente por cerrado el acuerdo en lo referido a la acción de gobierno que tendrá que afrontar el nuevo Ejecutivo de Castilla y León salido de las urnas el pasado 15 de marzo. En paralelo, intentan consensuar el reparto de competencias y el diseño final del nuevo gabinete, el segundo que forman ambos partidos en la Comunidad.

Durante estas semanas, y tras lo pactado en Extremadura y Aragón, conforme a los resultados electorales, se espera que Vox ostente tres consejerías, una de ellas con rango de Vicepresidencia que entre sus competencias tendrá un área de nueva creación con el nombre de Desregulación. En sintonía con el documento suscrito entre ambos partidos en Extremadura y Aragón también se da por segura una Vicepresidencia para el PP.

Todo ello, precisamente, es lo que PP y Vox tratan de consensuar para alumbrar un pacto que ponga en marcha el nuevo gobierno de Castilla y León esta XII Legislatura. Ambos partidos ya acordaron la conformación de la Mesa de las Cortes el pasado 13 de abril, lo que otorgó dos puestos a cada socio, aunque la Presidencia fue para el ‘popular’ Francisco Vázquez.

En este nuevo acuerdo, el segundo que Fernández Mañueco alcanza con Vox, tras el suscrito en marzo de 2022, que se rompió en 2024, pesarán los resultados de las últimas elecciones. El pasado 15 de marzo el Partido Popular logró 30 procuradores, dos más de los que tenía y un 35,5% de los votos, mientras su nuevo socio logró 14 parlamentarios -uno más- y el 18,9% de los sufragios, por debajo de la barrera del 20%.

La firma del pacto, que todavía no tiene fecha, pero que se espera se produzca en las próximas «horas» o «días», permitirá desbloquear la tercera investidura de Fernández Mañueco. Una vez se oficialice, el presidente de las Cortes convocará con 48 horas de antelación una reunión de la Mesa, que oída la Junta de Portavoces, fijará la fecha de celebración de esta sesión, que presumiblemente tendrá lugar la segunda semana de junio, entorno al día 9 o 10.

En este contexto, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, acusó este lunes al Partido Popular y a Vox de haberse repartido «Castilla y León y los sillones del Ejecutivo autonómico», y reclamó conocer el contenido íntegro del acuerdo que permitirá la investidura de Alfonso Fernández Mañueco.

Martínez, que participó en Soria en una reunión preparatoria de las municipales de 2027, confió en que esta semana se haga pública la fecha del pleno y advirtió de que la Comunidad acumula ya cerca de seis meses sin rendición de cuentas en las Cortes.

Asimismo, aseguró que espera que durante los próximos días «se certifique la felonía y la venta de esta Comunidad Autónoma y de los intereses de los castellanos y leoneses».

El secretario general de los socialistas castellanos y leoneses lamentó que, desde las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, Castilla y León continúe con un Ejecutivo en funciones y sin actividad parlamentaria ordinaria. Asimismo, subrayó que la Comunidad ha vivido seis meses sin rendición de cuentas y sin que el presidente de la Junta haya comparecido para explicar su proyecto.