Anticorrupción y Cuentas avalan la gestión de Antón al frente del Imserso

Se trataba de «un bulo», tal como lo califica el perjudicado, el que fuera director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de 2012 a 2016 –tras haber sido consejero de Sanidad (2003–2007) y consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades (2007–2011) de la Junta de Castilla y León–, César Antón Beltrán. La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas avalan su gestión al frente del Imserso y descartan cualquier responsabilidad penal, ni contable, ni enriquecimiento ilícito tras haber sido acusado, junto con cinco funcionarios de su equipo, a finales de 2018 por una presunta trama de contratos irregulares de informática, una acusación que se demostró falsa.

Fueron Carmen Balfagón —que sustituyó al frente del Imserso a Antón y que ahora es conocida en los medios como portavoz y asesora de la familia de Daniel Sancho en el mediático caso del asesinato de Tailandia—, y su subdirectora y persona de confianza, Aránzazu Cabello, las que denunciaron a Fiscalía Anticorrupción, el 11 de septiembre de 2018, y ante el Tribunal de Cuentas el 26 de octubre de 2018, la pretendida trama, aportando comunicaciones ocurridas entre 2016 y 2018, referidas a contratos firmados a lo largo de 11 ejercicios, de 2006 a 2017.

La Fiscalía Anticorrupción lo tuvo claro desde el primer momento y sus actuaciones finalizaron el 5 de noviembre de 2020 con la propuesta del archivo de la causa, por «no existir ninguna responsabilidad penal ni enriquecimiento ilícito». En esa propuesta el Fiscal concluye que el documento en el que se basaba la denuncia «podría resultar contrario a la proscripción de investigaciones prospectivas que debe regir en el Derecho Penal por falta de un sustento mínimo de prueba en sus afirmaciones», y asegura que «la mayoría de las aseveraciones plasmadas en este debe de ser tildadas como temerarias».

El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid dictó el Auto 95/2022 de sobreseimiento y archivo de las actuaciones el 28 de abril de 2022, sin necesidad de celebración de juicio.

Más tardó en emitir su veredicto el Tribunal de Cuentas, que inició sus actuaciones el 8 de noviembre de 2018 y no las concluyó hasta el 14 de mayo de 2025, más de siete años después, con un auto en el que se ordena el archivo de las investigaciones por no existir «ningún ilícito contable». Eso concluyó el Tribunal tras más de siete años de investigaciones, que le sirvieron para desvelar que «no hubo enriquecimiento ilícito ni responsabilidad penal, ni administrativa, ni contable».

Conviene resaltar que en este largo período de tiempo, el fiscal de este tribunal no llegó a realizar ninguna imputación a ninguno de los denunciados, ni de responsabilidades contables, ni de reclamación de cuantías. Y es que ya el 20 de noviembre de 2020 se decreta por primera vez la no existencia de responsabilidad contable. Las investigaciones se alargan porque con la llegada del nuevo gobierno de coalición se nombra director general del Imserso, de enero de 2020 a diciembre del 23, a Luis Barriga. Este director general, pese a tener conocimiento de que el fiscal del tribunal no ha planteado ninguna demanda y a su vez conocimiento del decreto del fiscal anticorrupción indicando que, por tanto, procede «el archivo de las actuaciones objeto de investigación», es quien apremia, primero al letrado para que, una vez concluido el plazo, solicite ampliación para poder presentar la demanda. Y, también, reclama a la directora de los servicios jurídicos para que realice la correspondiente demanda.

Por este proceso de investigaciones se generaron más de 12.000 folios, 2.296 de ellos foliados y numerados, que contienen todos los documentos incorporados, informes y resoluciones. El resumen es que «no existe ninguna responsabilidad penal, no existe duplicidad de contratos, no existe sobrecoste en los contratos, no hay incumplimiento del objeto de ningún contrato, pues en todos se han prestado los servicios, conformada su prestación y conformidad con los pagos; se han fiscalizado los pagos y pagado los servicios prestados», explican los documentos que exculpan a Antón y a los funcionarios de su equipo también encausados.

Tampoco existe ilícito contable: «No hay enriquecimiento ilícito. Se ha realizado una eficiente gestión de los recursos públicos, los contratos se han ajustado a la normativa y procedimientos de la ley de contratos del estado». Asimismo, se confirmó que «no existieron en ningún caso contratos ficticios».

Según la defensa de Antón, la fabricación del «bulo» por parte de Carmen Balfagón y Aránzazu Cabello se debió a que la primera, que ocupó el cargo de directora general del Imserso entre el 27 de noviembre de 2016 y el 8 de junio de 2018, quiso «fijar ahí la atención y así desarrollar el caos de su gestión en el Instituto, acompañada de su persona de confianza, a la que nombra subdirectora».

Se trataba, así, de tapar el «caos» de una gestión, pero la de Balfagón, en cuyo mandato «no se realizó ninguna actuación de inspección por los servicios del propio Imserso», ni encargó «la auditoría especializada que propone en el ‘Documento de Anomalías’» presentado a Anticorrupción y Cuentas. Por otro lado, fueron ellas las que «promueven directamente la participación de familiares, como su hermano Adrián Balfagón», que trabajan en el ámbito privado, «en la elaboración de los pliegos de contratación» de una aplicación informática.

Un periodo de «caos en la contratación» que obliga a Balfagón a «convalidar por el Consejo de Ministros gastos por contratos paralizados por 30 millones de euros» de febrero de 2017 a abril de 2018, «14 meses de un mandato de 18 meses» y un largo etcétera.

«Tener la conciencia tranquila por saber que hemos actuado con honradez personal y profesional, ayuda en estas situaciones», aseguró el propio Antón, que lamenta que «incluso cuando la justicia concluye que no hay delito ni responsabilidad alguna, el daño profesional y social ya está hecho». Por eso, concluye: «De un bulo que te acusa no sales nunca».