El Procurador del Común califica como "modelo cuestionado" la jornada continua escolar y exige facilitar el cambio

Horas y horas sentados frente a un pupitre y una pizarra. Para muchos alumnos de Infantil y Primaria, el toque del timbre cuando los relojes marcan prácticamente el mediodía significa el fin de la jornada lectiva. Pero para otros, ese mismo sonido es más un parón para comer y de un ligero descanso al tener que regresar a las aulas por la tarde. Es la diferencia entre la jornada continua y la partida, cuyo debate siempre está encima de la mesa de profesionales y familias para conseguir el mejor rendimiento educativo de los escolares y que tampoco pasa desapercibido para el Procurador del Común, que ahora cuestiona la modalidad del horario escolar continuo en los centros de Castilla y León.

La realidad es que antes del año 2011 existía una tendencia general por defecto entre los colegios de la Comunidad de aplicar el horario lectivo partido para sus estudiantes. No obstante, la ruptura de ese modelo tradicional llegó a través de la Orden de 7 de febrero de 2001, de la entonces Consejería de Educación y Cultura, por la cual los centros empezaron a tener la oportunidad de solicitar cambiar a continua la jornada escolar con los respectivos procesos de votación, que resultaron fructíferos de forma progresiva hasta la «práctica generalización» que impera en la actualidad, recuerda la institución presidida por Tomás Quintana.

Según los datos facilitados por el actual departamento de Rocío Lucas al Defensor del Pueblo de Castilla y León, en el presente curso escolar son 779 los centros que tienen implantada la jornada continua, de los cuales 640 son públicos y 139 son privados-concertados. De hecho, en términos porcentuales, este tipo de modalidad se atribuye al 98,5% de los colegios de carácter público y un 80,4% en los privados-concertados, en los que no se incluyen aquellos de educación especial.

En este mismo curso 2025-26, un total de 45 centros mantienen la jornada escolar partida, 33 de ellos de tipo privado-concertado. El resto son públicos, ninguno de ellos situados en capitales de provincia, de forma que todos los centros con horario partido se ubican en pequeños núcleos de población.

Frente a esta situación, el Procurador del Común, a través de una queja recibida, califica el horario lectivo continuo como «modelo cuestionado» en los colegios de Castilla y León. En esta línea, exponen el caso vislumbrado en la Comunidad de Madrid, donde su presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció en diciembre de 2024 que todos los nuevos colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial tendrían que aplicar la jornada partida con sesiones de mañana y tarde, mientras que aquellos que ya contaban entre su normativa con la tipología de horario continuo gozarían de una simplificación del procedimiento y los requisitos para poder aprobar el cambio a la jornada partida.

Frente a la oposición de los sindicatos, la medida de Díaz Ayuso salió adelante y empezó a aplicarse a partir del presente curso. Y es que, según se enumeró en el Decreto 94/2005 del 23 de diciembre del Consejo de Gobierno y recuerda el Procurador del Común, ese cambio responde a una «demanda de las familias para aumentar la capacidad de conciliación de la vida laboral y familiar», así como a un «interés superior del menor». Además, también se justificó la propuesta por el plan de acción de la OCDE –ideado en 2023– para reducir el abandono escolar temprano en España.

Si bien desde el Defensor del Pueblo se considera que «ahora puede haber cierta tendencia a cuestionar el modelo de jornada escolar continua», hace algún tiempo se exponía la «dificultad» para conseguir la modificación de la jornada escolar continua al mantenerse al margen diferentes madres, padres y tutores. Actualmente, y tras una resolución del Procurador del Común del 27 de mayo de 2020 dirigida a la Consejería de Educación y que aceptó, el procedimiento para conseguir el cambio debe superar diferentes pasos, comenzando con la aprobación de la mayoría del Consejo Escolar del correspondiente centro. Seguidamente, el Claustro de Profesores tiene que aprobar por mayoría el proyecto de modificación de la jornada escolar elaborado por el Equipo Directivo o comisión en quien delegue, el cual debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Escolar, previa consulta a los padres, madres o tutores, de los que se exige la participación de un mínimo de dos tercios del total del censo y que den su conformidad dos tercios de los participantes. Finalmente, la propuesta de autorización de la modificación de la jornada escolar debe ser elaborada por el correspondiente Director Provincial, resolviendo el Director General de Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación.

«En definitiva, en su momento, parecía existir cierto consenso en la oportunidad de que los centros educativos, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, pudieran optar por la modalidad de jornada escolar continua o partida que mejor se adaptara al contexto socio-cultural del entorno y que permitiera implantar sus proyectos de innovación educativa, así como contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar; si bien bajo el principio de participación democrática, garantizándose la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la toma de la decisión», afirma el Común.

De hecho, desde la institución presidida por Tomás Quintana se indica que, en los últimos cursos, se ha continuado tramitando solicitudes de modificación de la jornada escolar, «pero siempre en el mismo sentido, de jornada escolar partida a jornada escolar continua». Es más, a la Consejería de Educación no le consta que se haya registrado solicitud alguna para restablecer el horario partido, «así como que no se percibe una demanda, ni por parte de los centros educativos ni por parte de las familias», según el escrito del Común.

En la misma resolución se deja claro que la Procuraduría de Castilla y León reivindica «lo mejor para el alumnado y para su rendimiento escolar y bienestar personal», por lo que entienden que desde la Consejería de Educación debe de ser «receptiva a las evidencias más actuales que se pongan de manifiesto sobre las ventajas de un tipo u otro de jornada escolar, teniendo como objetivo el rendimiento y el éxito personal de los escolares».

Por todo ello, desde el Procurador del Común reclaman a la Administración educativa un «proceso de evaluación de los modelos de jornada escolar con el objetivo de que, en función del interés prioritario del alumnado, y en consideración a criterios científicos y técnicos autorizados sobre los beneficios e inconvenientes de la jornada escolar partida y la jornada escolar continua, se realicen las adaptaciones normativas que, en su caso, faciliten los cambios que sean oportunos de un tipo de jornada escolar a otro en los centros, manteniéndose para ello los procedimientos que garanticen la debida participación de toda la comunidad autónoma.