El Procurador del Común pide un sistema donde los peatones denuncien a los patinetes en Castilla y León

La utilización de patinetes eléctricos para los desplazamientos personales se ha extendido de tal manera en los últimos años que ha sacudido el concepto de movilidad tradicional de las ciudades y, conscientes no sólo de las ventajas, sino también de los inconvenientes que genera su uso, el Procurador del Común ha pedido a los grandes ayuntamientos de Castilla y León que mejoren sus ordenanzas –o las aprueben «con carácter prioritario» si no las tienen aún– desde varias ópticas, como la concienciación o la vigilancia.

De todas las sugerencias que la institución presidida por Tomás Quintana ha trasladado en las misivas enviadas de oficio a las capitales y a Ponferrada (León), una resulta especialmente controvertida: recomienda a los consistorios la creación de un canal de denuncia ciudadana para que los peatones delaten a quienes circulan en patinete en caso de que cometan una infracción.

«Se recomienda [...] el establecimiento de un canal específico y accesible de denuncia ciudadana para infracciones de VMP (Vehículos de Movilidad Personal) que permita a los peatones, especialmente a los pertenecientes a colectivos vulnerables, comunicar de forma sencilla y efectiva las conductas infractoras observadas», aconseja el conocido como Defensor del Pueblo.

Para poder activar esta opción, el Procurador considera que la herramienta «deberá integrarse en los sistemas de atención ciudadana ya existentes (web municipal, aplicación móvil, servicio 010)» y subraya que tendrá que garantizarse «la tramitación efectiva de las comunicaciones recibidas y la información de retorno al denunciante».

El argumento en el respalda su decisión el Procurador es el incremento de «quejas recibidas en los últimos años» relacionadas con «el uso de vehículos de movilidad personal en el espacio urbano», en especial de patinetes eléctricos. «Las cuestiones planteadas versaban sobre circulación por aceras y espacios peatonales, estacionamiento indebido en la vía pública, velocidad excesiva o inadecuada en determinados entornos, incumplimiento de normas de circulación y seguridad vial, así como situaciones de riesgo para la integridad física de peatones y de los propios usuarios de estos medios de transporte, con especial incidencia en colectivos vulnerables como personas mayores, personas con discapacidad y menores», explica en el expediente.

Así, consciente de que la «proliferación» de patinetes ha generado «nuevos retos» relacionados con la ordenación del tráfico en las ciudades, con la «convivencia en el espacio público» y con la seguridad vial en general, el Procurador solicitó información a los ayuntamientos sobre su regulación municipal, sus mecanismos de control, su estadística sancionadora y la existencia de estudios relacionados con la problemática, a fin de recopilar la información necesaria antes de plasmar sus sugerencias.

Y esa propuesta de crear un canal para alertar de las posibles infracciones cometidas por el conductor de un patinete eléctrico responde, precisamente, a la ingente cifra de denuncias por circular con un vehículo de este tipo por espacios reservados a los viandantes.

Aunque no todos los ayuntamientos detallaron al Procurador en sus informes la causa de las sanciones impuestas –principalmente por carecer de ordenanza municipal propia–, los resultados de las localidades que sí lo hicieron resultan reveladores.

Baste comprobar que el 71% de las 1.441 infracciones contabilizadas por el Ayuntamiento de Burgos entre 2021 y 2025 versa sobre la circulación por aceras o zonas peatonales; que dicho motivo acapara el 41% de las registradas en Valladolid en esa horquilla temporal; que en Palencia representan el 38% y que en Salamanca llegan al 33%.

Además, los datos no sólo evidencian el peso de este tipo de incumplimientos sobre el total registrado en el periodo analizado, sino que también reflejan una evolución creciente. Valladolid, cuyo desglose es más detallado y permite analizar el incremento, ha pasado de 151 expedientes relacionados con patinetes que circulaban por aceras o zonas peatonales en 2021 a 357 en 2025, lo que se traduce en un alza del 136%. Es decir, la infracción de mayor riesgo para los peatones ha crecido más del doble en apenas un lustro.

El registro de denuncias realizadas por los consistorios de los grandes núcleos de población de la Comunidad lo continúa, en orden de importancia, la circulación con más de un ocupante, saltarse semáforos en rojo y conducir utilizando el móvil o unos auriculares, aunque hay más causas: conducir bajo el influjo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o conducción negligente, no disponer de los elementos mínimos de señalización, no respetar las señales, no usar casco o no obedecer las órdenes de un agente de la Policía.

Pero la interposición de sanciones no está surtiendo efecto, a juicio de Procurador. «La mera reacción sancionadora ante las denuncias formuladas resulta insuficiente en ausencia de una planificación preventiva activa y específica, y que las actuaciones de control llevadas a cabo no han generado el efecto disuasorio necesario», rubrica Tomás Quintana. Sobre todo en cuanto a la prohibición de que los patinetes circulen por espacios reservados a los peatones, el Común considera que se necesita una «respuesta municipal activa, sistemática y proporcionada a la magnitud del problema acreditado».

Pero faltan efectivos, valora, a tenor de las respuestas ofrecidas por los ayuntamientos. En Valladolid, por ejemplo, considera que el volumen creciente de expedientes y el significativo porcentaje que no se resuelve en el año en curso evidencia una «presión sobre la capacidad operativa y administrativa». Por eso le pide al Ayuntamiento que asigne recursos humanos y materiales específicos para el control de los patinetes.

A los consistorios que ya tienen aprobadas ordenanzas en esta materia el Procurador les pide más difusión y conocimiento efectivo de la normativa (incidiendo, sobre todo, en la edad mínima, en las normas de circulación y en los requisitos administrativos, como el seguro y el registro), más mecanismos de control y vigilancia (con planes anuales para identificar zonas de mayor conflictividad o formación a los agentes), mejoras en los sistemas de registro y estadísticas, desarrollo de programas de educación e información vial para usuarios de patinetes o campañas de protección de colectivos vulnerables. Y a los que aún no la han aprobado, les pide que la impulsen «con carácter prioritario».

Y es que la tendencia en el uso de patinetes eléctricos como medios de movilidad urbana es «ascendente» y, puesto que no se observan visos de reversión, se necesita «una respuesta municipal integral que combine regulación normativa, educación vial, planificación de campañas de control específicas y dotación de recursos adecuados».