El Procurador del Común exige a Sanidad que "preste especial atención a zonas rurales" en el plan de paliativos

Fue en octubre de 2023 cuando la Junta de Castilla y León anunció que estaba ultimando la nueva estrategia de Cuidados Paliativos. Concretamente, era una acción «urgente» ante la falta de atención homogénea que existía entre las nueve provincias de la región tras un plan que llevaba vigente entre el periodo 2017 y 2020. Pero la premura se convirtió en demora, sin haberse actualizado aún el programa por parte de la Consejería de Sanidad, a la que ahora el Procurador del Común reclama su «desarrollo» y «aprobación» con «especial atención a zonas rurales» en un contexto de «progresivo envejecimiento de la población y de incremento de las enfermedades crónicas complejas».

El nuevo expediente publicado por la institución presidida por Tomás Quintana deriva de una actuación de oficio que se decidió iniciar por los «posibles déficits de cobertura en determinadas áreas sanitarias» de la Comunidad, con dificultades por una parte de los pacientes para no recibir este tipo de atención con los sistemas considerados avanzados.

«En particular se señalaba que el aumento de la esperanza de vida en nuestra sociedad (situada en torno a los 84 años), con la consiguiente prevalencia de las enfermedades crónicas no oncológicas como causa de fallecimiento, estaban dando lugar a un aumento significativo de las necesidades de cuidados paliativos, planteando nuevos retos organizativos para el sistema sanitario. Igualmente se advertía de la posible existencia de modelos organizativos diferentes en cada comunidad autónoma e incluso dentro de éstas también en cada provincia, con posibles diferencias en la integración entre las unidades domiciliarias y hospitalarias», recoge el expediente.

Ante esta situación, el Común se dirigió a la Consejería de Sanidad para conocer la coyuntura «real» de los servicios de Cuidados Paliativos en Castilla y León. Y la respuesta fue que aproximadamente 8.632 pacientes requieren cuidados paliativos anualmente, de los cuales unos 4.185 necesitarían atención avanzada, siguiendo los parámetros de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud.

En la misma información también se señala que el registro de pacientes con necesidades paliativas en el sistema de Atención Primaria (MEDORA) ha ido incrementándose año tras año, alcanzando aproximadamente el 60% de los casos estimados.

Ante los diversos incrementos en los cuidados paliativos de la Comunidad, el departamento de Alejandro Vázquez trasladó al Procurador del Común que hay un desarrollo «progresivo» de los equipos específicos para esta materia, existiendo la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios que apoyan a los Equipos de Atención Primaria, Unidades de Hospitalización a Domicilio, Unidades Hospitalarias de Cuidados Paliativos (en hospitales generales) y camas de hospitalización de media estancia en otros centros.

Con los datos aportados por la Consejería de Sanidad, desde el organismo presidido por Tomás Quintana se considera que ponen de manifiesto «la magnitud de las necesidades existencial en esta materia, especialmente en una Comunidad como la nuestra, con unas características demográficas (elevada tasa de envejecimiento) y territoriales (considerable dispersión territorial) relevantes desde el punto de vista de la planificación de recursos».

«Ahora bien, la propia Administración sanitaria reconoce que los sistemas de información disponibles todavía no permiten registrar de forma homogénea toda la actividad paliativa desarrollada en los distintos niveles asistenciales, lo que puede generar una infraestimación de la cobertura real de estos cuidados o dificultar una evaluación precisa de la cobertura efectiva de estos servicios», recoge el expediente publicado por el Defensor del Pueblo.

En consecuencia, para el Común se pone de relieve la «necesidad» de continuar avanzando en el desarrollo de sistemas de información que permitan identificar «con mayor precisión» a las personas con necesidades paliativas y realizar un «seguimiento adecuado» de su atención, «ya que la disponibilidad de información fiable constituye un elemento esencial para la planificación de los recursos sanitarios y para la evaluación de la calidad de la prestación prestada».

«En este sentido, la correcta identificación de las necesidades asistenciales constituye un requisito indispensable para garantizar la equidad en el acceso a los cuidados paliativos y evitar que determinados colectivos o territorios queden insuficientemente atendidos», remarcan.

Esta problemática, según se apunta en el mismo escrito, ya fue puesta en consideración por el Defensor del Pueblo Andaluz, que elaboró un informe especial titulado Morir en Andalucía. Dignidad y derechos, en el que se concluyó que «el sistema no llega a todos aquellos que lo necesitan, lo que provoca que muchos pacientes que serían tributarios de cuidados paliativos fallezcan sin llegar a recibirlos».

Sin nueva estrategia

Conviene recordar que la Consejería de Sanidad tenía prevista en el año 2024 incorporar la nueva Estrategia de Cuidados Paliativos, orientada a reforzar el modelo asistencial existente, mejorar los sistemas de información y registro, homogeneizar los dispositivos asistenciales y reforzar la atención en las zonas con menor cobertura o mayores necesidades. No obstante, sigue pendiente. «Pese a constituir una oportunidad relevante para avanzar en la consolidación de un sistema de cuidados paliativos que garantice una atención integral, coordinada y equitativa a todas las personas con enfermedades avanzadas en el ámbito de Castilla y León, no tenemos constancia de que haya sido aprobada hasta el momento», reflejan desde el Común al respecto.

Por ello, se insiste a la Consejería de Sanidad en desarrollar dicha estrategia «a fin de conseguir homogeneizar dispositivos, reforzar la atención en zonas con menor cobertura y mejorar los sistemas de información y coordinación».

Y es que, según recuerda el Común, tanto el Defensor del pueblo estatal como el Ararteko coinciden en situar la relevancia los cuidados paliativos, «consideraciones que resultan especialmente relevantes en el caso de Castilla y León» por su «elevado número de municipios de pequeño tamaño y la dispersión geográfica de la población». A este respecto, también el Síndic de Greuges de Cataluña señala que la organización de los cuidados paliativos debe orientarse a garantizar el respeto a la voluntad de la personas enferma.

Por todo ello, el Procurador del Común pide a Sanidad adoptar las «medidas necesarias para mejorar los sistemas de información sanitaria relativos a la identificación y seguimiento de las personas con necesidades de cuidados paliativas»; que impulse «el desarrollo y la aprobación de la nueva Estrategia de Cuidados Paliativos de Castilla y León», con su respectiva planificación detallada de recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una cobertura suficiente y equitativa; reforzar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales implicados en la atención paliativa; y prestar «especial atención» a las zonas rurales o con mayor dispersión poblacional reforzando los recursos destinados a la atención paliativa domiciliaria y a los equipos de soporte especializados.