UGT denuncia a la Junta por no adaptar las titulaciones a unos 20.000 trabajadores públicos en Castilla y León

La Unión General de Trabajadores (UGT) denunció a la Junta, con una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), por el incumplimiento, firmado en convenio colectivo de personal laboral, de no adaptar las titulaciones a entre 15.000 y 20.000 trabajadores públicos, a los que “exige más de lo que les paga”.

“La Junta lo reconoce, lo firma en sus acuerdos, pero no lo cumple. Exige una titulación para entrar y luego paga por debajo. Se va a atrasando y pasan lo años y habrá gente que se jubile habiendo trabajado toda la vida como técnico superior y cobrado como auxiliar. Pues nada, nos vamos a los juzgados y que decida un juez”, sentenció el secretario general UGT Servicios Públicos en la Comunidad, Tomás Pérez, quien trasladó el pésame a los familiares del accidente ferroviario en Córdoba y deseó la pronta recuperación de los heridos.

A su juicio, el sindicato acusó a la Junta a “negarse a aplicar la reclasificación profesional que los técnicos reivindican desde hace dos décadas”, y que afecta a técnicos de Educación Infantil, agentes medioambientales y sanitarios, en general, en los que “se han ahorrado mucho dinero” en los últimos 20 años. Como ejemplo, señaló que a una persona que “haga radiografías se le exige un título superior, pero se la paga como un auxiliar”, informa Ical.

En este sentido, la secretaria del Sector de Sanidad UGT en la Comunidad, Rosa López, defendió, en declaraciones recogidas por Ical, que no se trata de una “subida salarial, sino un reconocimiento adaptado a la normativa vigente, que debería tener un reflejo en la reclasificación del personal estatutario”. En materia sanitaria, en concreto, los técnicos superiores deberían entrar en el Grupo B y los TCAEs “deberían pasar de C2 a C1”. Ambos están clasificados en grupos profesionales inferiores a la “responsabilidad que se les exige”.

Así, un trabajador que pase del C1 a B1, percibirá 50 euros más al mes, hasta 240 euros brutos, más 600 euros anuales por trienios en estos años. Los que ascienden de grupo C2 al C1, cobrarán unos 145 euros más mensuales, además de otros 600 más al año por trienio.

López apuntó que en el acuerdo marco, firmado en 2022, “se obligaba a las administraciones autonómicas a llevar a cabo esta reclasificación y compensar a profesionales que llevan años con un agravio retributivo e injustificado”, algo que solo los representantes sindicales, dijo, “pueden negociar”.

En la misma línea se posicionó la secretaria de IA y Transporte Sanitario del sindicato, Marta Vián, quien pidió a la Consejería de Sanidad que cree la plaza de técnicos de emergencias, que “entrarían en la cruzada, pero es la mejora manera de iniciar un camino en la sanidad pública, donde las condiciones de estos trabajadores pueda estar protegida”.

“Se trata de situar a la gente donde tienen que estar, que se les ubique en las plazas con la formación que se les ha exigido para poder entrar en ellas. Pero a la Junta le cuesta mucho dinero. Pedimos coherencia, porque lo han reconocido”, manifestó.

Por último, el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social de UGT SP Castilla y León, Carlos Arenas, centró su intervención en el convenio del personal laboral, aunque por la misma situación, la ausencia de la reclasificación personal. “Hemos comenzado los trámites para presentar una demanda ante el Serla para después acudir a los tribunales”, avanzó, para explicar que cuando se suscribió el convenio colectivo para los 15.000 trabajadores laborales en 2023, uno de los puntos era esta adaptación a las titulaciones, en base al Plan Bolonia. Esa adaptación, informó, se ha acometido con 10.000 de esos 15.000, pero “ahora mismo afecta a los otros 5.000”, a los que ya se les tenía que haber aplicado esta adaptación el 1 de enero de 2025.

Acusó a la Consejería de la Presidencia de negarse incluso a reunirse con UGT, ya que el último encuentro se produjo antes de verano. “Los trabajadores siguen esperando su reconocimiento adecuado y la Junta hace caso omiso”, reprochó Arenas, quien anunció que esta misma semana se presenta la demanda ante el Serla y a continuación ante el TSJ, a la que se adhieren los otros dos sindicatos firmantes del convenio e invitó a los no firmantes a sumarse. Para esta categoría, dijo, puede tener un coste aproximado de entre unos diez y 15 millones de euros al año, que “dentro de los presupuestos de la Junta es una minucia, en comparación con otros gastos suntuosos”.