Diario de Castilla y León

TURISMO RURAL

El turismo rural alerta de la "amenaza" de la expansión de Airbnb en los pueblos de Castilla y León

Las asociaciones exigen a las administraciones "un marco normativo sólido que frene la expansión descontrolada de viviendas turísticas en los pueblos"

Turismo rural en Castilla y León

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La Red Española de Turismo Rural se ha reunido estos días en la Feria de INTUR en Valladolid para expresar su preocupación ante la estrategia de expansión de Airbnb en los pueblos y territorios rurales de España. 

La Red de Turismo Rural ve la proliferación de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos como una amenaza concreta para el modelo de turismo rural que ha estado presente en los pueblos durante varios decenios. "Lo que pretenden es transformar las viviendas rurales en alojamientos vacacionales". Este modelo, como se menciona, se compone de alojamientos regulados y administrados por residentes de la zona, quienes generan empleo en la comunidad y contribuyen a sostener la economía en áreas donde cada negocio tiene un significativo impacto.

Luis Chico, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castilla y León, confirma que una de las seis finalidades de la Asociación es poner fin a la despoblación rural. La cual están intentando combatir a través de la economía circular que el turismo rural conlleva porque "es gestionado por personas que residen en el territorio y que contribuyen al desarrollo local". Es decir, el turismo rural es un modelo "sostenible y profesional". 

Sin embargo este objetivo se está complicando debido a la aparición de estas grandes plataformas de búsqueda que "rompen el vínculo entre el alojamiento y la comunidad".

La Red opina que la aproximación de Airbnb no constituye una oportunidad, sino que, por el contrario, se erige como un desafío estructural para el avance sostenible de las áreas rurales. La Asociación expresa su preocupación de que el crecimiento de alojamientos destinados al turismo pueda generar un incremento en la especulación y una disminución del control sobre esta actividad, desvinculándola de la comunidad local y de su propósito social en los pueblos.

"Queremos que se refuerce la inspección porque ya se han echado 65.000 alojamiento por ilegalidad y esto va a traer consigo un problema muy grande", recalca. Uno de estos problemas puede acarrear la subida de los precios, la especulación y un problema de vivienda que "ya existe en el mundo rural".

Desde la Asociación se destaca que esta área ha sido fundamental para asentar la población, preservar el patrimonio y mantener viva la identidad cultural en numerosas comarcas. "El turismo rural no puede quedar en manos de operadores externos que no tienen arraigo en los territorios". 

Esta adversidad se suma a otras tantas como la dificultad estructural, lo que derivaría en "pasar de un modelo de microemprendimiento familiar a uno controlado por capital especulativo sin vínculo con el territorio ni compromiso con el desarrollo".

Con el fin de prevenir desigualdades entre los distintos operadores, la Red Española de Turismo Rural exige una normativa que sea clara, uniforme y rigurosa en todas las comunidades autónomas. Afirman que esta es la única manera de asegurar condiciones equitativas, proteger al viajero y salvaguardar el medio ambiente. "Los que verdaderamente defendemos el mundo rural y, por consiguiente, el turismo rural, somos nosotros", reafirmó. 

También, asegura que lo que piden es "garantizar la igualdad de condiciones para todos, que haya competencia y un marco común". Además, a su justificación lo acompaña diciendo que "la esencia del turismo rural vela por la calidad y la atención personalizada". "Queremos que el cliente sea dueño de su propio tiempo". Lo que en consiguiente Airbnb, o todas estas plataformas de características similares, no pueden ofrecer porque "ponen un cajetín para que el cliente llegue y coja las llaves, sin una atención previa".

De la misma manera, solicitan a las autoridades que fortalezcan la supervisión, la tributación y el monitoreo de las plataformas digitales. Esto tiene como finalidad prevenir conductas inapropiadas y garantizar que la actividad turística se realice con seguridad.

"Defendemos una regularización clara, homogénea y exigente que garantice la igualdad de condiciones para todos los operadores turísticos. Porque si solo se pone el foco en estos buscadores turísticos habrá una fuga de capital constante", advierte Luis. 

En ventaja, las asociaciones cuentan con una autofinanciación. Lo que quiere decir que pagan impuestos, cotizan en la seguridad social, son autónomos y "emplean y reinvierten en el territorio nacional". Lo que por el contrario, en Airbnb, Booking, etc. son "fondos de inversión gestionados por gente que no conocemos". 

Otro de los llamamientos a las administraciones es legalizar la opacidad, procedencia y la irregularidad que tienen estas aplicaciones. "La seguridad está en la transparencia y la calidad", afirma defendiendo que "no se acogen a la normativa nacional y produce un deterioro del mundo rural". 

La Red demanda el incremento de campañas de promoción y sensibilización dirigidas al turismo rural genuino, que pongan de relieve la importancia social, económica y ambiental de los alojamientos regularizados. Subrayan que este modelo turístico promueve la creación de empleo sostenible, activa la economía local y ayuda a fomentar la cohesión territorial.

Las organizaciones de la Red realizan un último llamado para establecer un marco legislativo robusto que limite el crecimiento desmedido de alojamientos turísticos en las localidades y resguarde el turismo rural que es auténtico, regulado y estrechamente vinculado al entorno. No creen en "la apuesta por modelos especulativos y deslocalizados que serían un error estratégico difícil de revertir. El turismo rural necesita estabilidad para seguir siendo un motor de vida y oportunidades en nuestros pueblos", concluyeron. 

Por estos motivos, las asociaciones rurales sostienen que "hay que defender el turismo rural frente a las amenazas externas de un modelo que no es sostenible". Y de la misma manera "concienciar a la población de los problemas que tiene lo que se desconoce y dejar a un lado la comodidad". 

En definitiva, estas asociaciones aseguran que un "turismo rural regulado genera empleo, fija población dinámica y potencia los destinos, preserva la identidad cultural y contribuye a la cohesión territorial". 

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