Castilla y León refuerza el liderazgo de la resolución de ayudas a la dependencia

Castilla y León refuerza su liderazgo en la resolución de ayudas a la dependencia con una espera media de 113 días, lo que la coloca en primer lugar de la tabla nacional. Supone 229 días menos –o lo que es lo mismo, esperar siete meses y medio menos– que la media de España, donde saber si le conceden a uno, o no, una de estas prestaciones supone mantener la inquietud durante casi un año, exactamente 342 días.

En un tiempo tres veces menor que el conjunto del Estado resuelve los expedientes Castilla y León. Esos 113 días de media suponen cinco menos que a finales del año 2024, según los datos hechos públicos ayer en el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con datos oficiales correspondientes al primer semestre del año en curso.

Además, supone estar por debajo del plazo que determina la normativa, que establece como máximo 180 días para alcanzar una resolución. Eso sí, solo cuatro comunidades autónomas en el territorio nacional están por debajo de ese plazo. Además de Castilla y León son País Vasco (129 días), Aragón (163) y Castilla-La Mancha (176).

La cifra total de personas a la espera de una prestación por dependencia en Castilla y León a 30 de junio de este año era de 9.326 personas, el 3,25% del total nacional, que se eleva a 286.861. La cifra supone un reflejo de buena gestión de las ayudas, ya que la Comunidad acoge casi el 5% de la población española (4,97% a 1 de enero de 2024), y cabría esperar que, por causa del mayor envejecimiento de la población respecto a otros territorios del país, el porcentaje de espera fuera mayor a esa cifra. Sin embargo es menor en 1,72 puntos.

Por otro lado, el número de personas en lista de espera coloca a Castilla y León en el octavo lugar de la tabla, cuando ocupa el sexto por población. Otras autonomías con una población parecida, ligeramente menor, duplican o triplican esa cifra de ciudadanos en lista de espera, como Canarias, que suma 28.867, o País Vasco, con 14.035.

En cuanto a la evolución de personas dependientes, Castilla y León es la cuarta autonomía con menor crecimiento, solo un 0,7% frente a una media nacional del 3,2%. La comunidad que más crece en este registro es Canarias, con un 17,5%, seguida de Galicia, con un 8,6%.

En la evolución del tiempo de espera medio, Castilla y León está entre las comunidades que redujeron el número de días, con cinco menos, si bien otras comunidades, que venían de peores números, redujeron muchos más, si bien no han logrado alcanzar a Castilla y León, en muchos casos ni de lejos.

Como ejemplo, Canarias logra reducir en 40 días su tiempo de espera medio respecto al pasado 31 de diciembre, y sin embargo lo tiene en 521 días, más del cuádruple que Castilla y León y muy por encima de la media nacional. O Galicia, que logra reducir en 25 días su espera media pero aun así se sitúa en 361. Andalucía reduce su espera en 28 días, pero su espera se prolonga la que más, 574 días, lo que se traduce en 19 meses para resolver si a un ciudadano le conceden, o no, y por cuánto importe, una prestación para la dependencia.

Así, según la agilidad en la gestión de los expedientes, en unas regiones la lista de espera aumenta y en otras disminuye. Castilla y León ocupa el segundo lugar entre las que más disminuye, con un 20,6% menos el 30 de junio de 2025 que el 31 de diciembre de 2024, solo por debajo de Galicia, que logró reducir su lista de espera un 26,6%, aunque todavía registra ese peor número en cuanto a duración de la espera.

Marco nacional

En la media nacional, sin embargo, esa lista de espera no solo no bajó, sino que creció un 6,1%. Las comunidades donde más repuntó esa lista fueron Cantabria, con un 64% más –aunque con muy pocas personas, un total de 917–, y Castilla–La Mancha, con un 63,4% más –hasta sumar 8.949–.

La peor realidad que refleja el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia del primer semestre del año es el de las personas dependientes con derecho reconocido pero no atendidas. En este registro Castilla y León es la quinta con menor número de personas que están esperando algún tipo de trámite en términos porcentuales, el 5,8%.

Por debajo de Castilla y León están Navarra, con el 2%, seguida de Cantabria y Galicia, con el 2,2% ambas, y Madrid, con el 5,4%. Nueve comunidades autónomas superan los dos dígitos, con Canarias a la cabeza, donde el 37,8% de los solicitantes permanecen a la espera seguida de Murcia, con el 21,9% y Cataluña, con el 19,3%.

Con los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, a final de junio de 2025, de esas 286.861 personas en listas de espera en el conjunto nacional, 136.009 permanecían a la esperan de valoración, 123.857 a la espera de que se les elabore el PIA (el reconocimiento de la prestación o servicio que les corresponde) y otras 26.995 personas que se les ha aprobado el PIA, pero están esperando recibir la prestación o servicio que establece ese PIA.

Según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, a 30 de junio había en España 1.689.695 personas en situación de dependencia reconocida (52.928 más que en 2024) y otras 136.009 pendientes de valoración (8.130 más que en 2024). «Significa que el 3,5% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria», detalla el documento.

En cuanto al perfil de las personas beneficiarias de prestación, casi dos tercios son mujeres (62%) y un tercio (38%) son hombres. Tres de cada cuatro de las personas dependientes reconocidas tienen más de 65 años y las mayores de 80 son el 53% del total. En cuanto a las personas desatendidas, alrededor del 45% (unas 55.318, sin contar las personas con resolución de PIA y prestación no efectiva,) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.

En lo que va de 2025, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado en 8.406 personas. A finales de junio de 2025, un total de 150.852 personas se encontraban en el limbo de la dependencia, el 8,9% de las personas con derecho (0,2 puntos más que en 2024). La desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanzaba a 286.861 personas, 16.536 más que en 2024.

Uno de los aspectos más dramáticos de la dependencia son las personas que mueren a al espera de una prestación. En los cinco primeros meses del año en curso, 2025, fallecieron 8.004 personas en la lista de espera de la dependencia, 3.960 de ellas pendientes de resolución de grado de dependencia y 4.044 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Esto supone que cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera.

Personas cuidadoras

En el primer semestre de 2025 había reconocidas 680.153 personas cuidadoras, de las cuales el 72,5% son mujeres y el 27,5 % son hombres, porcentajes sin apenas variación respecto de 2024. El perfil de la persona cuidadora familiar en cuanto a edad y parentesco es el siguiente: el 27,6% tiene de 16 a 49 años; el 47,6% de 50 a 66 años; el 17,6% de 67 a 79 años; el 6,3% de 80 a 89 años y el 0,9% 90 años o más.

El 35,9% de las personas cuidadoras es hijo o hija, el 23,2% madres, el 20% cónyuge, el 4,3% hermano o hermana, el 3,3% padre, el 1,7% yerno o nuera, el 1,7% nieto o nieta y el 10% otras personas. Los datos, sin apenas variación, vuelven a evidenciar que el papel de cuidadora recae mayoritariamente sobre las mujeres y es significativo que el 7,2% de las personas cuidadoras tengan más de 80 años.

El informe denuncia que el Gobierno central ha dejado de cumplir el punto 5 del Pacto de Estado por el Sistema de Atención a la Dependencia, referido a la transparencia, pues «no facilita los datos, o los manipula», para ocultar la falta de financiación y o de compromiso con los objetivos del plan de choque.