Castilla y León lidera el repunte de parejas del mismo sexo que se dan el "sí, quiero"

Significativo cambio de tendencia en el número de matrimonios del mismo sexo en Castilla y León en la última década, que se dispara un 217% desde los 56 enlaces celebrados en 2013 hasta los 178 de 2023, último año con datos disponibles en las estadísticas del INE. Desde la entrada en vigor de la Ley de Matrimonio Igualitario en España, de la que se cumplieron 20 años el pasado 3 de julio, y hasta ese ejercicio, la Comunidad acumula 1.541 enlaces entre personas del mismo sexo.

El punto de inflexión en Castilla y León fue 2018, y es en el último lustro cuando la Comunidad experimenta el mayor acelerón. Tanto es así, que si en términos relativos la región se sitúa en tercer lugar en la comparativa de la década, ocupa el primero en los últimos cinco años, pues registra un repunte del 93,48%, de 92 a 178 enlaces, el mayor crecimiento. Todas las autonomías están por detrás.

En la otra cara de la moneda, en el acumulado desde el año 2005, cuando entró en vigor la ley, Castilla y León se sitúa en la segunda mitad de la tabla autonómica, algo por debajo de lo que le correspondería por volumen de población en el conjunto nacional.

Así, esos 1.541 enlaces de personas del mismo sexo colocan a la Comunidad en el undécimo lugar de la tabla, y suponen solo un 2,04% del total de matrimonios igualitarios de España –que sumó 75.561 en el periodo–, cuando alcanza el 4,88% de la población del país (2.399.404 habitantes frente a 49.123.849 a 1 de abril, según el INE).

En consonancia con su población, Cataluña, Madrid y Andalucía se colocan en los primeros puestos, con 15.900, 14.790 y 11.808 enlaces desde aquel 3 de julio de 2005. En los puestos de cola están La Rioja, Cantabria y Navarra con 325, 647 y 718 respectivamente.

La presidenta de Fundación Triángulo en Castilla y León, Yolanda Rodríguez, asegura que la defensa de la Ley de Matrimonio Igualitario está, 20 años después, "más vigente que nunca". El aniversario "es todo un hito en una ley que cambió radicalmente los derechos para las personas LGBTI en nuestro país", remarca.

"Las más de 75.000 uniones de parejas del mismo sexo en este periodo han normalizado una realidad y ha dotado de derechos no solo a gente más joven, sino sobre todo a personas que llevaban muchísimo tiempo con relaciones estables similares al matrimonio y que, sin embargo, no tenían ningún derecho asociado a esa unión y ahora sí lo tienen", explica la activista LGBTI.

Por otro lado, aunque en su día "hubo muchas voces en contra", ahora "creemos que es una situación irreversible, que esta ley no se puede derogar y que si se derogase o se intentase modificar para quitar derechos a las personas LGBTI, habría una contestación muy fuerte por una gran mayoría de la sociedad", apunta Rodríguez.

Tercer país

"España fue el tercer país en aprobar esta ley y el primero en el mundo que aprobó las adopciones asociadas a este conglomerado de derechos que supone tener una unión que se llame matrimonio", recuerda la presidenta de la Fundación Triángulo. Por ello "esta ley que aprobó España en 2005 fue un referente no solo en otros países europeos, sino también en muchos países de Latinoamérica e incluso últimamente de Asia".

"Abrió puertas y el mundo entero vio que era posible y que además ni descabalaba la sociedad ni eliminaba a la familia, sino todo el contrario, que refuerza los vínculos familiares entre personas", subraya Yolanda Rodríguez.

Sin embargo, considera que aún es necesario mantener viva la reivindicación: "Una cosa es que se haya conquistado una serie de derechos y que no solo en esta Ley de 2005, sino en todas las leyes posteriores que ha habido de igualdad de trato, la llamada Ley Trans, que es una ley integral para las personas LGBT y las personas trans. Todo eso nos ha hecho avanzar". Son pasos que se han conseguido muchos años después de la Ley de Matrimonio Igualitario. "Eso lo que implica es que, efectivamente, sigue siendo necesario hacer mucha labor de pedagogía y, sobre todo, desarrollar las leyes que están en vigor".

En ese punto, Rodríguez critica que en Castilla y León está pendiente de elaboración una ley que desarrolle y garantice los derechos de las personas LGTBI: "En todas las comunidades autónomas, menos Castilla y León, hay una ley al respecto. Ahí, seguimos teniendo que luchar porque se deriven esa serie de servicios públicos destinados a las personas LGTBI que están sobre el papel, pero que a veces no tienen un desarrollo real".

Y es que, apunta, "no se tiene en cuenta la diversidad sexual o la identidad de género en ninguno de los ámbitos de intervención social para los cuales tenemos las competencias transferidas. En educación no hay planes de atención a la diversidad sexual y de género en las aulas. No hay planes de atención y de seguimiento de las necesidades de los niños y niñas trans o, por ejemplo, no hay planes de prevención de la LGTBI-fobia. Es un desierto en el ámbito educativo, y en el sanitario igual", lamenta.