El Común dice a Sanidad que no puede prohibir el acceso con patinetes si no lo regula

La Consejería de Sanidad –o cada gerencia regional–, tendrá que articular una normativa si quiere restringir el acceso a centros sanitarios con vehículos de movilidad personal (VMP), es decir, con patinetes eléctricos, después de que un ciudadano elevase una queja porque le habían denegado el paso en un centro de salud de Ponferrada –pese a que lo llevaba plegado, alegó– y el Procurador del Común haya constatado que no existe un marco jurídico que ampare esa negativa y que, por tanto, ante el vacío legal no se puede prohibir la entrada.

Analizada la reclamación y estudiada la respuesta ofrecida por el departamento del consejero Alejandro Vázquez, la institución conocida como el defensor del pueblo determina que resulta necesario «conciliar todos los intereses», pues entiende que puede haber riesgos si alguien entra en dependencias sanitarias con un patinete pero, a pesar de que deba «prevalecer el carácter asistencial y la seguridad de los pacientes y trabajadores [...] no existe una normativa que justifique la prohibición de acceder a un centro sanitario con un vehículo de movilidad personal».

Por eso, pide a Sanidad que regule cuanto antes las condiciones de acceso de los patinetes, donde se establezcan «todas las restricciones que considere necesarias» o prohibiciones que motiven la decisión y, mientras, «adopte a la mayor urgencia por parte de los correspondientes centros de salud u hospitales una política clara respecto la eventual admisión en sus dependencias de los patinetes eléctricos.

«Puesto que actualmente no existe una regulación que prohíba el acceso con patinetes eléctricos a los centros sanitarios de Castilla y León, consideramos que mientras no se apruebe la normativa a la que hace referencia la Consejería de Sanidad en su informe [en alusión a uno que cita en su alegato en respuesta al paciente que se quejó], no hay una justificación legal que impida el acceso a estos centros con patinetes eléctricos y por lo tanto deberían adoptarse con la mayor urgencia, a nivel de cada centro de salud u hospital, o a través de las Gerencias de Asistencia Sanitaria, una política específica que prohíba o limite el uso de los VMP dentro de sus instalaciones», remarca el Procurador del Común en su resolución.

A su juicio, explica Quintana tras analizar la documentación aportada por ambas partes, resulta «llamativo» que la Consejería de Sanidad argumente una serie de razones para justificar la prohibición de entrada, pero luego no las traslade a un marco jurídico para evitar situaciones como la ocurrida en el centro de salud Ponferrada II. Entre las razones que esgrime el departamento de Alejandro Vázquez destacan que las baterías pueden sobrecargarse y explotar si no se hace un uso adecuado, o que pueden provocar interferencias en los aparatos médicos y estos pueden verse afectados.

Por eso, aunque el Procurador del Común valora positivamente que la Administración sanitaria regional esté considerando «proponer una norma o instrucción para los vehículos de estas características de cara a que no haya acceso a los centros de asistencia sanitaria», lo cierto es que aún no se ha desarrollado, como sí se ha hecho en otros entornos, por ejemplo en el transporte.

El defensor del pueblo tiene claro que el uso de los patinetes eléctricos «se está extendiendo cada vez entre la sociedad» como «alternativa» de «movilidad sostenible» y no se debe obviar esta «nueva realidad». Sobre todo porque es la elección de «muchas personas, especialmente jóvenes». «Aunque es innegable que estos vehículos ofrecen una solución cómoda y ágil para trayectos cortos y medianos [...] también es evidente que ante su proliferación sigue habiendo muchas incógnitas», dice.

Por eso el Común considera que la solución tiene que pasar por «adaptarse», ya que se trata de dispositivos que facilitan los desplazamientos, y no sólo a los pacientes, sino de los propios trabajadores de los centros sanitarios.

Así, la institución dirigida por Tomás Quintana recomienda a la Junta de Castilla y León que lleve a cabo campañas informativas que ayuden a la población a «comprender la importancia» de no acceder con este tipo de vehículos a dependencias sanitarias y, en paralelo, pide a la Administración autonómica que promueva la instalación de sistemas en el exterior para que los usuarios puedan aparcar los patinetes en un lugar cercano y en condiciones de seguridad.