PSOE y Mixto urgen renovar el Consultivo pero el PP responde que no está en situación ilegal

La oposición, en concreto los grupos Socialista y Mixto, urgieron este lunes la renovación de los miembros del Consejo Consultivo de Castilla y León y el PP replicó que se abordará, sin dar una fecha, a la vez que defendió que no están en una situación ilegal, que la institución “goza de buena salud” y realiza su trabajo de manera satisfactoria.

Después de la presentación de la Memoria de 2024 por el presidente de esta institución consultiva de la Comunidad, Agustín Sánchez de Vega, tanto el socialista Luis Briones como el parlamentario Francisco Igea (Grupo Mixto) tildaron de “inexplicable” que los consejeros del Consultivo sigan en funciones por la falta de acuerdo, en una denuncia que se trasladó también en el pasado pleno cuando compareció el Procurador del Común, ya que los miembros de todas las instituciones propias tienen sus mandatos caducados, informa Ical.

“Es imperativo que se denuncie un mandato caducado, aunque sea legal”, argumentó Briones, si bien extendió la mano para que se produzca la renovación. En la misma línea, Igea pidió a sus miembros que dejen de ser “sujetos pasivos” y hagan “algo más” para no seguir en funciones.

A ello replicó después el popular Miguel Ángel García Nieto que valoró el trabajo de la institución aunque sus miembros estén en funciones, lo que también compartieron el resto de los portavoces intervinientes ya que todos elogiaron la calidad de los dictámenes que emite esta institución de control de la legalidad.

“Somos sujetos pasivos cuando nos preguntan si nos van a renovar y muy activos en el ejercicio de nuestras funciones, la prórroga está prevista literalmente en la ley”, argumentó Sánchez de Vega tras escuchar a Briones e Igea. “Otra cosa es el fin del mandato y otra el fin de la función”, aclaró, tras recordar que se necesita un acuerdo de tres quintos de los procuradores.

Imperativo y respeto

En su turno, el socialista Luis Briones, que respaldó el acierto y la utilidad de la institución desde su creación, lamentó que la renovación no se produzca en “tiempo y forma”, calificó de “inexplicable” la posición del Partido Popular y tildó de “imperativo” que se denuncie un “mandato caducado”, aunque sea legal, si bien extendió la mano para que se produzca.

No obstante, valoró que se mantiene la actividad de la institución propia, recordó que el Consejo ha instado a la Junta a resolver los asuntos de responsabilidad en el ámbito sanitario y lamentó el escaso número de anteproyectos de ley dictaminados -tres en 2024-, donde subrayó el uso de proposiciones de ley por los antes grupos que sostenían al Gobierno.

“Observamos con enorme preocupación como este Gobierno” acude las proposiciones de ley, indicó Briones, que se refirió a la ruptura de la unanimidad en los dictámenes en el caso del recurso contra la ley de amnistía, donde el Grupo Popular se identificó con el voto particular al “no existir quiebra de la constitucionalidad”.

También, llamó la atención del bajo número de dictámenes normativo por la escasa actividad de proyectos por parte de la Junta, entre los que se refirió a la ausencia de los presupuestos, y evidenció que no se recogiera la observación de crear por ley la Autoridad contra la corrupción.

Poco antes, Francisco Igea recordó que se prolonga la vida de los miembros del Consultivo, que están en funciones, pidió que dejen de ser “sujeto pasivo” ante la renovación e ironizó con que ésta se produzca antes de la siguiente incorporación de un miembro nato, en referencia al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

“Espero que hagan algo más que esperar a que se les renueve, las instituciones merecen un respeto, entiendo que a veces es más fácil estar callado que decir algo, pero todos tenemos nuestra responsabilidad”, argumentó.

Se abordará

El popular Miguel Ángel García Nieto, que reconoció “el buen hacer” del presidente del Consultivo, subrayó que el hecho de que el mandato esté cumplido no significa que trabaje de norma ilegal, sino que funciona con normalidad. “La renovación se abordará”, indicó, en referencia al cambio de dirección en el PSOE, sin ir más lejos en la apreciación.

“Con menos somos capaces de hacer más, cumplen con precisión las funciones para las que los dos órganos fueron creados y supone una garantía para las administraciones”, argumentó, para defender la independencia con la que realiza su trabajo.

García Nieto valoró también la calidad de los dictámenes que se emiten y el plazo desde la recepción del expediente, resaltó la transparencia de la institución y destacó la publicación del libro dedicado a los 40 años de autonomía en Castilla y León.

Felicitó el popular al Consejo por avalar que la Junta presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y recordó la función de defensa del Estatuto de Autonomía que tiene encomendada esta institución propia de la Comunidad.

Por su parte, la procuradora de Vox María Luisa Calvo incidió en el peso de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, se refirió a falta de recursos en la labor de la institución y se preguntó cuántas de las observaciones han sido aceptadas para que no sea solo un “escaparate jurídico”.

“Valoramos el trabajo del Consejo pero creemos que su labor se puede mejorar con más medios y más utilidad para los ciudadanos”, concluyó en referencia a que esta institución no es solo para emitir resoluciones normativas.

El sorianista Juan Antonio Palomar calificó de “estable” tanto la cifra de dictámenes como de recursos y se centró en que Soria fue la provincia con menos expedientes, muy por debajo de la media autonómica, lo que estimó que los ciudadanos sorianos están menos representados.

Rapidez en los dictámenes

El Consejo Consultivo de Castilla y León y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales emiten sus dictámenes en 19 y 19,5 días hábiles, respectivamente, lo que en el caso del segundo ofrece una justicia rápida y gratuita que “descongestiona” el poder judicial y genera una confianza a los ciudadanos y las empresas.

En la presentación de la Memoria 2024 de la institución ante la Comisión de la Presidencia de las Cortes, el presidente del Consejo Consultivo, Sánchez de Vega, que calificó el resumen presentado como un acto de transparencia, defendió esos datos frente a los trece meses de demora en los juzgados de lo contencioso administrativo o los 18 meses cuando se trata del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Sánchez de Vega, que recalcó “el éxito” de la unión de la acción consultiva y la contractual, manifestó que solo seis expedientes dirigidos al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl) se elevaron a los tribunales de justicia, lo que supone menos de un tres por ciento del total, que suponían 842 millones en litigio, y menos del 0,5% fueron los estimados.

Además, refrendó la tasa de éxito del Tarccyl en que una cuarta parte de los asuntos presentados fueron resueltos total o parcialmente mientras que el tiempo medio de resolución es de 43,5 días en los tribunales administrativos sobre los 19,5 de este órgano que ejerce una función prejudicial.

De los dictámenes emitidos, incidió en el aval a la Junta para la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y al anteproyecto de medidas que contemplaba la creación de la Autoridad contra la Corrupción, adscrita al Consejo de Cuentas, si bien ahí no se atendió su observación sustantiva de que se aprobará por una ley propia.

Sobre los expedientes de responsabilidad patrimonial, manifestó que se recogen reclamaciones de “la vida diaria de los castellanos y leoneses” al analizar posibles daños por parte de las administraciones en lo que se convierte en “una justicia rápida y cercana”. En este punto, reseñó el expediente por la inoculación por error de una vacuna a un bebé de dos meses que correspondía a una niña de 14 años.

“La voluntad de ofrecer una justicia rápida y gratuita genera confianza”, sostuvo en relación al Tarccyl, adscrito al Consejo Consultivo, mientras que argumentó que en la función de control de la legalidad de las normas que remite la Junta no es solo una función de fiscalización por parte de la institución, sino de colaboración para dar la mayor legalidad y asesoramiento, a lo que unió que se atienden en “una buena parte” las observaciones sustantivas.

Administraciones locales

En el año 2024, el Consejo Consultivo aprobó 531 dictámenes, de ellos 332 (62,52%) proceden de administraciones locales, que superaron a los de la Administración autonómica, con 191 (casi el 36%), y dentro de ésta alrededor del 11,49% (61 consultas) proceden de la Consejería de Sanidad, el 9,60 de presidencia y casi 4 por Educación. De ese montante, el 75% correspondieron a expedientes de responsabilidad patrimonial.

La Memoria recoge que León (104), Valladolid (87) y Salamanca (82) son las provincias en las que más dictámenes se agrupan. Además, existen 58 expedientes que “no pueden provincializarse” al tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, entre otros) o que afectan a varias provincias, así como al conjunto de la Comunidad.

Por materias, el mayor número de dictámenes provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación), al cifrarse en 190, con el 47,29%; seguidos por el ámbito sanitario, con 49; y otros relacionados con los efectos generados por la COVID-19 (perjuicios en el ámbito de la hostelería mayoritariamente), con unos 47.

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2024 se resolvieron 189 recursos, de los que el 60,85% fueron dirigidos frente a contratos de servicios, el 33,33% frente a contratos de suministros y el 4,23% frente a contratos de obras. Así, apuntaron que el principal acto recurrido ha sido el de la adjudicación, con el 46,03%.

En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso destaca, dentro del Gobierno autonómico, la Gerencia Regional de Salud, con 34 actos recurridos (17,99%). No obstante, los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 81 (42,86%).

En cuanto a la procedencia del recurso, la provincia de Valladolid es a la que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido. La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 842 millones de euros en litigio, añadieron.